El exministro de Economía fue convocado como testigo, mientras que el extitular de la cartera de Seguridad Ciudadana, como investigado.
Fuente: Página Siete Digital
El exministro de Economía, Óscar Ortiz, y el exviceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santarmaría, se presentaron este lunes a declarar ante el Ministerio Público; el primero por el caso Fundempresa y el segundo por la compra de 170 respiradores españoles.
“El suscrito fiscal general del Estado Juan Lanchipa ordena a cualquier funcionario policial o del Ministerio Público, citar formalmente en calidad de testigo a Óscar Ortiz Antelo para que portando su documento de identidad u otro que lo identifique, se constituya en dependencias de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, el lunes 19 de abril a las 11:00 con el objeto de presentar su entrevista testifical, en calidad de testigo dentro del presente proceso”, señala el citatorio.
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El caso involucra a la expresidenta Jeanine Añez y los exministros de Desarrollo Productivo y Economía Plural, José Abel Martínez y Adhemar Guzmán Ballivián, por la presunta comisión de uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la Constitución y conducta antieconómica.
El exministro Ortiz se presentó ante la Fiscalía cruceña para la toma de declaraciones. «He atendido todas las consultas del Ministerio Público», señaló la exautoridad, a la salida del Ministerio Público.
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En el caso de Santamaría, fue convocado a declarar en calidad de sindicado por la presunta compra irregular de 170 respiradores españoles de la marca Respira, durante la cuarentena rígida por la pandemia, en mayo de 2020.
El exviceministro de Seguridad Ciudadana se presentó de forma voluntaria en instalaciones del Ministerio Público de La Paz, por la presunta comisión de uso indebido de influencias, por la licitación del equipamiento en salud.
La exautoridad es involucrado en el caso por haber recibido los respiradores en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Otra de las autoridades citadas a declarar fue el exministro de Economía José Luis Parada, por la presunta autorización sin el consentimiento de la Asamblea Legislativa, del crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI), por 327 millones de dólares.
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