Fuente: Página Siete
El gobierno de Luis Arce no ha mostrado hasta ahora un plan económico para salir de la crisis económica que vive el país. Un plan significa una evaluación de la situación de partida, unos objetivos claros, unas líneas de acción que sean coordinadas y complementarias, unos indicadores que midan el avance en el cumplimiento de las medidas que se decida adoptar, etc.
Uno de estos elementos es la intención de aumentar las recaudaciones tributarias, es decir, el aporte privado, a fin de poder solventar las necesidades del Estado. No solo se quiere implementar el Impuesto a las Grandes Fortunas, sino que se ha aprovechado la aprobación del presupuesto del próximo año para ampliar a todo el sistema financiero (agencias de bolsa, fondos de inversión, etc.) el impuesto que se cobra a los bancos como un “aporte adicional” cuando logran utilidades de más del 6% y que equivale a otros 25% de Impuesto a las Utilidades de las Empresas. Además, el repuesto presidente del Servicio de Impuestos, Mario Cazón, ha eliminado todas las concesiones y facilidades impositivas que se habían dado en el periodo de transición.
Esta es la forma concreta en que en este momento se manifiesta el estatismo del presidente Luis Arce y el MAS: se busca apretar todavía más al sector privado, que ya se halla exhausto por 14 años de odio al sector privado y por la pandemia, para seguir pagando una burocracia carísima, que en su mayor parte es improductiva. Lo lógico sería que se buscara un mínimo equilibrio y se disminuyera también los gastos estatales. En lugar de esto, el presupuesto establece para el próximo año un gasto superior al definido por el gobierno anterior.
No solo se trata de una decisión injusta, que pone a los emprendedores a trabajar para los burócratas que hacen poco y reciben buenos sueldos (esto explica que se den grandes peleas por “pegas” en el Estado), sino también se trata de un error en el manejo macroeconómico del país. Hace poco estuve en un foro de la Fundación Pazos Kanki con Juan Antonio Morales, que fue mi profesor de macroeconomía en la universidad. Recordé que una de las lecciones básicas que me enseñó es que en un tiempo de “vacas flacas” no hay que subir los impuestos. Hacerlo es adoptar medidas pro-cíclicas, es decir, favorables a la recesión, en lugar de cumplir la misión que tiene cualquier gobierno en una crisis, que es actuar de forma “contra-cíclica”.
Por otra parte, el oficialismo decidió que el Banco Central entregue un crédito de 500 millones de bolivianos a las empresas del Estado, que además se beneficiarán de un diferimiento de un año en los repagos de su deuda previa con el BCB. Al mismo tiempo, no ha puesto plazo para que estas empresas demuestren que van a poder sobrevivir sin seguir recurriendo a nuestros impuestos. El 70% de las docenas de empresas públicas existentes son inútiles y puramente rentistas; el 30% restante imprescindible para el país. La ceguera ideológica del MAS le hace suponer que las empresas del primer lote también aseguran la soberanía nacional, como las del segundo. En realidad, aquellas solo aseguran la “mamadera” de unos cuantos cientos de empleados públicos, las consultorías de los técnicos que se venden como “salvadores” del desastre y de los comerciantes, muchos de ellos corruptos, que les venden suministros a estas empresas.
Estas malas decisiones nos muestran que en el cerebro de Arce el dogma ideológico se impone sobre el conocimiento y el talento técnico.
Samuel Doria Medina es presidente de Unidad Nacional.