La Constitución Política del Estado en su artículo 9 indica que es función primordial del Estado “garantizar el acceso de las personas a la salud”, la Norma Suprema en el artículo 18 agrega que “todas las personas tienen derecho a la salud (…) sin exclusión ni discriminación alguna” y la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 3, refrenda que “todo individuo tiene derecho a la vida”.
Bajo ese amparo normativo todos los bolivianos deberíamos sentirnos protegidos por el Estado a través del gobierno, sin embargo no es así, digo esto porque el Presidente Arce, con su discurso encubierto de coordinar mejor con las autoridades masistas, condiciona el derecho de acceso de cada boliviano a la vacuna contra el Covid-19, a cambio de que en las elecciones subnacionales la población vote por sus candidatos. La pregunta es ¿puede un político caer tan bajo por mantenerse en el poder? La respuesta es sí, así lo demuestra el Presidente al chantajear y vulnerar el derecho que cada uno de nosotros tenemos de elegir libremente a nuestras autoridades a cambio de tener acceso a la vacuna, pero lo más grave es que se vale de su investidura y su condición de servidor público aprovechando la entrega obras que se ejecutan con recursos públicos, nada diferente, por cierto, de lo que hacía su actual jefe de partido Evo Morales.
Si analizamos esta situación vemos que el presidente Luis Arce plantea dos opciones: “votar por el MAS y que la población tenga acceso a la vacuna donde sus candidatos ganen” o de lo contrario “votar por la oposición y que su población no tenga acceso a la misma”, nada más cruel e inhumano, para un país donde ya han muerto 10.864 personas afectadas por el COVID-19 y donde apenas contamos con 20.000 dosis de la vacuna para una población de once millones de habitantes. En ese sentido, Arce nos plantea acceder a la salud y a la vida misma a cambio de votos o de lo contrario arriesgarse a morir sin la vacuna, así de simple.
Al parecer Arce se olvida que tiene que gobernar para todos los bolivianos, sin excepción y es su deber coordinar con cualquier autoridad independientemente de su filiación política, ideología o religión, pero al parecer no lo hará. El presidente chantajeó a los paceños, el 5 de febrero, para que respalden a su candidato a Alcalde, César Dockweiler. De la misma forma, el 30 de enero, condicionó el voto a los pandinos; el 27 de enero, sucedió lo mismo en Tarija y el 6 de febrero en Huanuni, Oruro.
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La Ley 026 de Régimen Electoral, en el artículo 238, inciso c) señala que, la funcionaria o funcionario público que coaccione “atemorice” para que se “afilien a determinada organización política o voten por determinada candidatura en un proceso electoral” será “sancionado con pena privativa de libertad” de uno a tres años y sancionado con la destitución del cargo, sin que pueda ejercer otra función pública por un tiempo de tres (3) años”.
En consecuencia, exigimos al Tribunal Supremo Electoral (TSE) hacer su trabajo en observancia de la normativa vigente, analizar y sancionar la impostura del presidente del Estado y haga respetar la Constitución y las leyes vigentes. Censuramos el actuar de Arce quien amparado en su investidura intimida y condiciona el derecho a la salud a cambio de votos, finalmente exhortamos a los bolivianos a ejercer su derecho de votar y elegir libremente a sus autoridades, ya lo decía Jean-Jaques Rousseau “El derecho de voto es un derecho que nada ni nadie puede quitar a los ciudadanos” y defendamos también el derecho a la salud sin condiciones.
Dr. Henry Omar Montero Mendoza, Senador por Santa Cruz