La retardación sigue siendo el peor mal de la justicia boliviana

Ciudadanos peregrinan en busca de justicia, identifican los factores que provoca la retardación de justicia, más de 30 juzgados en La Paz no tiene jueces. A eso se suman las renuncias del personal

Fuente: Unitel

Maria, aún tiene marcas visibles en el cuerpo, de la última golpiza que su exesposo le propinó. Creyó que su angustia concluiría al separarse, sin embargo tiene que dividir su tiempo entre buscar trabajo para solventar a su única hija y en hallar justicia quiere vivir sin miedo. Las marcas de la violencia que vivió son una parte de las pruebas que tiene. A ellas se suman 15 certificados médicos y valoraciones forenses. Pese a que cumple con todos los requisitos, su caso continúa en foja cero.



¿Por qué la mayoría de los abogados se queja de la retardación de justicia?
Todos los días las puertas de juzgados son testigos de miles de personas que piden justicia a gritos. Se registran vigilias y protestas, quieren que los asesinos y ladrones paguen por el daño provocado. Esa espera puede durar hasta cinco años. Los procesos no avanzan.

Según el fiscal de distrito de La Paz, Mario Cossío, el Ministerio Público tampoco tiene los elementos necesarios para poder trabajar, un fiscal de materia recibe por día 10 casos nuevos.

Al menos 5 funcionarios además del juez trabajan en cada juzgado. La gran mayoría son pasantes, es decir personal que no se encuentran en planta y que van rotando. Abogados señalan que muchas veces a la hora de dejar un documento no hay gente que lo reciba y los litigantes deben volver en reiteradas oportunidades hasta conseguir ser atendidos.

A la falta de recursos humanos que existe en la esfera judicial, suman las renuncias. Según información del Consejo de la Magistratura, cada semana, al menos 1 funcionario renuncia a su puesto. Casi todos los desertores lo hacen por la recarga de trabajo y el bajo sueldo que reciben. Esto también es identificado como uno de los factores para la retardación de justicia.

El 3 de mayo de 2019, promulgaron la ley 1173 de abreviación penal. Una norma que apuntaba a acabar con la retardación de la justicia en el país. Ésta norma provocó más críticas que elogios ya que juristas aseguran que una ley no cambiaría la situación. En el país falta infraestructura, tecnología y dinero para contratar personal, estos tres elementos son clave para que la ley cumpla su cometido. Mientras tanto, víctimas deben seguir peregrinando en busca de respuestas.