Para el jurista Gary Prado es legal que una persona sea denunciada muchas veces, pero el tema es si esas denuncias tienen fundamento. Dijo que aquí es donde el Ministerio Público ha perdido su esencia de actuar con objetividad y se ha convertido en un “comisariado político”.
Fuente: ANF
La estrategia política del Gobierno de “sepultar” con procesos penales a quienes considera sus opositores es ejecutada por el Ministerio Público y por el Órgano Judicial que se constituyen en los operadores de la persecución política, al aceptar denuncias sin fundamento, “absurdas” y hasta inventadas, señalan tres abogados entrevistados por ANF.
El propósito de esta “lamentable costumbre” de quienes detentan el poder –criticada por organismos internacionales como la Corte IDH, la Corte Europea de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos- es saturar de querellas penales al acusado para amedrentarlo y mantenerlo en la cárcel el mayor tiempo posible, indican.
Pese a que existe en el Código Penal figuras que permiten establecer la conexión entre delitos, agregan los juristas, las autoridades optan por acumular procesos para que el acusado tenga que lidiar contra hasta 100 causas –como en el caso de José Antonio Aramayo-, lo que a nivel internacional significa un escándalo.
“Esto es algo recurrente, es una lamentable costumbre que tienen quienes detentan el poder, y que jamás en ningún momento existió la oportunidad de poner un alto; lo ha hecho Gonzalo Sánchez de Lozada, lo ha hecho Evo Morales durante 14 años, lo ha hecho Jeanine Áñez y lo está haciendo con mayor intensidad el gobierno de Luis Arce, entonces lamentablemente es algo que se ha normalizado en el país, una situación que en cualquier otra coyuntura a nivel internacional sería muy grave”, dijo a ANF Franco Albarracín, abogado de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia.