Según la investigación defensorial “Sin nosotras, no hay democracia” sobre el cumplimiento de la Ley N°243 contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, pese a la vigencia de esta normativa, concejalas y alcaldesas aún se encuentran en situación de desprotección debido al incumplimiento de la misma por parte de gobiernos departamentales y municipales.
Fuente: ABI
Los resultados de la investigación, realizada entre junio y diciembre de 2019 y que abarcó a los nueve gobiernos departamentales y 91 gobiernos municipales en el país, muestra que solo el 55,6% de las Asambleas Legislativas Departamentales (Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Potosí y Santa Cruz) y el 26% (54) de los concejos municipales intervenidos cumplen la Disposición Transitoria Quinta de la Ley 243, que establece la obligatoriedad de la modificación y adecuación de la normativa interna para sancionar actos de acoso y violencia política.
La Ley contra el acoso y violencia política también establece la conformación de una comisión de ética para dirimir conflictos relacionados con esas problemáticas; misma que fue conformada en solo el 66,7% de los gobiernos departamentales (Beni, Chuquisaca, Pando, Potosí, Santa Cruz y Tarija).
En tanto, de los 91 concejos municipales intervenidos, 51 informaron que tendrían dicha comisión, que no está reglamentada; 22 informaron que tendrían conformada esa instancia y su reglamento correspondiente, 11 no respondieron al requerimiento informativo de la Defensoría del Pueblo, cuatro informaron que no cuentan con una comisión de ética, y tres no brindaron información.
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Un aspecto que destaca la investigación defensorial son las denuncias de acoso y violencia política relacionadas a las renuncias presentadas por mujeres autoridades entre 2015 y 2018, que implicó dimisiones en el 24,4% de los 91 concejos municipales en los que se intervino.
Estas renuncias muestran un patrón que se relaciona con la “gestión compartida” que se da a nivel nacional, que implica alternar el cargo entre la autoridad titular con la suplente; que si bien, no se encuentra prohibida por la normativa electoral boliviana, para la Defensoría del Pueblo es un factor para la generación de actos de acoso y violencia política.
A fin de trabajar en la solución de esta problemática, la Defensoría del Pueblo realiza una serie de recomendaciones para que diferentes instituciones competentes asuman acciones necesarias para garantizar a las mujeres autoridades –titulares y suplentes– las condiciones mínimas para prevenir y sancionar hechos de acoso y violencia política.