LA PAZ |
Fuente: lostiempos.com
El fiscal general, Juan Lanchipa, afirmó que el Ministerio Público consolidó y garantizó el Estado de derecho durante los conflictos de 2019 y antes de las elecciones generales de 2020, frente a la agresión de grupos que actuaron de forma arbitraria y alevosa en contra de la institucionalidad y de los cimientos de la democracia.
La autoridad manifestó que los grupos «sectarios y políticos» «pretendían interrumpir, suspender y defenestrar a la institución que ha generado, ha consolidado y ha garantizado el Estado de Derecho durante todo ese tiempo que ha logrado vivir el país antes de la elección (…) de 2020».
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No puede «ocurrir nunca más esa agresión, esa actitud totalmente arbitraria y alevosa contra la institucionalidad y los cimientos mismos de la democracia», sostuvo.
La máxima autoridad fiscal se refirió al tema en la Rendición Pública de Cuentas 2020, cuando le preguntaron sobre si los conflictos de 2019 y 2020 incidieron en el funcionamiento de la institución, a lo que dijo que pese a la actitud «lesiva» de algunos grupos no se suspendieron las actuaciones fiscales, aunque no fue totalmente normal.
Aseguró que los grupos con claros intereses políticos «arremetieron contra la institucionalidad del Ministerio Público» impidiendo su normal funcionamiento.
Los grupos se movilizaron en el mes de octubre del año pasado exigiendo la renuncia de Lanchipa a quien acusaban de favorecer al Movimiento Al Socialismo en varias acciones. Las medidas de presión se extendieron al menos por un mes.
Yassir Molina de la Resistencia Cochala en ese tiempo justificó las medidas de presión, porque en pleno periodo electoral y durante la crisis más dura de la pandemia de coronavirus, el Ministerio Público demostró tolerancia hacia bloqueadores afines al MAS.
Asimismo, denunció que en pleno periodo electoral, la Fiscalía no investiga, ni da con los culpables de los destrozos de casas de campaña y violencia ejercida contra militantes de partidos políticos adversos al MAS.
Mucho antes, en el mes de abril de 2020, el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, ya había demandado que cumpla sus funciones constitucionales. «Hoy día lo recrimino públicamente: si no está enfermo, dé la cara, salga, no se oculte. Desde que lo amenazaron los del MAS se ocultó. Si no tiene valor para seguir en su puesto y hacer su trabajo, solamente tiene un camino: renuncie y váyase a su casa», dijo en ese entonces la autoridad.