Emilio Martínez Cardona
No se trata de los corsarios y bucaneros imaginados por mi tocayo Salgari: Sandokán, Yáñez y Tremal-Naik, ni del afectado capitán Jack Sparrow de la saga cinematográfica. No son piratas de mar sino de tierra y están por todo el país, aunque alguna leyenda urbana sitúa su guarida principal en grandes talleres de imprenta de El Alto.
Hablamos de los piratas del libro, azote de la industria editorial pero al mismo tiempo, aunque suene herético, benefactores egoístas de la cultura popular.
Tales los sentimientos encontrados que tuve hace un par de días, cuando un amigo me trajo la versión en formato pocket de mi “X2: lo que Unasur no dijo”, originalmente publicado en el 2009 pero al parecer reeditado hace poco por los corsarios de la lectura.
Con esto, serían al menos cuatro de mis títulos los que han sido objeto del paradójico homenaje de la piratería, junto a “El caudillo ilustrado” (2019), “La masacre del Hotel Las Américas” (2009) y “Ciudadano X” (2008), este último el más profusamente reproducido por los asaltantes de la propiedad intelectual.
Su ingenio debe reconocerse: a las seis ediciones formales de “Ciudadano X”, con portadas negra, roja y amarilla, los Sandokanes del libro agregaron una “séptima edición” con tapa dorada, incluyendo en la contratapa un DVD (conteniendo mis entrevistas en televisión, que yo no tenía) y un CD, donde una voz robotizada leía el texto de la obra en su totalidad.
Por supuesto que la competencia desleal de los piratas afecta a los autores, editoriales y libreros, pero creo que su ingenio no debe ser contrarrestado tanto con una improbable coerción o persecución, sino con ingenio liberal, buscando modos inteligentes para que el Estado deje de “desincentivar” al mercado formal del libro.
La eliminación del IVA sobre el libro fue un paso interesante pero insuficiente y pueden encontrarse otras vías adicionales para bajar el peso tributario del sector público, que de manera directa o indirecta encarece las actividades del sector.
Pienso, por ejemplo, en el caso de los centros históricos de las ciudades, en modificaciones a la contribución inmobiliaria, con reducciones significativas que beneficien a las edificaciones donde funcionen librerías, cafés culturales, salas de teatro o galerías de exposición, y que tendrían un efecto positivo sobre el costo de los arrendamientos.
O en una ley de mecenazgo que permita descontar varios puntos del Impuesto a las Utilidades a las empresas que hagan donaciones a la producción literaria o a otras ramas del arte.
Recordemos que el mayor filibustero es el Estado, aunque suela camuflarse de filántropo. Y mientras tanto, no dejemos de visitar periódicamente las narraciones aventureras de Stevenson, Verne, Conrad o Barrie. En ediciones originales, no piratas.