Yolanda Mamani Cayo   / La Paz 

El Decreto Presidencial de “Concesión de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias y Perseguidos Políticos”, que tratará este viernes el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, beneficiará a más de 1.000  procesados entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020. Entre ellos al expresidente Evo Morales.

El Movimiento Al Socialismo (MAS) adelantó ayer que lo aprobará. En cambió,  Comunidad Ciudadana (CC), la segunda fuerza política del  Legislativo,   citó que  al  menos seis casos, que van desde la quema de los buses PumaKatari hasta el caso   fraude, corren el riesgo de quedar en la impunidad.

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, adelantó que con el decreto se beneficiarán “alrededor de 1.000 personas”, y confirmó que entre los favorecidos está el expresidente Morales.

Según  Rodríguez, la norma beneficiará a “compañeros que están siendo perjudicados sin motivo alguno con cargos penales”. “Lo que se quiere es que se libere de todo cargo penal a los que han sido procesados sin ningún motivo”, aseguró.

Desde Comunidad Ciudadana (CC) sostuvieron  que el decreto dejaría  impunes los casos Montero, la muerte de un  representante de las víctimas de la dictadura, la emboscada de Vila Vila, la quema de  buses PumaKatari y de las casas de una periodista y de un ex Defensor del Pueblo, las muertes por el bloqueo de oxígeno y hasta el caso fraude (ver detalle en el cuadro adjunto).

“Nos preocupa de sobremanera porque esto significa que se va a generar amnistías e indultos para quienes han bloqueado ciudades, para quienes han vulnerado derechos humanos, para quienes han abusado sexualmente de mujeres en Challapata, para los hechos acontecidos en Vila Vila, en Montero, para los múltiples destrozos a la propiedad privada y pública como es el caso emblemático de los PumaKatari en La Paz”, afirmó jefa de bancada de CC en el Senado, Andrea Barrientos.

Carlos Alarcón, jefe de bancada de CC en Diputados, manifestó que incluso el caso fraude puede quedar impune.  “Con el alcance general que le han dado, todos los casos podrían estar incluidos en la amnistía y los que van a definir en concreto van a ser los propios jueces y fiscales  que de alguna manera están subordinados al MAS. No hay ninguna razón de entrada para excluir ese caso (fraude)”, expresó el legislador.

Alarcón  agregó que el decreto está redactado de manera general,  y  que todos los casos de interés del MAS  quedarán en nada.

 Una carta al  GIEI

CC envió una carta al secretario ejecutivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Jaime Vidal, en la que señala que llama la atención la aprobación del decreto, tomando en cuenta que el GIEI está en pleno proceso de investigación y el Gobierno actúa como juez y parte, puesto que “prejuzga, sesgadamente, violaciones a los derechos humanos sin esperar los resultados del trabajo de investigación ni el informe del GIEI”.

El GIEI comenzó oficialmente su trabajo el 23 de noviembre,  con la promesa de ser imparcial e investigar todos los hechos de violencia y vulneración a los derechos humanos, ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

La jefa de bancada de Creemos en el Senado, Centa Rek, afirmó que el MAS con este decreto pretende imponer la retórica de que en 2019 hubo un “golpe de Estado”, con el fin de perseguir a los líderes de la oposición.

“Se pretende generar todas las condiciones para iniciar una cacería contra las personas que se movilizaron contra el fraude electoral. Se pretende borrar las pruebas más que suficientes que tenemos del fraude”, manifestó la senadora   Rek.

Los artículos 

En el decreto presidencial de amnistía e indulto se argumenta que el perdón es por razones humanitarias y para “resguardar la vida e integridad de las personas privadas de libertad, por el incremento de contagios por la Covid-19 y ante el hacinamiento” de las cárceles, según el artículo 2.

En ese decreto también se establece que su  fin  es “reestablecer los derechos civiles y políticos (…) de aquellas personas que se encuentran procesadas como consecuencia de los conflictos políticos y sociales (…) suscitados durante la crisis política institucional del Estado, acontecida en el país entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020”.
Los seis  casos  

• Fraude  Después de que se conocieran los hallazgos preliminares de la auditoría a los comicios de octubre de 2019 de la OEA , el Ministerio Público activó una investigación. Al caso se sumó la denuncia interpuesta por el  TSE
•  Montero  El 30 de octubre de 2019,  Marcelo Terrazas y Mario Salvatierra murieron por impacto de bala  en Montero (Santa Cruz), en  un enfrentamiento entre afines al partido azul  y un grupo de manifestantes.
•  Llanos  El 28 de noviembre, Julio Llanos Rojas,  representante de  las víctimas de las dictaduras en Bolivia,  falleció después de debatirse un mes entre la vida y la muerte, a causa de  una agresión provocada por afines al MAS.
• Vila Vila  El 9 de noviembre de 2019, delegaciones de Sucre y Potosí sufrieron una emboscada en la carretera Oruro-Potosí, altura de Vila Vila. El hecho dejó más de 30 heridos.
•   Quemas   La noche del 10 de noviembre de 2019, tras la renuncia de Evo Morales, ocurrió la quema de  66 buses  PumaKatari.   Esa noche, las casas del exdefensor  Waldo Albarracín y de la periodista Casimira Lema fueron incendiadas.}
•  Oxígeno   En  agosto de 2020,  las organizaciones del  MAS y la COB iniciaron  un bloqueo en las principales rutas del país,  impidiendo incluso el paso de oxígeno para enfermos con coronavirus. El gobierno de Añez reportó más de 40 muertes por falta de ese insumo.