De acuerdo con el análisis de Del Granado, la denuncia y el enjuiciamiento contra la expresidenta Áñez por los delitos de sedición, conspiración y terrorismo es una “artimaña” del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) para encarcelar a la exautoridad de forma ilegal.
Fuente: ANF
De acuerdo con la evaluación del abogado, Juan del Granado, el proceso por el que se determinó una detención preventiva para la expresidenta, Jeanine Áñez, está basado en una “aberración jurídica” con el objetivo de atropellarla en sus derechos y encarcelarla ilegalmente, eludiendo el juicio de responsabilidades que le corresponde.
“Aquí la triquiñuela jurídica para llevar adelante el atropello consiste en separar los actos supuestamente conspirativos de los actos delictivos supuestos ya en el ejercicio del gobierno de la expresidenta Áñez. Esto no es posible hacerlo, esto es la dimensión mayor de la aberración jurídica; tiene que haber una sola jurisdicción, la de la Corte Suprema de Justicia, tiene que haber un solo juicio y como manda nuestra ley penal, una sola sentencia, más allá del concurso de varios delitos”, indicó el exalcalde de La Paz a CNN.
Del Granado, quien impulsó el juicio de responsabilidades contra el fallecido dictador Luis García Meza, aseguró que en ese caso, donde se investigó hechos de sedición, conspiración y terrorismo, también hubo actos previos y preparatorios; sin embargo, todos los hechos culminaron en el golpe de Estado y la instalación de un gobierno de facto, pero todos fueron juzgados solo en un juicio de responsabilidades.
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“A García Mesa lo enjuiciamos por todos los delitos, no solo los cometidos antes de ser presidente sino los que cometió cuando era comandante del Ejército y lo hicimos en un juicio de responsabilidades porque eso es lo que corresponde a un mandatario. Por supuesto la Constitución no dice mandatario de facto o mandatario de derecho”, aclaró.
En el caso contra Áñez, el ministro de Justicia, Iván Lima, justificó el proceso alegando que se investigan los delitos supuestamente cometidos en su condición de senadora de la Asamblea Legislativa, antes de asumir como presidenta; y que en todo momento se habría respetado el debido proceso.
De acuerdo con el análisis de Del Granado, la denuncia y el enjuiciamiento contra la expresidenta Áñez por los delitos de sedición, conspiración y terrorismo es una “artimaña” del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) para encarcelar a la exautoridad de forma ilegal, “eludiendo el juicio de responsabilidades que le corresponde como expresidenta por supuestos delitos que hubiere podido cometer en el ejercicio de sus funciones”.
“Es la mayor dimensión en la propia concepción (del proceso), muestra un ardid, una chicana jurídica para desproveer a la expresidenta de los derechos y garantías constitucionales, se trata de una acción con un amarguísimo sabor a venganza, no solamente la persecución política o el amedrentamiento. Hay un ánimo de venganza que no acaba de entenderse si no es por la vía de explicar o razonar sobre las terribles limitaciones que tiene el gobierno de Luis Arce, que con estas acciones intenta cerrar filas en el MAS ante agrietamientos en el partido”, apuntó.