Microempresa e industria ven frágil combate al contrabando y alertan desempleo en sector formal

“El plan de lucha contra el contrabando carece de personal, equipamiento y mayores puntos de control en la frontera”. Así, el secretario de Relaciones de Conamype Bolivia, Juan Carlos Vargas, reparó en la actual política que ejerce la administración pública en la protección del mercado, la producción nacional y el empleo.

El dirigente afirmó que el impacto del comercio ilegal de productos de contrabando es considerable en términos cuantitativos, que se reflejan en el deterioro económico y productivo de las industrias que transforman la materia prima en productos acabados. Los sectores más afectados son el textil y de confecciones, cuero y marroquinería, madera, joyería y alimentos.

En opinión del gerente administrativo de la Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watt’s Casal SRL, Juan Antonio Casal, el contrabando ocasiona competencia desleal con la producción nacional y genera más mercados informales que desfavorecen a las actividades legalmente establecidas. Afirmó que más del 30% de las golosinas consumidas en el país ingresan de contrabando y un 30% de manera legal, pero subvalorada para pagar menos impuestos de lo debido.



Agrega que esto impacta directamente en el precio y la variedad de productos comercializados deprimiendo los márgenes de utilidad y desincentivando la inversión para aumentar la capacidad productiva. “A menor ganancia y menores incentivos para ampliar la producción se pierde la posibilidad de generar más fuentes laborales. Con una menor oferta nacional, se fugan nuestras preciadas divisas en compras no esenciales como son las golosinas”, precisó Casal.

Llamó al Gobierno a proteger la industria nacional aumentando los controles en los pasos fronterizos e incrementando los aranceles de importación de productos terminados temporalmente, mientras los países vecinos continúen con sus monedas devaluadas.

Fernando Ciarroca, CEO de la Unilever en Bolivia, insinuó que el contrabando impacta fuertemente en las empresas formales y el problema principal es que hay muchas fuentes de trabajo amenazadas. Aduce que Unilever da trabajo a una numerosa cantidad de personal de mercado (repositores, impulsadores de venta, pre-ventistas), emplea operarios de fábrica, personal en sus centros de distribución, empleados administrativos y de marketing. Adicionalmente, produce un empleo expansivo –personal para los comedores de fábrica, empresas de mantenimiento de máquinas, ingenieros, transporte, materias primas y material de empaques-. Las compras que provienen del contrabando no necesitan esos puestos de trabajo”, dijo Ciarroca.

Desde el Grupo Venado, el gerente comercial Diego Subieta, señaló que el contrabando impacta directamente en el volumen de ventas, reduciéndose de manera significativa por el ingreso ilegal de productos de países vecinos a través de zonas fronterizas, principalmente Guayará, Desaguadero, Riberalta y Yacuiba. “Llegan a las provincias e incluso a las ciudades capitales generando pérdidas superiores a Bs 15 millones”, apuntó.

A decir de Subieta, el contrabando genera un impacto tremendo en la percepción de valor de las distintas categorías, porque cuando entran productos con precios tan bajos se degrada la percepción de valor que tiene el productor boliviano respecto a estos productos. “Esto tiene un impacto directo en la generación de empleos porque tiende a bajar el volumen”, precisó, al exponer que los productos son hasta un 50% más baratos que los producidos en el país.

Devaluación e informalidad

El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Ibo Blazicevic, indicó que el contrabando impulsa la informalización del mercado no sólo de bienes, sino también el mercado laboral. Estima un valor anual de $us 2.300 millones que genera la ilícita actividad en el territorio nacional.

Insinúa que el contrabando, impulsado en los últimos meses por la devaluación de las monedas en Argentina, Brasil y Chile, genera una competencia desigual con la industria nacional y formalmente establecida. Alude un efecto desindustrializador con alcances en la reducción del empleo formal y productivo y la evasión impositiva.

Actualmente -aclaró- que los sectores más impactados por el flagelo del contrabando son bebidas y alimentos, la industria textil, de plásticos, de manufacturas de madera, de cueros y la farmacéutica. “La meta de comiso del contrabando de la Aduana en 2021 alcanza al 1,8% de los $us 2.300 millones. Es una meta reducida y con escaso o nulo impacto sobre la lucha contra este flagelo que tiene tendencia creciente en el contexto del Covid-19”, insinuó Blazicevic.

Mercancías que no tributan

A decir del presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Barbery, el contrabando es un delito que ocasiona daños irreparables y estructurales, y cuyos efectos explican en gran medida la situación de atraso y precariedad que enfrentan varios sectores y regiones del país.

En criterio de Barbery, resulta casi imposible que las empresas puedan competir en precios con mercancías que no pagan impuestos, que no tienen ninguna revisión de calidad o inocuidad y se venden sin control. Al factor precio, suma otros como la debilidad institucional, la insuficiencia de infraestructura, equipos y personal para combatirlo, la naturalización y permisividad social y la dificultad para hacer cumplir la ley.

Los efectos de este delito -arguyó- van más allá de la competencia ilegal con la producción, porque también generan un enorme sistema de comercio, transporte y distribución interna que actúa en la zona gris de la informalidad, sin pagar impuestos y captando una gran cantidad de empleo totalmente precario y sin protección.

En 2015, la CEPB elaboró un estudio sobre los efectos del contrabando en Bolivia que, con base a cifras disponibles y cálculos técnicos, estima que genera alrededor de $us 1.680 millones y si se suma el ‘contrabando hormiga’ llega a $us 2.230 millones. “Se trata de una actividad que genera un movimiento económico superior que la mayoría de los sectores industriales, y si se controlara, implicaría un crecimiento adicional entre 1 y 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB)”, manifestó Barbery.

Cicatrices profundas

El Centro Boliviano de Estudios Económicos (Cebec) de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) afirma que la internación ilegal de productos -principalmente de Argentina- se ha acentuado debido al desorden en su macroeconomía, extensión, permeabilidad y débil control en las fronteras.

Recientemente el Cebec cuantificó el contrabando que afecta la industria de alimentos. Con métodos estándar de comparación de registros estadísticos y cuantificación de equilibrios entre oferta y demanda estimó un impacto de $us 400 millones anuales, cifra equivalente al 1% del PIB.

El contrabando y la defraudación (subfacturación) afecta a empresas formalmente establecidas en el sector de comercio. El Cebec cuantificó el mercado informal de televisores pantalla plana y celulares, cuyos resultados indican que el 90%, unos $us 576 millones se originan en el contrabando.

De manera análoga, estimaciones del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), para el caso de medicamentos indican una cifra de $us 30 millones y de $us 74 millones en ropa usada.

Distorsión en el mercado

Desde la Cámara Nacional de Comercio (CNC-Bolivia), el gerente general Gustavo Jáuregui, el contrabando es una actividad ilegal que afecta la actividad legal del sector empresarial formal de la economía, que resta competitividad y genera distorsiones en el mercado, como ser precio de venta final, calidad, expectativas del cliente, servicio post venta, etc. Adicionalmente, dijo que desincentiva el comercio formal debido a la competencia desleal.

Según Jáuregui, uno de los sectores más golpeados por esta actividad ilícita es el automotriz de importadores y comercializadores legales y formales de vehículos en nuestro país. En pandemia los productos farmacéuticos tomaron protagonismo en esta actividad ilegal, así como los artículos de vestir, alimentos, línea blanca y línea negra (televisores, computadoras y celulares, entre otros).

Bodegas golpeadas

Desde la Asociación Nacional de Industrias Vitivinícolas (ANIV), el presidente Luis Pablo Granier, sin haber cerrado la vendimia (cosecha de uva) se estima que las bodegas legales dejaron de comprar un 35% debido al sobre inventario de la gestión pasada. «El contrabando de vino argentino y bebidas sustitutas al singani ponen en peligro la sostenibilidad de muchas bodegas. A esto se debe sumar el comercio ilegal de uva fresca de Perú y Chile que afectan al negocio del pequeño productor.», puntualizó.

Hizo notar que el sector vitivinícola es golpeado con impuestos específicos que quitan competitividad y desalientan la inversión. «El tema es, hacemos más difícil el negocio a los informales y delincuentes con medidas de fondo, o mejoramos la competitividad de nuestros productos«, dijo Granier.

Administración aduanera

EL DEBER envió consultas a la Aduana Nacional para conocer la política pública o ejes transversales que incluye el plan de combate al contrabando, zonas fronterizas donde se ejerce mayor control y cantidad de operativos realizados por los organismos de interdicción en lo que va de este año, pero no se tuvo respuesta hasta el cierre de la edición.

No obstante, con ocasión de la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas 2021 -se llevó a cabo el 3 de marzo de la presente gestión en Tarija, la presidenta ejecutiva de la Aduana Nacional, Karina Serrudo, describió que hasta el 14 de febrero de la presente gestión se alcanzó un valor de comiso de mercancía de Bs 54,4 millones que representa el 20,5% de avance con respecto a la meta proyectada (Bs 289 millones). La meta de recuperación de la deuda tributaria para la presente gestión ronda Bs 257 millones. En 2020, la meta fue de Bs 109,11 millones alcanzando a recuperar Bs 53,29 millones (49%).

Este año la Aduana se plantea la implementación del Centro de Contacto de la Aduana Nacional, con el propósito de brindar servicios aduaneros a los operadores de comercio exterior las 24 horas. Para la presente gestión se tiene una meta de 3.096 controles diferidos y 114 fiscalizaciones en todo el territorio nacional.