El presidente de las Clínicas Privadas, Alfredo Romero, advirtió que su sector está en un riesgo de “quiebra inminente” por los aranceles máximos fijados por el Gobierno para la terapia intensiva y atención de casos COVID-19, porque fijaron límites de costos “de una manera alegre sin hacer un análisis cuidadoso”.

En contrapartida, hizo conocer que el sector privado está dispuesto a participar de la campaña masiva de vacunación contra el coronavirus y recibir pacientes con el virus a través de un convenio vía el Sistema Único de Salud (SUS).

Como los galenos del sector público, se oponen a la vigencia de la Ley de Emergencia Sanitaria porque justamente regula los precios de atención en las clínicas privadas. Una resolución ministerial fija los precios máximos en servicios como terapia intensiva, tras una serie de denuncias de alto cobros e incluso garantías de hasta $us 20.000.

Para terapia intensiva por cada 24 horas se fijó en Bs 3.324; en cuidados intermedios, Bs 2.604; y en atención primaria, Bs 1.137.

“Ha fijado aranceles de una manera alegre, sin hacer un análisis cuidadoso de los costos de mantenimiento de una terapia intensiva, y que expone a instituciones privadas de salud a una quiebra inminente”, advirtió Romero en Santa Cruz y rodeado de los galenos que ampliaron su inicial paro de 10 días a otros 15 días en demanda de la anulación de la lay observada.

Romero calificó de inconstitucional la regulación porque no está contemplado en la Constitución Política del Estado.

A pesar de haber avalado inicialmente la Ley de Emergencia Sanitaria, el Colegio Médico de Bolivia desconoció el acuerdo firmado con el Gobierno y que incorporó reformas al texto inicial en lo relativo a la contratación de médicos que hayan estudiado dentro o fuera de Bolivia y la prohibición de la suspensión de los servicios de salud.