Proselitismo gubernamental, judicialización y vandalismo electoral, prebendalismo estatal. Los signos del pasado que se activan nuevamente en una disputada contienda electoral en Bolivia.
Fuente: Brújula Digital
Zulema Alanes B. / Tomado de Cabildeo Digital
A la sombra de Evo Morales, el presidente Luis Arce se embarcó en la campaña electoral del Movimiento Al Socialismo (MAS), activó el chantaje autoritario y utilizó bienes estatales para intentar remontar las proyecciones negativas de las candidaturas con las que su partido pretende copar los espacios del poder subnacional.
A 100 días de su mandato, decidió transitar por los mismos caminos del pasado, mientras que los estrategas de su partido despliegan en paralelo la judicialización de la política para anular a candidatos que se proyectan como indiscutibles ganadores en varias plazas que el MAS pretendía controlar.
Proselitismo gubernamental, judicialización y vandalismo electoral, prebendalismo estatal. Los signos del pasado que se activan nuevamente en una disputada contienda electoral.
Las mismas prácticas que fueron mayoritariamente rechazadas por la población que se expresó en el referéndum del 21 de febrero de 2016. Este domingo precisamente se recuerda con un cacerolazo, los cinco años de esa victoria democrática, aun de la funesta actuación del Tribunal Constitucional que bajo presión de Evo Morales autorizó su reelección con carácter indefinido, confirmando el rumbo autoritario de su gobierno.
“Coordinar” bajo el signo del autoritarismo gubernamental
En campaña electoral, Luis Arce inició su recorrido por varios municipios del país y de una manera velada amenazó con paralizar el trabajo del gobierno central por las regiones en caso de que los candidatos del MAS no ganen los comicios. Sus amenazas subieron de tono cuando condicionó la vacunación contra el coronavirus al apoyo electoral a sus candidaturas.
Lo hizo en Cobija, Tarija, Santa Cruz, La Paz, Oruro, Potosí. “Es muy importante que el gobierno nacional tenga autoridades departamentales y municipales con las que se pueda coordinar. Si no tenemos autoridades con las que se pueda coordinar a nivel de departamento y municipios, va a ser difícil que el gobierno nacional pueda ayudarles”, dijo en Pando a finales de enero.
El 27 de enero, saludó como “futuro gobernador” a Álvaro Ruiz, el candidato del MAS, en un acto transmitido por la red estatal Bolivia TV en el que reiteró que “necesitamos un gobernador que coordine con el Gobierno”. Dos días después, sin barbijos ni distanciamiento, guitarreó en un mercado de Santa Cruz durante un acto de campaña con los candidatos de su partido a la gobernación y al municipio cruceños.
El 6 de febrero pidió a la población de Santiago de Huari, Oruro, “elegir los mejores hombres y mujeres para poder dirigir el municipio y la gobernación, pero que por supuesto pueda coordinar con nosotros para continuar haciendo estas obras’, y también condicionó la vacunación gratuita en contra de la Covid-19. Un día antes declaró que el apoyo de su gobierno a La Paz estaba condicionado a que los paceños respalden con su voto al candidato oficialista César Dockweiler.
En Huanuni, el 8 de febrero, Arce condicionó las vacunas y presionó a los votantes para que “sepan elegir su alcalde y su gobernador, porque ese gobernador, ese alcalde tiene que coordinar con el gobierno”.
En el mismo estilo de Evo Morales que este 20 de febrero pidió los votos de la población del Beni para los candidatos del MAS con la promesa de concluir la cuestionada carretera por el corazón del TIPNIS: “Vamos a terminar estas grandes obras”, dijo Morales en Trinidad y advirtió que si los partidos “de derecha” ganan los comicios se “paralizarán las obras”.
Uso indebido de bienes estatales
Desde que Luis Arce se puso en campaña, entregó vehículos, equipamiento, centros de salud, sedes sindicales, todo financiado con recursos estatales.
El 5 de diciembre, entregó un edificio de cinco pisos a la Federación de Cooperativas Mineras (Fedecomin) de Cochabamba. Un mes después, el 9 de enero, con motivo de su 41 aniversario, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa recibió de manos de Luis Arce un lote de televisores.
Los Ponchos Rojos también se beneficiaron con los bienes estatales que el primer mandatario distribuye como parte de la campaña electoral. El 26 de enero, en medio de la celebración del 195 aniversario de la provincia Omasuyos, Arce entregó dos vehículos.
El 18 de febrero, el Jefe de Estado entregó cinco vehículos decomisados al narcotráfico a la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (Cscib). Dos días después, entregó la Casa Social del Maestro Rural en Villamontes, Tarija, un edificio de dos plantas construido con recursos del TGN.
La Constitución, la Ley de Régimen Electoral, el Estatuto del Funcionario Público y la Ley Safco 1178 prohíben el uso de bienes y servicios del Estado para actos proselitistas.
Judicialización y vandalismo político
Las tendencias autoritarias del pasado no han sido derrotadas, al contrario, se imponen en el actual proceso electoral y despliegan los mismos recursos de siempre para eliminar a los contendientes del MAS.
Como lo hicieron durante el régimen de Evo Morales, hoy activan procesos judiciales contra algunos candidatos que encabezan un proyecto ganador según las tendencias de las encuestas.
Uno de los objetivos que está en la mira de la judicialización de la política activada por el MAS es Manfred Reyes Villa, el candidato que supera en 40 puntos al candidato masista para el municipio de Cochabamba. Será una derrota contundente en la ciudad capital de ese departamento en el que Morales controla a las bases cocaleras, que sólo podrían intentar revertir sacando a Reyes Villa con un fallo del Tribunal Supremo Electoral.
Otro candidato acosado por la justicia que controla el MAS es Rafael Quispe, el Tata, que disputa los primeros lugares para la gobernación de La Paz.
Las amenazas de juicio también se ciernen sobre la cabeza de Eva Copa, la joven líder despreciada por Evo Morales, que de continuar las tendencias dejará con un triste 10% o menos al candidato del dedazo por el MAS en la ciudad de El Alto, Zacarías Maquera.
Por si fuera poco, el MAS también activó el vandalismo político. Ataques a caravanas, amenazas a candidatos y candidatas de otras tiendas políticas.
Solo de muestra. La candidata a la Alcaldía de Puerto Villarroel por Pan-Bol, Juana Rojas, fue forzada a declararse en la clandestinidad por las amenazas y el amedrentamiento de correligionarios del MAS.
Una caravana de la alianza política Súmate, de Manfred Reyes Villa, también fue atacada con piedras, palos y excremento por militantes del MAS en Cochabamba. Pese a las denuncias los ataques no cesaron, al contrario, adquirieron ribetes criminales cuando los militantes de esa agrupación fueron atacados con una bomba de gas lacrimógeno en un acto de campaña.
Y, para no dejar cabos sueltos en el círculo del autoritarismo político del MAS, anunciaron una ley contra “la desinformación de las encuestas”, una forma de amedrentar a las empresas encuestadoras que dieron por perdedores a varios candidatos masistas.