Fuente: El Alteño
La Delegación Departamental de La Paz de la Defensoría del Pueblo gestionó ante el Hospital Nuestra Señora de La Paz, la entrega del cuerpo de una persona fallecida, el 09 de enero, por Covid-19 a los familiares.
A denuncia de la esposa del fallecido, quien hizo conocer que el hospital no entregaba el cuerpo, debido a la deuda económica sostenida por la atención médica prestada, la Delegada Defensorial de La Paz, Teresa Subieta, se hizo presente en el centro médico recordando que la retención de pacientes dados de alta o personas fallecidas se constituye en una afectación a la libertad individual, además de vulnerar la dignidad de la persona, lo cual está prohibido por la Constitución y las leyes.
“Ningún centro hospitalario público o privado, puede retener a un paciente o cadáver que no logre cubrir los gastos que ha demandado su atención, entendiendo que las obligaciones económicas recaen sobre el patrimonio del deudor y no así sobre la persona”, remarcó la Delegada.
El martes, tras la reunión sostenida entre los familiares y el Director del Hospital, se llegó a un acuerdo entre ambas partes, donde se autorizó la entrega del cuerpo y la familia se comprometió a pagar el saldo del monto adeudado hasta finales de mes.
“El negar que los familiares puedan recoger el cadáver impide que la familia exprese íntimamente su dolor por la pérdida de un ser querido, realice actos conforme a las costumbres o creencias espirituales para el velatorio o entierro del difunto, aspectos que lesionan la libertad de culto de los familiares, protegida por la Constitución Política del Estado”, finalizó Subieta.