El Viceministro de Defensa Social aseguró que un hipotético retorno de la agencia norteamericana a Bolivia causará la rearticulación de organizaciones criminales para producir cocaína, como ocurrió en los gobiernos neoliberales.
Fuente: Periódico Bolivia
En 2008, el gobierno del entonces presidente Evo Morales decidió expulsar a la Administración de Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) por su carácter injerencista en las decisiones bolivianas para enfrentar el narcotráfico, y en 2009 nacionalizó el combate contra este delito, lo que trajo resultados exitosos que hasta ahora son reconocidos en el ámbito internacional por varios organismos y Estados.
Durante el gobierno de Jeanine Añez, cientos de voces pidieron el retorno de la DEA, sin embargo esta intencionalidad quedó descartada porque atentaba a la soberanía nacional en la lucha contra las drogas y sólo fomentaba este delito en todo el país.
“La presencia de la DEA fomentaría el narcotráfico y existiría mayor crimen organizado, por eso no es necesaria su presencia, ya que los bolivianos somos capaces de luchar y controlar el tráfico de drogas. En los recientes años se ha demostrado esa política con un trabajo bastante eficiente”, aseguró el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, a radio Illimani.
Datos del exministro de Gobierno Carlos Romero refieren que durante los gobiernos neoliberales había en el territorio nacional más de 50.000 hectáreas de plantaciones de coca y que Bolivia se había convertido en uno de los principales productores de cocaína del mundo.
La presencia norteamericana para llevar adelante la denominada ‘guerra contra las drogas’ sirvió sólo para la persecución y asesinato de productores y dirigentes cocaleros del trópico de Cochabamba mientras que la producción de cocaína crecía.
“Esa denominada lucha se la hizo contra el productor de la hoja de coca y no contra los narcotraficantes, mientras que la erradicación era forzosa con la consigna de coca cero. Existía violación de los derechos humanos, se persiguió y encarceló a muchos dirigentes con el objetivo de apoderarse de los recursos naturales, se imponían políticas púbicas externas y si había cooperación internacional, era condicionada, mientras que el costo social de la presencia de la DEA y sus bases militares fue de más de 60 muertos con bala, cinco desaparecidos, 702 heridos y 523 detenidos en el proceso de erradicación forzosa y guerra impuesta”, manifestó.
Inversión gubernamental
Durante el gobierno de Morales fueron adquiridos seis helicópteros Súper Puma con una inversión de $us 251 millones para fortalecer la lucha contra las drogas; sin embargo, la administración de Añez dejó inoperables cuatro de estas aeronaves.
Hasta finales de 2019 se concretó la compra de 13 radares, entre militares y civiles, con el objetivo de controlar el espacio aéreo boliviano y detectar a las aeronaves, principalmente avionetas, que ingresan al país de manera irregular para el trasiego de sustancias controladas, aunque en 2020 no se culminó este proyecto de radarización.
Entre los helicópteros y los radares se invirtieron $us 434 millones, por ello la urgencia de reactivarlos para potenciar la lucha contra el tráfico de sustancias controladas.
Erradicación de cocales
El viceministro Mamani lamentó que durante la administración de Añez se haya fortalecido la persecución y el encarcelamiento de productores de coca, y no la erradicación de cocales ilegales, puesto que en 11 meses hasta se cultivó en los parques nacionales.
“Sólo se erradicaron 2.000 hectáreas y no más de 9.000 como se había planificado para cumplir con los objetivos diseñados. Los estudios de organismos internacionales estiman que una sobreproducción, por ello retomamos nuestra política exitosa de control social. Se tiene definido para este año erradicar 9.000 hectáreas de cocales ilícitos en el trópico de Cochabamba y en los Yungas de La Paz, con la colaboración de los mismos productores”, enfatizó la autoridad.