Joel Hernández aclaró que el grupo de expertos que llegó a Bolivia no buscará la aclaración de las muertes ocurridas en 2019 pues su mandato es cumplir con «un trabajo de coadyuvansa»
Fuente: Unitel
Joel Hernández, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estuvo este martes en entrevista con La Revista de UNITEL y dio detalles del trabajo que va a encarar el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en la investigación sobre los hechos violentos ocurridos el año pasado en Bolivia.
Aclaró que se ha garantizado, de parte del Estado, la plena autonomía e independencia para cumplir con su mandato pero que su labor es de «coadyuvansa» y «cooperación» y que serán las autoridades bolivianas las que determinarán el curso de las investigaciones y las autoridades competentes las sanciones.
– ¿Por qué la CIDH investigará los hechos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre?
La CIDH quiere tener el panorama más completo y ese fue el entendimiento con el que llegamos con el Estado de analizar un periodo amplia de la parte preelectoral, el conflicto electoral y los hechos ocurridos después de las elecciones.
– ¿La CIDH buscará esclarecer las muertes ocurridas en Montero, en Sacaba y en El Alto con el mismo rigor y voluntad, esto porque en Bolivia existe el temor de que no se haga justicia?.
No, no es un trabajo de la CIDH quiero aclarar eso, es ahora un trabajo de coadyuvansa que va a realizar el grupo interdisciplinario de expertos independientes y es un trabajo que consiste en apoyar a las autoridades bolivianas en la investigación y esclarecimiento de estos hechos así como en la elaboración de planes de reparación a las víctimas. En el mandato que tiene el grupo está el examen de todas las violaciones de DDHH ocurridas en ese período.
¿Cuándo el trabajo de la comisión identifique a los culpables, ese resultado será vinculante para la Justicia boliviana?
Las autoridades bolivianas son las competentes para la investigación y sanción. Lo que hace el grupo es prestar su apoyo como coadyuvantes por su asesoría técnica que pueda proporcionar y, muy importante, desde la mirada del derecho internacional de los DDHH, es una cooperación que se está brindando a las autoridades del Estado boliviano y por lo tanto serán las autoridades las que determinen el curso de las investigaciones y las autoridades competentes las sanciones.
Lo que resulta vinculante son las líneas de cooperación que debe haber entre las autoridades bolivianas y el grupo de expertos. Precisamente en el protocolo que se firmó ayer está detallado el mandato del grupo de expertos y el trabajo que van a realizar. En esa está la vinculación del Estado en la de facilitar esa cooperación y en permitir un libre acceso a personas, autoridades, documentos, a las organizaciones de la sociedad civil para que el grupo pueda realizar mejor su mandato de coadyuvansa.
¿Cuánto tiempo durará la investigación, podría explicar qué metodología y si hay un cronograma con etapas definidas?
El mandato que tiene el grupo es de seis meses, es un tiempo que puede ser renovado de común acuerdo de las partes según el avance de las investigaciones. Las atribuciones del grupo consisten en cuatro aspectos principales: elaboración de planes de investigación de actos de violencia cometidas en contra de personas organizaciones y autoridades en Bolivia; un análisis técnico de las líneas de investigación que se vienen desarrollando las autoridades para formular recomendaciones a las autoridades y de esa manera actuar efectivamente como coadyuvante; proponer la adopción de medidas para garantizar la seguridad de quienes participen en las investigaciones; y por último, realizar un análisis técnico con recomendaciones, si es el caso, para que se adopte un plan de atención integral a las víctimas de los hechos investigados.
¿Qué garantías de transparencia dio el Gobierno a la CIDH para que los investigadores puedan hacer su trabajo sin sesgos políticos?
El grupo y la comisión misma ha recibido todas las garantías para que se realice la investigación de manera autónoma e independiente, esto está garantizado por el protocolo firmado ayer (lunes).
– El 12 de diciembre de 2019 el Gobierno de Jeanine Áñez solicitó el envío de una comisión investigadora de la CID, ¿Por qué el trabajo comienza once meses después?
La pandemia vino a poner en pausa todo el trabajo de la comisión. Eso nos afectó mucho, hizo que hubiéramos avanzado más lentamente en la planeación, el mandato del grupo y en la parte logística; es hasta hoy que los expertos puedan estar en terreno en Bolivia y así realmente hasta ahora. Tenía toda la intención de estar en una ceremonia que consideramos histórica, pero no hay las condiciones de viaje para hacerlo. Pero este tiempo fue aprovechado para empezar la negociación del protocolo de actuación y me parece que fue un tiempo bien utilizado porque nos permitió tener un marco normativo muy claro y preciso que no deja dudas sobre el mandato que va a realizar el grupo y las garantías para que así sea.