Existen órdenes de desalojo de tierras del Estado, que se han convertido en armas de extorsión, coerción o sobornos, según Tierra.
domingo, 18 de abril de 2021 · 05:04
Fuente: paginasiete.bo
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Págna Siete / La Paz
La Fundación Tierra denuncia que tierras fiscales, que son del Estado, se han convertido en objeto de negocio y en las que hay asentamientos privados y las autoridades no hacen cumplir las órdenes de desalojo de las propiedades.
Edwin Characayo, exministro de Desarrollo Rural y Tierras, intentó sanear con un soborno el predio denominado El Triunfo II, de 1.350 hectáreas, ubicado en el municipio de San Julián del departamento de Santa Cruz, que pertenece al Estado y está clasificado como tierra fiscal, según el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y datos de la Fundación Tierra.
Para la institución el tráfico de tierras es uno de los peores fenómenos de corrupción en Bolivia.
El director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, aclaró que si la tierra es del Estado, ningún actor privado puede ingresar y efectuar siembra, pero el Estado no hace cumplir la ley
En los hechos, lo que ocurre es que la tierra fiscal cuando tiene potencial productivo, empieza a ser ocupada por gente; se desmonta y habilita como predios de cultivo porque el Estado no protege ni hace cumplir la ley.
Hay resoluciones del INRA de desalojo de la gente que se ha metido a tierras fiscales, pero autoridades y funcionarios en lugar de hacer cumplir esas resoluciones, no lo hacen porque esas resoluciones se han convertido en armas de coerción. Se va donde los menonitas y empiezan las extorsiones y coerción, sobornos con las resoluciones, indicó Colque en radio Compañera.
Añadió que mucha gente prefiere mantener este estado de cosas y las colonias de menonitas que están amenazadas con resoluciones de desalojo pagan con las ganancias que les da la siembra de cultivos de soya y otros.
Por cada hectárea, por alquiler de tierras se pagar de 150 a 180 dólares. Pagar por esto es parte del modelo del agronegocio que privatiza y se apropia de tierras fiscales. Si algo debe hacerse con el tráfico de tierras es cumplir la ley. Donde hay orden de desalojo se debe proceder, pero ¿por qué ni lo hace el INRA? Si no se cumpl, e quiere decir que se tiene en manos mecanismos de coerción, sobornos, agregó Colque.
Detenciones
De acuerdo con el documento de imputación de la Fiscalía de La Paz, Hiper García, exdirector de Desarrollo Rural, pidió 200 mil dólares a los dueños del predio ilegal El Triunfo II para dos dirigentes de San Julián. Otros 100 mil dólares serían destinados a Characayo, 200 mil dólares dirigidos a funcionarios y técnicos del INRA.
Una vez iniciada la reunión en propiedades de las Colonias Urubó, él (Hiper García), empieza a explicar los montos económicos, que necesita para pagar a los diferentes técnicos y funcionarios del INRA (..). Él menciona que deberíamos pagar 200 mil (dólares) a dos dirigentes de movimientos sociales de San Julián, señala el documento de resolución de imputación formal del Ministerio Público, con base en la denuncia hecha por Dareen Schmidt, familiar del supuesto dueño del predio.
El exministro Characayo permanece detenido en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y espera su traslado a Palmasola.
