Al conocerse la victoria en las urnas del MAS, los operadores de justicia en Bolivia empezaron a considerar diferentes acciones interpuestas por los abogados representantes de las exautoridades a fin de que sus clientes asuman su defensa en libertad, denunciaron opositores. Todas las audiencias de las exautoridades extrañamente se desarrollaron en fines de semana por las noches.
Exministros Juan Ramón Quintana, Javier Zavaleta y Héctor Arce. | Agencias
La determinación de levantar algunas órdenes de aprehensión en contra de exautoridades del Movimiento Al Socialismo (MAS) no significa que las demandas y procesos de investigación queden sin efecto. Se conocen al menos 20 casos investigativos contra dirigentes y exautoridades del partido azul que están en curso y siguen abiertos.
Los casos más relevantes que siguen su curso son los de terrorismo, fraude electoral, bloqueos de agosto, estupro, trata y tráfico, corrupción y malversación de fondos. De las anteriores gestiones, están pendientes los casos YPFB, taladros, Fondo Indígena, barcazas chinas, caso empresa de construcciones del Ejército, entre otras.
En los últimos días, autoridades jurisdiccionales anularon mandamientos de apremio en contra de Evo Morales, Héctor Arce, Juan Ramón Quintana y Javier Zavaleta, además de otros dirigentes.
Al conocerse la victoria en las urnas del MAS, los operadores de justicia empezaron a considerar diferentes acciones interpuestas por los abogados representantes de las exautoridades a fin de que sus clientes asuman su defensa en libertad, denunciaron opositores.
El primero en beneficiarse fue el expresidente Morales, con una acción de libertad por el caso terrorismo, debido a errores de procedimiento y que presumiblemente vulneraron su derecho a la defensa, debido a que lo notificaron por edicto, pese a que se conocía que radicaba en Argentina en calidad de refugiado. Sin embargo, la justicia aclaró que este caso no se ha cerrado.
“No es que todo el proceso se anuló, no, simplemente se están subsanando errores de procedimiento y tendría que continuar, porque si bien alguien decía que hay pruebas, eso se mantiene”, informó el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Jorge Quino.
De manera similar, el exministro de Justicia Héctor Arce fue beneficiado con una acción de libertad y se levantó la orden de aprehensión que pesaba contra él. La exautoridad acusada por los delitos de fraude electoral se encuentra refugiada en la Embajada de México.
El fiscal Marco Villa afirmó que el proceso contra los exministros Quintana y Zavaleta no mantienen en pie, al igual que su investigación, a pesar de que se dejaron sin efecto sus órdenes de aprehensión.
“Las órdenes de aprehensión han sido dejadas sin efecto, por lo demás, el proceso sigue en pie”, dijo el fiscal.
Todas las audiencias de las exautoridades extrañamente se desarrollaron en fines de semana por las noches.
Quintana, exministro de la Presidencia, también fue beneficiado con la supresión de la aprehensión. La exautoridad fue imputada por los delitos de financiamiento al terrorismo e instigación pública a delinquir, cuando estalló la crisis social y política de noviembre de 2019.
El extitular de Defensa Javier Zavaleta, en similar situación de asilado, estaba sindicado de un caso de terrorismo, sedición, financiamiento al terrorismo.
El fiscal Villa dijo que, pese a estas decisiones judiciales, “la investigación como tal no se ha alterado” y que se seguirá, de acuerdo con el procedimiento.
Los delitos van desde fraude hasta terrorismo
De acuerdo con el detalle, las exautoridades tienen por lo menos 20 delitos por los que fueron denunciados ante instancias jurisdiccionales. Los casos abiertos son de gestiones pasadas y de esta gestión.
Sobre Evo Morales pesan los presuntos delitos de fraude electoral, terrorismo, estupro, trata y tráfico, violación a los derechos humanos, genocidio, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, atribución de derechos del pueblo, organización criminal, asociación delictuosa, conspiración e instigación pública a delinquir.
El extitular de Justicia Héctor Arce está demandado por consorcio de jueces, fiscales y abogados, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y múltiples hechos de corrupción. Además, por fraude, manipulación informática, uso de instrumento falsificado, manipuleo e impresión de actas, entre otros.
Contra Juan Ramón Quintana, exministro de la Presidencia, pesan los supuestos delitos de terrorismo, instigación pública a delinquir, sedición y financiamiento al terrorismo.
Además, malversación, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y conducta antieconómica.
Al menos cinco denuncias contra los promotores del bloqueo de 12 días, en medio de la pandemia, fueron presentadas por médicos, transportistas, cívicos y el Gobierno.
El expresidente Evo Morales tiene también al menos cinco denuncias en su contra por los delitos de estupro y por trata y tráfico de personas, por presuntamente haber tenido relaciones con menores de edad.
Se manejan los tipos penales de atentado contra la salud pública, terrorismo, genocidio, sedición y delitos conexos.