El excomandante de la Policía de Cochabamba Jaime Edwin Zurita ha sido imputado por la comisión del delito de asesinato y tentativa de asesinato en el marco de las investigaciones por las muertes de Huayllani ocurridas el 15 de noviembre de 2019. Su audiencia de medidas cautelares se llevará a cabo este viernes, cuando la Fiscalía pedirá su detención preventiva, por seis meses, en el penal de El Abra.
Los fiscales asignados al caso, en la resolución de imputación formal del 18 de febrero, indicaron que en ese tiempo realizarán la reconstrucción de los hechos, harán el procesamiento informático del flujo de llamadas del imputado, recabarán declaraciones testificales e informativas de los cosindicados.
El Juzgado de Instrucción Cautelar No. 1 de Sacaba fijó para este viernes a las 09:30 la audiencia de medidas cautelares, según el documento de este 22 de febrero. La autoridad judicial advirtió que en caso de que el imputado no asista se declarará rebeldía y se expedirá el mandamiento de aprehensión conforme establece la Ley 1173.
Sobre la imputación y la solicitud de reclusión preventiva, Jhimmy Almanza, abogado del excomandante Zurita, calificó como un “exceso”.
“Emitir una imputación contra el coronel Zurita sobre la base de su propia entrevista es un exceso. Se basan en la entrevista testifical que primero le tomaron; sobre ese documento le ampliaron la investigación y ahora lo imputan. Se supone que ellos deben investigar y tener elementos probatorios testificales, documentales o periciales que indiquen de qué es responsable el Coronel, pero eso no hay”, señaló.
Almanza indicó que no existen elementos que prueben responsabilidad del excomandante en los delitos por los que ha sido imputado. “Hasta ahora, un año y tres meses del hecho, no nos han dicho cuál es su responsabilidad y cuáles son las pruebas que tienen para sustentar ello (…). Las pericias, los informes nos favorecen y los testigos no refieren más allá de decir que han sido impactados por arma de fuego”, sostuvo.
Según el abogado, el argumento de los fiscales es que Zurita al ordenar el uso de gases lacrimógenos facilitó el asesinato de los cocaleros.
Sobre la petición de detención preventiva, señaló que no existen riesgos para que asuman esa medida. “Él (Zurita) está en reserva activa, entonces qué contacto pudiese tener con la institución como tal. No podría obstaculizar la investigación y estamos hablando de un año y tres meses donde no han hecho nada”.
Añadió que, en la audiencia, demostrarán varios aspectos; entre ellos que Zurita no tiene participación en los delitos que se le atribuye. Dijo que hay planes operativos y documentación que demuestra que la Policía no portaba armas letales. “(Los efectivos llegaron a Huayllani) para hacer una contención pacífica, no para una masacre como dicen. Al verse rebasados, han tenido que tomar acciones como el uso de gases lacrimógenos, pero más allá de eso no han hecho”.
PROCESO
El 9 de noviembre de 2020 se amplió la investigación contra el excomandante Zurita y el excomandante del Comando Estratégico Operacional Central (CEO) de Cochabamba, Alfredo Cuéllar. El general fue imputado y, en audiencia de medidas cautelares, le dieron detención domiciliaria.
El 19 de noviembre del mismo año, se amplió la investigación contra los exministros Arturo Murillo, Luis Fernando López. Además, del excomandante general de la Policía, Rodolfo Montero y el general Sergio Carlos Orellana C.
CONMINATORIA
El Juzgado recordó que ha transcurrido un año y tres meses del caso, es decir, que los 120 días que dispone la normativa procesal ha “pasado superabundantemente”.
Sobre las últimas ampliaciones, dijo que “no se cuenta con ningún requerimiento preliminar conclusivo, desobedeciendo de esta manera la comisión de fiscales lo que dispone la normativa procesal y a las distintas conminatorias realizadas por el Tribunal, consecuentemente se conmina por quinta vez a la comisión de fiscales, o a quienes se encontraren reemplazándoles para que en el plazo de 72 horas cumplan con dicha exigencia procesal, y en detrimento de una adecuada administración de justicia en perjuicio de las partes se ordena la notificación al fiscal departamental y fiscal general del Estado”, señala el documento de este 22 de febrero.
Huayllani: imputan a exjefe de la Policía y piden indagar a 3 militares
El excomandante departamental Jaime Zurita durante los enfrentamientos en Huayllani en noviembre de 2019. | Carlos López
La Fiscalía presentó la imputación formal en contra del excomandante departamental de la Policía de Cochabamba Jaime Zurita por la investigación por las muertes y heridos en los enfrentamientos violentos ocurridos en noviembre de 2019.
El coronel de la Policía es el segundo imputado por esos hechos. El primero fue el general de las Fuerzas Armadas (FFAA) Alfredo Cuéllar, quien fue aprehendido y, después, la justicia le otorgó la detención domiciliaria.
La audiencia cautelar para Zurita se realizará el vienes a las 9:30 en el juzgado en la localidad de Sacaba, informó a Erbol el abogado defensor del exjefe policial, Ronald Zabala.
Además de la imputación, se conoció ayer que los investigadores asignados al caso de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Sacaba, en su informe elevado a la Fiscalía, piden la investigación de tres militares, por haber sido responsables de los equipos de “confrontación” de las FFAA.
La imputación formal contra Zurita, redactada por los fiscales de materia de Sacaba y presentada el 18 de febrero de 2021, contiene 55 entrevistas informativas de “testigos”, quienes, en sus declaraciones, afirman que les obligaron a quitarse los “barbijos” y cascos, y que les impidieron pasar a Cochabamba.
El documento también contiene nueve certificados médicos, tres historias médicas, un informe médico, 10 protocolos de autopsia, cinco pericias, los planes de operaciones de la Policía y las FFAA, y la declaración informativa de Zurita y del exjefe militar Alfredo Cuellar, además del memorando de designación de Jaime Zurita.
El informe de acciones desarrolladas por parte del jefe de equipo de las FFAA, presentado al Ministerio Público el 12 de diciembre de 2019, sobre la intervención militar durante los conflictos en Huayllani el 15 de noviembre, señala que ni los militares ni la Policía portaban armas letales.
Entre las pericias mencionadas en el documento oficial, se encuentra la prueba de absorción atómica que se hizo a los fallecidos, con el objetivo de descartar que ellos mismos se habrían provocado las heridas. “No se revela la presencia de residuos fulminantes como residuos de arma de fuego”, dice el reporte forense.
En el informe no se encuentran las primeras declaraciones informativas que se tomaron a los heridos, quienes aseguraron que los disparos salieron del lado de los manifestantes. Tampoco está el informe policial sobre la aprehensión del representante de las Juventudes del Movimiento Al Socialismo (MAS), aprehendido con un arma de fuego del calibre similar al que ocasionó las heridas de algunos movilizados.
Investigadores piden ampliar el caso Huayllani contra tres militares
Los policías de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) a cargo de la investigación del caso Huayllani, en el informe que elevaron al Ministerio Público, identifican a los militares como presuntos responsables de las muertes y heridos en los enfrentamientos de noviembre de 2019.
Entre estos están un teniente coronel, responsable de los dos equipos de Control Antidisturbios dependiente de la Fuerza Aérea; un capitán miembro de la Fuerza Aérea, a cargo del grupo Contra Actor de Interferencia Ilícita, responsable de los vehículos blindados (quien en su declaración refirió que realizó un disparo con su fusil Galil con munición no letal), y un teniente, encargado de la sala de armas de la Fuerza Aérea.
Según una declaración que figura en la imputación formal presentada contra el exjefe policial Jaime Zurita, los miembros de las FFAA portaban armamento tipo Galil, pero éstos no contaban con municiones letales.
Otros denunciados
La coordinadora de la Fiscalía de Cochabamba, Ximena Narváez, informó a Los Tiempos que se encuentran tramitando la rebeldía contra los exministros Arturo Murillo (de Gobierno) y Fernando López (de Defensa), quienes fueron convocados a declarar en enero de 2021, pero no se hicieron presentes.
Explicó que, para activar los sellos rojos (en Interpol) se debe tramitar la rebeldía, y esta acción se encuentra en proceso.
Respecto a las investigaciones del caso y las reiteradas conminatorias emitidas por el juez de Sacaba que conoce el caso para que se presente el informe, dijo que, al ser un caso complicado, el proceso continúa en la primera instancia.
La coordinadora anticipó que otro jefe militar podría ser imputado formalmente, pero esto se hará oficial los próximos días.