El gerente de Boliviana de Aviación (BoA), afirmó que la pandemia por el Covid-19 afectó severamente a la aerolínea, pero aclaró que el daño comenzó antes, con las acciones que asumió el régimen de Jeanine Áñez en desmedro de la empresa estatal
Ronald Casso, gerente general de la empresa estatal Boliviana de Aviación (BoA), sostuvo que el efecto de la pandemia producto del Covid-19 generó una crisis en la empresa estatal que adquirió una deuda acumulada de corto plazo que asciende aproximadamente a $us 43 millones, además de aeronaves en tierra y anuncios legales por endeudamiento.
Pero hizo notar que el daño a BoA empezó antes de la pandemia, porque se tomaron acciones direccionadas con una intencionalidad clara de hacerle daño financiero y de beneficiar a empresas privadas.
Casso precisó, en entrevista para el programa Primer Plano de Bolivia TV, que reproduce ABI, que la administración completa de la aeronáutica en Bolivia fue entregada a empresas privadas, lo que refleja la intencionalidad, según su criterio, del Gobierno de facto de generar un daño a BoA.
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Sobre los problemas financieros adelantó que recuperar la deuda que arrastra la empresa estatal demorará aproximadamente dos años y calculó que a finales de 2022 la operación será sostenible y rentable, como era antes de que se produjeran estos hechos, sostuvo Casso.
“Estamos ajustando los itinerarios para poder tener ingresos que nos ayuden a sobrepasar esta etapa difícil. Luego, también estamos con muchas operaciones especiales, como los vuelos chárter que nos generen recursos adicionales destinados especialmente a sostener la operación con esos estándares, poder cumplir con nuestros trabajadores también”, agregó el gerente de BoA.
El funcionario detalló que en 2018 la aerolínea tenía 22 aviones en vuelo; mientras que en la actualidad esa cantidad de naves se redujo a 15. De esos 22 aviones, dos han sido devueltos y cinco están en proceso de mantenimiento sin operar.
En cuanto a los destinos nacionales, Casso detalló que se recuperaron todos los destinos a excepción de Uyuni, que fue suprimido en la anterior administración del Gobierno de Áñez.