| Los Tiempos
El proyecto de ley que crea el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF) y que es tratado en las Asamblea Legislativa, según analistas, tendrá un efecto más político que económico, porque reforzará la idea de la redistribución de la riqueza; además, apunta a afectar sólo a los “ricos” del sector formal, y no así a los “millonarios” del sector informal.
Además, reiteran que los efectos negativos podrían ser la salida de capitales, fomento de la informalidad y una reducción de la riqueza en el país.
De acuerdo con la norma, las personas con una fortuna acumulada mayor a 30 millones de bolivianos, al 31 de diciembre de cada año, serán tomadas en cuenta en el nuevo tributo que “se constituye en una política redistributiva”.
Las alícuotas son progresivas y van desde el 1,4%, 1,9% y 2,4% en función a la cantidad de la fortuna. De este modo, las personas con una acumulación de 30 a 40 millones de bolivianos pagarán 150 mil bolivianos; las que posean fortunas de 40 a 50 millones pagarán 350 mil, y las que tengan más de 50 millones pagarán 600 mil.
El economista Gonzalo Chávez señala que esta propuesta del Ejecutivo tiene un efecto más político porque manda un mensaje de redistribución de ingreso importante, pero “no creo que tenga repercusiones financieras económicas significativas”.
“Buena parte del empleo, buena parte de la riqueza, buena parte de la economía está en el sector informal y a muchos de estos grupos es muy difícil ubicarlos ,y probablemente son los que en los últimos años han generado mayor riqueza”, señala.
Chávez cree que, en los últimos años, en Bolivia “los nuevos ricos están en el sector informal, probablemente a futuro sería mucho más interesante tener un reforma tributaria global” que incluya a gremiales, cocaleros, etc.
En la misma línea, el economista y exdirector del Banco Central de Bolivia Gabriel Espinoza dice que “estamos hablando de una economía sumamente informal en la que más allá del patrimonio de bienes inmuebles o muebles, que eso es relativamente fácil de registrar, todo el resto del patrimonio en muchos casos no está registrado”.
Agrega que esta norma va a generar un desincentivo a la inversión en las personas que acumulan riqueza y que, normalmente, son las que financian grandes proyectos va tener incentivos a salir del país. “Estamos hablando de apenas 300 millones de bolivianos para tener una idea. Por mes, el Gobierno gasta 3.500 millones de bolivianos en sueldos, o sea que ni si siquiera alcanza a cubrir el 10% de la planilla salarial de un mes y en contraposición, los riesgos son: desincentivar la inversión, salidas de capitales, mayor informalización de la economía”.
Redacción ambigua
Espinoza indica también que es necesario que la redacción de la norma sea precisa para evitar otro tipo de interpretaciones. “En el mismo artículo 5 del proyecto de ley se habla de la riqueza acumulada, patrimonio neto y demás, donde la interpretación del hecho imponible no está cerrada y eso va en contra de cualquier tipo de legislación tributaria porque por definición se debe cerrar, se debe dejar explícitamente limitado cual es el hecho imponible para evitar abusos en el futuro”.
Ven dificultades operativas para hacer el cobro
El economista Gonzalo Chávez identifica otro elemento complejo en este nuevo impuesto y es que “mucha gente que tiene esa cantidad de 30 millones para arriba no tiene su plata en Bolivia y para que podamos contabilizar toda esa riqueza tendríamos que tener acuerdos muy claros con muchos países: Estados Unidos, España, Argentina, Brasil, porque seguramente muchos de ellos tienen sus activos, dinero en esos países”.
Agrega que este tipo de impuesto no es muy común en América Latina, e incluso, en Europa, “por estas dificultades operativas que existen de cobrar los impuestos de que la riqueza a veces está trasnacionalizada, y en países como el nuestro, pues lamentablemente tenemos un sector comercial, financiero, de transporte o minería, inclusive, informal y en esos sectores hay elefantes vestidos de hormiguitas, tener esa información es súper complejo”.
En ese sentido, señala que la gente va a preferir sacar su dinero del país para evitar pagar otro impuesto.