Devolución de aportes… ¿a quién beneficia?

 

En estos días de tristeza y zozobra para las familias bolivianas debido al efecto fulminante del covid, sectores sociales, individuos, políticos y autoridades piden y ofrecen algunas medidas que pueden ayudar a enfrentar, principalmente, el problema de escasa liquidez, o sea, la falta de ingresos y empleo que es posiblemente el efecto más perverso ocasionado por la paralización de la economía. Sin embargo, cada economía y cada país tiene sus particularidades, y aunque gran parte del mundo haya optado por este tipo de medidas, debemos preguntarnos si Bolivia puede seguir inyectando dinero a la economía, y si esta medida, tendrá algún efecto adverso o todos viviremos felices.



El gobierno, envió al Parlamento un Proyecto de Ley en el que se estipula la devolución de aportes a las AFPs hasta en un 15% cuando el aporte es menor a 100 mil bolivianos y el 100%, cuando el aporte es menor a 10 mil bolivianos.

Antes de entrar en materia sobre la medida, conviene conocer algunos elementos que hacen al sistema de pensiones en el país. Por supuesto, es bueno recordar que el objetivo de estos sistemas a nivel mundial es el ahorro  de un porcentaje del sueldo durante varios años, para que los ciudadanos puedan enfrentar su vejez, muerte o invalidez de manera digna, o lo que es lo mismo, contar con un dinerito que les permita sobrevivir cuando ya no trabajen, siendo esta necesidad amparada por el Estado y la CPE. En este sentido, lo que se quiere es contar con una pensión o renta suficiente para tener una vida más o menos al nivel del esfuerzo y remuneración que uno recibía durante su vida laboral (tomemos en cuenta que la renta que recibe un trabajador por el esfuerzo en toda su vida laboral, un 50% proviene de las inversiones que realizan las AFP), y por supuesto, que el sistema de pensiones sea sostenible y no fracase o quiebre poniendo en riesgo nuestro ahorro.

A propósito de esto último, lo mencionamos porque en el país, el conocido sistema de “reparto” fracasó, y en 1996 cambiamos a un sistema de pensiones de “ahorro individual” o “capitalización individual”. En un sistema de reparto, los trabajadores activos solventan la pensión de los que ya no trabajan, por lo que una condición para su sostenibilidad es que los trabajadores activos superen en número a los inactivos. Sin embargo, esa condición siempre se cumplió en Bolivia, por lo menos en términos poblacionales (el grueso de nuestra población es joven), pero resulta que, principalmente la corrupción y la destrucción de empleos formales imposibilitaron su continuidad.

La rentabilidad de las inversiones y los altos rendimientos del mercado internacional durante los 90 y 2000 alentaron la idea de una capitalización individual. Recordemos que las AFPs podían invertir en el extranjero hasta el 50% de lo que gestionaban, sin embargo, la crisis financiera mundial llegó para el 2008, reduciendo la acumulación de la capitalización por los bajos rendimientos, y la única posibilidad era un monto de pensión más bajo.

Por esta situación el 2010 se promulga una nueva Ley de Pensiones, reduciendo la edad de jubilación (pese a los problemas mencionados) y creando un Fondo Solidario de pensiones que permitiría incrementar el monto de aquellas personas que no lleguen a un nivel mínimo. En primera instancia, 15 años de bajos rendimientos de las inversiones ya comprometían al sistema; pero además, el 2012 recibieron pensiones solidarias un 38%, el 2016 fueron un 57% y para el 2018 un 59.4%, por lo que la capitalización no era suficiente para financiar una jubilación en 3 de cada 5 personas, con una tendencia a aumentar. Por lo tanto, la sostenibilidad del sistema estaba en duda. A esto debemos adicionar que el ente fiscalizador restringió el máximo de inversión en el extranjero de 50 a 10%, el 2017. Todas las reformas se encontraban en contrasentido con la lógica económica y de eficiencia administrativa, y solo la política podía explicar lo que sucedía.

En la actualidad, menos de una tercera parte de la Población Económicamente Activa es beneficiada por el sistema de pensiones (un poco más de 2 millones de personas), pero resulta que menos del 13% de las personas ocupadas cotizan efectivamente al sistema, debido al aumento acelerado de la informalidad (sostenibilidad muy comprometida). Por el lado de las AFPs, de los 20,271 millones de dólares que gestiona, solo el 1% están invertidos en fondos altamente líquidos (271 MM de USD), el 96% se encuentran invertidos en el mercado nacional, en bonos corporativos de largo plazo, bonos del BCB y del TGN, depósitos a plazo fijo y otros, y un poco más del 2.5% fueron invertidos en bonos de deuda soberana emitida en el extranjero (en su mayoría, deuda boliviana). Si bien, se puede afirmar que los fondos ahorrados de los ciudadanos fortalecen el sistema financiero de los propios bolivianos, es claro que estamos sometiendo y condenando al Sistema Integral de Pensiones  a contar con rendimientos más bajos que los que podríamos obtener con inversiones en el extranjero.

A esta realidad, debemos sumar que de acuerdo al Decreto 2248 del 2015 se dispuso la creación de la Gestora Pública que debía iniciar operaciones el 2016, traspasando los aportes de 1.8 millones de afiliados (aquella vez), siendo pospuesta por otro decreto por 15 meses adicionales, y así sucesivamente, dado que supuestamente este traspaso debería efectuarse el 2021. En medio de esta inseguridad jurídica para las AFPs se tuvo escándalos de corrupción y de un supuesto daño al Estado por más de 10 millones de dólares ocasionado por la contratación, primero de una empresa panameña que no cumplió contrato y sí se le desembolsó dinero del Estado, y luego por la contratación a una empresa colombiana que incluso nos cobraría por el software y el uso del mismo, durante 40 años (78 millones de dólares).

En este contexto, el proyecto de devolución de aportes, según una publicación de La Razón, inyectaría a la economía 1,200 millones de dólares (5.9% del total), aunque según una publicación de Los Tiempos, el Ministro Montenegro manifestó que el monto alcanzaría solo a 500 MM de dólares y llegaría a 1.6 millones de beneficiarios. Si esto es así, en cualquiera de los casos las AFPs no contarían con los fondos para la devolución de estos aportes, en vista de que sólo cuentan con 271 millones de activos altamente líquidos, por lo que deberán utilizar fondos de los aportes menos las rentas mensuales y disminuir un porcentaje de la rentabilidad que obtienen de las inversiones. Por lo tanto, la devolución deberá efectivizarse en cuotas.

Si ese monto fuera canalizado por el sistema bancario, podría tener un efecto multiplicado por dos o tres, debido a la creación de dinero bancaria, por lo que podríamos considerarlo como una renta potencial que dejó de ganar el sistema bancario y la ciudadanía en general (estos fondos podrían servir de garantía personal para obtener un crédito blando). Sin embargo, no se puede considerar esta medida como desestabilizadora del Sistema Integral de Pensiones y tampoco del sistema financiero por las pérdidas directas.

Por el lado de los aportantes, es claro que una devolución de una parte de sus ahorros, pospone sus problemas para un futuro, reduciendo su renta, más sabiendo que perderían el porcentaje de la pensión solidaria, que muchas veces significa un 40% de lo que reciben, siendo que casi el 60% de los aportantes se benefician con esta medida. Asimismo, sabemos que ese 60% ponía en riesgo la sostenibilidad de este sistema mixto de ahorro de largo plazo, por lo que si los beneficiarios de esta medida alcanzan a 1.6 millones de personas (más del 70%), no habrá necesidad en el futuro de una reforma y ajuste al sistema de pensiones, pues estaríamos en condiciones de volver al antiguo sistema de capitalización individual, considerado por el actual gobierno, seguramente como un sistema neoliberal en pro de los más ricos.

Por otro lado, en términos de la estabilidad macroeconómica, sabemos que uno de los principales problemas es la estabilidad del sistema cambiario que está sustentado ahora por las magras reservas internacionales netas que llegan a apenas a 2.6 meses de importaciones (2,300 millones de dólares, la parte líquida), lo cual pone a la economía en riesgo de devaluación y una posible inflación posterior. Es claro que la inyección de estos 500 millones de dólares o más, se convertirán en consumo, y específicamente en consumo de productos importados, por lo que dicha medida contribuye al acelerado descenso de estas reservas.

Como conclusión, esta medida conlleva pérdidas y “ganancias” económicas, que se resumen en: lo que potencialmente dejará de ganar la economía; las pérdidas más pequeñas para el sistema financiero y las AFPs; las pérdidas futuras más grandes para los beneficiarios más pobres; la mejora y mayor sostenibilidad del sistema de pensiones, dejando casi sin efecto la fracción solidaria de las mismas que beneficia a los más pobres, y; una aceleración en la pérdida de reservas internacionales netas y desestabilización del sistema cambiario y la economía. Por estas consideraciones, no solo debemos preguntarnos, a quién beneficia este proyecto, sino, ¿para quién y con qué objetivos el gobierno propone una medida como la expuesta?