El ministro de Justicia, Iván Lima, en conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo. | APG
A una semana de la asunción de mando de Luis Arce Catacora y el inicio o prosecusión de casos contra determinados actores políticos de la oposición, que impulsa la justicia, obligó al Gobierno a salir a la palestra para asegurar que estas acciones no son parte de una persecución política. El Ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que se respeta la independencia de poderes, extremo que fue comunicado al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
conferencia de prensa, el titular de Justicia explicó que por encargo del Presidente informa sobre la “plena vigencia del artículo 3 del Código de Procedimiento Penal”, que estaba archivado junto a otras normas.
“Este artículo señala que la justicia debe ser imparcial e independiente, por ningún motivo los órganos estatales ni persona natural ni jurídica interferirán en la sustanciación de un proceso concreto. Ese es el principio que debe regir el accionar de este Gobierno y es la línea de pensamiento que tiene el Ejecutivo”, dijo la autoridad. Sostuvo que esta es una respuesta al Comité Cívico de Santa Cruz que denunció persecución política debido a la aprehensión del abogado Jorge Valda.
En las últimas horas, la detención del legista y su traslado a la Paz alertaron a los cívicos y otros sectores de la sociedad sobre el cambio de timón que mostraron los administradores de justicia con la vuelta al Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) y que en el periodo de transición no dieron celeridad a las demandas contra exautoridades del partido azul, pero que ahora aceleran procesos a los opositores.
“En este caso, caso emblemático, un caso inicial que debe tener una respuesta contundente, no es propio del Órgano Ejecutivo referirse a casos concretos, pero sentimos la necesidad de responderle al país y darle las garantías a fiscales, jueces sobre lo que se entiende por independencia judicial, este artículo 3 había quedado archivado”.
Con engaños
El abogado Valda a través de un video dio a conocer que lo aprendieron el pasado viernes con engaños, por una supuesta conducción peligrosa, para posteriormente reabrir un proceso que fue rechazado por la Fiscalía. Este se refiere a un presunto hecho de “legitimación de ganancias ilícitas”.
“La irracionalidad ha vuelto a nuestra justicia. El día de ayer (viernes) en horas de la noche un conjunto de policías fuertemente armados me detienen cuando cruzaba el puente Urubó, me llevan a la Policía a título de que lo que querían era acusarme de una supuesta conducción peligrosa de vehículo sin ni siquiera realizarme una prueba de alcotest”, explica en el video.
Suficientes elementos
Antes de la conferencia del ministro Lima, el fiscal anticorrupción de La Paz, César Choquehuanca, rechazó los supuestos de persecución judicial o política en contra del abogado Valda al justificar la orden de aprehensión.
Explicó que el Ministerio Público inició una investigación de oficio en base a un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) sobre movimientos bancarios sospechosos en el año 2017.
Mencionó que se detectó compra de bienes inmuebles y vehículos. La UIF no habría encontrado justificativo de estos “movimientos que son cuantiosos”, lo que dio suficientes elementos para un cuadro de legitimación de ganancias.
De acuerdo con el fiscal, el proceso se inició en 2018 y durante este tiempo se investigó hasta concluir con la emisión de una orden de aprehensión.
Último recurso
Sin embargo, el ministro Lima señaló que tiene la convicción sobre el “principio de inocencia” y que lo “normal es que se defienda en libertad” y en casos muy extraordinarios se puede dar “la detención preventiva”.
“Si vamos a utilizar la detención preventiva como la única medida y la respuesta a nuestros problemas, vamos a utilizar el sistema judicial, el sistema penal como una herramienta extorsiva , eso no se puede permitir. El país tiene que volver a recuperar la normalidad y recuperar la normalidad es creer en el principio de inocencia”, dijo.
Detención preventiva
La juez Cuarto de Instrucción en lo Penal de La Paz, Jimena Palacios, dispuso la detención domiciliaria del abogado Jorge Valda en esta urbe, fianza de 100 mil bolivianos y arraigo, por el caso denominado legitimación de ganancias ilícitas.
En la víspera, el Tribunal de Garantías de Santa Cruz declaró cuarto intermedio en la Acción de Libertad interpuesta por la defensa de Valda, por no estar en la capital cruceña. Se decidió el reinicio para esta jornada desde las 9:00.
Coca: Justicia actúa de acuerdo al color político
El abogado constitucionalista Paul Antonjo Coca considera que la independencia de órganos del Estado no es algo que sólo tiene que estar en la Constitución, un norma, un código, sino que debe practicarse. Sobre el accionar de la justicia refirió que ésta se acomoda al color político que impera.
“Con el transcurso de los días se va a ver esto, en la vida práctica la independencia de los órganos del Estado es fundamental, porque es la base de un verdadero Estado de derecho”, dijo.
Respecto a denuncias sobre persecución política, manifestó que es prematuro hablar de ello y que se tiene que evaluar en el transcurso del tiempo la forma de operar de la actual administración de gobierno.
Sobre los procesos identificados como el del abogado Valda, los exministros Murillo, Zamora o el exviceministro Quispe, Issa indicó que lamentablemente los operadores de la justicia adecúan su trabajo según el Gobierno de turno.
“La justicia lamentablemente se ha convertido en la persona de confianza del poder político, porque resulta que cuando estaba Evo Morales la justicia aceleraba los denominados casos políticos, cuando Morales renuncia al cargo, un gobierno diferente al MAS, la justicia tuvo bastante celeridad contra todos los casos que tenían en contra del MAS, y ahora que el MAS ha vuelto al poder, la justicia está bastante acelerada para este tipo de casos”, cuestionó el constitucionalista Coca. Agregó, “lo que vemos en la justicia es una ley del embudo, todos entran, pero solamente los casos políticos son los que la justicia les da celeridad para que salgan, se pone al servicio del color político de turno”.
Aclaró que los ahora opositores al MAS pueden decir persecución política a modo de defensa sobre ilícitos cometidos.