Hay sociedades y gobiernos que por sus estructuras y dinámicas públicas generan buena salud y bienestar social, con sentido singular de salvaguarda de la niñez, juventud y la comunidad en general.
Para alcanzar este objetivo loable, las reformas no suelen ser desafortunadas, si se considera -la salud- como un bien común universal y, por tanto, en que es posible la existencia de “sociedades salutogénicas”; por ejemplo, Estados Unidos gasta el 18% de su PIB en servicios médicos y con la pandemia del Covid-19 los Estados duplicaron sus presupuestos, comparado con el 7 al 10% que invierten los gobiernos europeos, estos tienen mejor resultado que EEUU, menos mortalidad infantil y más larga expectativa de vida.
A propósito, en muchos países europeos con leyes de salud pertinentes y oportunas para las sociedades civiles, resulta imposible pensar negarle al ciudadano los servicios de salud y de impedir que los galenos sean garantizados en sus derechos al trabajo digno, simplemente porque carezcan de un seguro médico o dejar que una familia caiga en la desgracia por no poder pagar una cuenta pendiente del hospital sea de cualquier nivel del sistema público.
El paradigma es que los Estados europeos se nutren por las sociedades civiles, que es su capital humano de mayor cuidado y que tienen la convicción que –la salud es un derecho humano-, por eso los gobiernos han creado servicios de salud con equipos tecnológicos acorde a las exigencias accesibles para todos, con la particularidad que los médicos que se forman en sus universidades encuentran cabida en los hospitales de manera preferente.
Con este perfil comparado, lo esencial es ver cómo la administración nacional y los gobiernos autónomos, han visto la salud como un -derecho humano-, no como un recurso político, al construir sistemas nacionales de cobertura y/o servicios que son accesibles a todos los ciudadanos, sin tomar en cuenta su nacionalidad.
A esta cobertura de salud pública que emergen de democracias de calidad integral y a la que se debería aspirar en todo Estado de derecho, es lo que se conoce como -Sociedades salutogénicas-, en la que no hay espacio para leyes patogénicas en situación de pandemia.
Sensiblemente, la actual gobernación que es continuación de los catorce años del Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP), desaprovecharon la época de bonanza y se despreocuparon por la salud de la sociedad boliviana, tanto como por los que viven en pobreza y situación de extrema pobreza.
Con el Proyecto de Ley Nº 085/2020-2021 aprobado por la mayoría de Diputados del MAS IPSP en grande y detalle denominada Ley de Emergencia Sanitaria, de ser aprobada por la Cámara de Senadores, sancionada, promulgada y publicada en la Gaceta Oficial en los próximos días, sin equívoco alguno estaríamos ingresando a una -Sociedad patogénica-, regulada por una ley de similar naturaleza; es decir, con la finalidad de producir la mala salud o fragilizar las existentes, con miles de contagiados y centenares de fallecidos por el Covid-19 en su segunda ola.
La referida Ley en fase de aprobación bautizada como Ley patogénica, no responde al pedido clamoroso de la pausa sanitaria demandada por los médicos de Santa Cruz, por falta de oxígeno, insumos, materiales de bioseguridad entre otros y tampoco a las exigencias del Colegio Médico de La Paz y demás departamentos, por las siguientes observaciones legales: a) El título de la Ley no guarda relación con el bien jurídico a la salud y vida de los ciudadanos que están garantizados por los arts. 15.I y 18.I de la Constitución, por cuanto se prohíbe el derecho de los galenos y personal en salud del derecho a la huelga, paros y protestas (art. 19 PL. Nº 085/2020-2021); b) No se permitirán depósitos previos, garantías o cualquier tipo de cobro anticipado en establecimientos de salud privados; implica que Alcaldías y Gobernaciones asumirían los pagos en situación extrema de incapacidad económica del paciente para cubrir la atención en uso de sus autonomías o se aplica recién la salud como derecho humano (art. 20); c) Se prevé el aislamiento sanitario por un periodo de 14 días calendario a todo ciudadano que ingrese a territorio nacional, restricción que no especifica a que pruebas científicas se someterá el afectado con la medida preventiva (art. 21); d) El ejercicio de excepcionalidad de competencia del gobierno central en materia de salud de los gobiernos territoriales autónomos, sin duda que vulnera las competencias que fijan la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” L. Nº 031 de 10-07-2010 (art. 22); e) Se incluye una cláusula de confidencialidad para realizar contrataciones directas, como las vacunas Sputnik V, en vulneración al principio de transparencia y control fiscal (art. 27) y f) Se autoriza la contratación de personal médico extranjero, sin cumplir ninguna prueba de conocimientos y experiencia por galenos bolivianos de las Sociedades Científicas que garanticen el buen servicio profesional y en claro desplazamiento de los médicos bolivianos, inclusive por personal de inteligencia cubana.
Vale recordar, que las leyes no solucionan los problemas de salud, particularmente si son leyes patogénicas que solo buscan medrar los derechos de los ciudadanos enfermos con el Covid-19, de nuestros valientes galenos bolivianos y personal sanitario; con la decisión inhumana e indolente de Salvador Ignacio Romero Ballivian presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de no postergar las elecciones y persistir de llevar adelante las elecciones subregionales el 7 de marzo, poniendo en riesgo la vida y salud de los bolivianos, a sabiendas que el pico más alto de contagio del Covid-19 en su segunda ola, se producirá en las dos últimas semanas de febrero de 2021. ¿Qué tanto interés existe en hacer elecciones si la democracia no consiste en contar solo votos? Sin revisión del padrón y sin el DIREPRE nuevamente.
Concluyo con (Michels, 2008: 74) cuando al referirse al debate de sordos dice: “Que la representación no era libre sino cautiva de la voluntad que los partidos pergeñaban en sus cúpulas, conforme a la más cruda realidad de la ley de hierro de la oligarquía dominante”.
Sucre, enero 29 de 2021
Pedro Gareca Perales, Abogado constitucionalista y defensor de DDHH.