Alcaldesa de Bermejo aún no rinde cuentas sobre los Bs 7 millones destinados a la pandemia

Protesta de gremiales en la alcaldía Foto: Radio Fides Bermejo

Fuente: Radio Fides

El Gobierno Municipal de Bermejo recibió el año pasado un aproximado de Bs 7 millones adicionales al presupuesto para enfrentar la pandemia del Covid-19, sin embargo, a la fecha no se brindó un informe económico a las instituciones sociales, ni al Concejo Municipal sobre el destino de los recursos.



La ley 1307 obligaba a que el 50% de estos recursos sean utilizados en la compra de insumos, equipamiento y contratación de personal para combatir el virus, mientras que el otro 50% debe ir destinado a la seguridad alimentaria (25%) y apoyo productivo (25%) a sectores afectados por la pandemia.

Sin embargo, se desconoce a ciencia cierta el monto que ya fue ejecutado para los contratos de bienes y servicios que fueron adquiridos.

El concejal Julio Canelas, manifestó a Fides Bermejo que todavía no se hizo llegar la documentación para que sea revisada por el legislativo municipal, y saber a como se adquirió el “kit de medicamentos”, camas, muebles y otros elementos que fueron reportados sólo de manera verbal y a través de los medios de comunicación.

Si bien, durante este periodo la alcaldía era administrada por Delfor Burgos, la actual alcaldesa tiene la obligación de presentar los informes, según sostuvo Canelas.

“Si bien estamos a semanas de finalizar la gestión, vamos a hacer todo lo posible para que se conozca cómo se administraron estos recursos”, manifestó Canelas.

Ayer se registraron protestas en la alcaldía por la compra de toldos para la asociación de gremiales que se asientan en el mercado Bolívar.

Precisamente este es uno de los sectores que debía beneficiarse con los recursos destinados, pero, la empresa adjudicaba incumplió los plazos de entrega y la secretaria general Dianeth Flores indicó que los recursos serán revertidos.

Datos:

En 2020 la entonces presidenta Jeanine Añez promulgó la ley 1307 que instruía la devolución de parte de los recursos del 12% de incentivo petrolero e Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para que las gobernaciones, alcaldías y universidades públicas puedan enfrentar la emergencia causada por el coronavirus.