El programa Buena Noche con una foto referencial de la protesta de los cocaleros, en Sacaba.
Familiares de víctimas de personas que perdieron la vida el 15 de noviembre de 2019 en los enfrentamientos en el sector de Huayllani, en Sacaba, serán escuchados este sábado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
Noemí Choque, esposa de Roberto Sejas, una de las víctimas que perdió la vida en esos hechos violentos en Sacaba, Cochabamba, estuvo hoy en las protestas exigiendo justicia en puertas de la Fiscalía de Sacaba donde se desarrolló la audiencia del general Alfredo Cuéllar, comandante de la guarnición militar de Cochabamba imputado por asesinato.
Noemí fue también entrevistada en Buena Noche de OPINIÓN y contó que el encuentro será en la población de Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba, a las 13:00 horas.
Relató que su esposo murió con un disparo en la cabeza y dejó huérfano a un niño de tres años y sin la protección a su hermano menor de 13 años que vive con ellos.
Recordó que ellos viven en el Chapare y que ese día su pareja asistió a la marcha en la ciudad de Cochabamba. «Era marcha era pacífica. Le llamé a su celular y me dijo que estaban gasificando, que después me llamaría. Fue lo último que me dijo. Luego contestó su celular otra persona y me avisó lo que pasó».
Noemí tardó en llegar unas horas hasta la ciudad debido a los bloqueos. «Llegué a las 12 del mediodía del 16 de noviembre y mi marido siguió vivo hasta las 10 de la mañana hospitalizado en el Viedma».
Dijo que de todos los hechos de violencia son culpables la Policía y la expresidenta Jeanine Áñez del gobierno transitorio. El enfrentamiento sucedió entre grupos afines al Movimiento Al Socialismo, MAS, y fuerzas del orden. Los cocaleros salieron del Trópico de Cochabamba rumbo a la ciudad para protestar tras la renuncia del expresidente Evo Morales, su líder, sobre quién pesaba la sospecha de fraude electoral en los comicios del 20 de octubre de 2019 y luego de desatarse una convulsión social.
Policías y militares impidieron el ingreso de los movimientos sociales en Huayllani, a 12 kilómetros de la ciudad, lugar donde ocurrió la muerte de 12 personas.
Una comisión de la CIDH está en Bolivia para investigar esos sucesos y se reúne con los protagonistas y sobrevivientes.
Noemí dijo que quiere justicia y que rechazó el pago de 50 mil bolivianos que el anterior gobierno dio a los familiares de las víctimas.»Dice que esa cantidad les han dado en Senkata, en El Alto de La Paz, pero nosotros queremos que nos pague un sueldo cada mes«.