La institución informó que atendió ocho denuncias contra ese nosocomio de El Alto (La Paz), por cobros elevados y retención de cadáveres.
Fuente: Página Siete Digital
La Defensoría del Pueblo ratificó este lunes su denuncia pública contra el Hospital Agramont, por el caso de un adulto mayor que enfrentó problemas para su traslado desde ese sanatorio a un centro público. El nosocomio privado sostuvo que ese proceso «no corresponde».
En el caso del paciente J. C. Q., la Defensoría del Pueblo aseguró que “abrió el caso DP/SSP/ALT/3004/2020, ante una denuncia que señalaba que dicho nosocomio no podía continuar atendiéndolo”, informó la Defensoría, a través de un comunicado.
«Este establecimiento le dio de alta pese a que no se encontraba restablecido de salud (no podía recibir alimentación independiente y le habían suspendido la alimentación intravenosa y la atención por especialidades) y sin que se haya logrado su traspaso a un hospital público”, sostuvo la Defensoría.
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El adulto mayor falleció el 1 de enero, cuando tramitaba su transferencia al Hospital de Clínicas desde el Hospital Municipal Modelo Corea, donde se encontraba debido al alta del 25 de diciembre del Hospital Agramont.
En su declaración, la directora del Hospital Agramont anunció una representación ante la Defensoría del Pueblo por este caso, que según ella «no corresponde».
“Esta acción no corresponde, pues esta autoridad no respondió al Requerimiento de Información del 29 de diciembre de 2020 referido a la denuncia que hizo pública la Defensoría del Pueblo”, dijo en un comunicado la institución.
La institución pública reveló que ese nosocomio privado de El Alto fue objeto de ocho denuncias el año pasado, por precios elevados y retención de cadáveres por deudas.
Además, la Defensoría dijo que atendió ocho denuncias contra el Hospital Agramont, incluida la del caso del señor que falleció al tramitar su traslado.
“Tres de ellas fueron sobre costos altos o porque algunos precios no se correspondían con el listado de Liname (Lista Nacional de Medicamentos Esenciales). El resto se refería a la retención de cuerpos por la falta de cancelación de la suma adeuda al establecimiento”, precisó la Defensoría.