El Estado busca recuperar el valor del armamento desactivado
Fuente: correodelsur.com
Cuatro años después de que se dictara la sentencia en contra de varios exjefes militares por la desactivación de 36 misiles chinos de propiedad de las Fuerzas Armadas en 2005, la demanda de reparación de daño económico sigue en trámite en un juzgado del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; este martes, a las 14:30, tendrá lugar la audiencia de presentación de informes periciales del monto del supuesto daño.
Aydé Martínez, abogada de la Procuraduría General del Estado en Chuquisaca, informó que esta demanda emerge del juicio de responsabilidades que se activó en contra de varios exjefes militares que fueron sentenciados a condenas de dos y tres años de prisión, acusados de la entrega de estos misiles a Estados Unidos para su desactivación, bajo el argumento de que podrían ser sustraídos y utilizados en acciones terroristas.
Informó que la demanda de resarcimiento fue planteada por el Ministerio Público, la Procuraduría, el Ejército de Bolivia y el Ministerio de Defensa y que este proceso busca que se determine el valor de los misiles, para que el Estado pueda recuperar el valor de este armamento que habría sido desactivado porque ya estaba en desuso.
“Estamos terminando la fase probatoria (del daño), estimamos que en unas dos o tres audiencias más podría terminar este caso; la Procuraduría interviene unos tres años en este caso”, señaló Martínez.
La abogada explicó que los demandantes tropiezan con varios inconvenientes en este proceso debido a que los demandados no tienen domicilio establecido en Sucre y a las reiterativas renuncias de los abogados defensores de oficio que patrocinan a los acusados.
Para esta tarde, a las 14:30, está prevista la audiencia de producción pericial de la defensa de uno de los exjefes acusados.
Martínez dijo que el costo del daño económico será establecido por el juez, en el marco de la sentencia condenatoria contra al menos 10 exjefes y personal militar involucrados en la desactivación de misiles chinos en 2005.
Dentro de este proceso, fueron denunciados el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, que fue excluido del caso por la Asamblea Legislativa, y solo quedó su exministro de Defensa, Gonzalo Méndez, procesado y sentenciado en rebeldía.