La institución cívica dice que hay irregularidades en la adjudicación del contrato por excepción a esa firma.
El Comité Cívico Pro-Santa Cruz presentó esta tarde una denuncia penal ante la Fiscalía en contra de exprocurador Pablo Menacho, el actual embajador de Bolivia en la OEA, Héctor Arce, y el presidente interino de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), Gustavo Choque, por la adjudicación de la defensa de la estatal en el arbitraje internacional contra Jindal Steel a la firma Alliance Abogados Asociados.
El abogado del ente cívico Jorge Valda sostuvo que se cometieron irregularidades en el proceso de contratación, por lo cual se interpuso una querella por los delitos uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito de particulares, favorecimiento al enriquecimiento ilícito, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes.
“Se pide una investigación exhaustiva al Ministerio Público para que se esclarezca el procedimiento que ha seguido el presidente interino de la Siderúrgica del Mutún; se debe justificar por qué la Procuraduría no asumió defensa y la contratación de un estudio jurídico que es un costo extra para el Estado”, añadió.
El fin de semana, Página Siete dio a conocer que Alliance Abogados y Asociados, de la que son socios Arce y Menacho, se adjudicó bajo la modalidad “contratación por excepción” la defensa de la ESM, tarea por la que la firma recibirá honorarios por $us 360.000.
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El bufete de abogados alegó en su defensa que Alliance Abogados Asociados fue contratada por medio de un proceso de licitación y por la «vasta experiencia en arbitraje internacional y en el amplio conocimiento que tienen los abogados del estudio jurídico sobre el referido caso”.
El abogado del Comité Cívico Pro Santa Cruz explicó que el contrato fue irregular, puesto que no se siguieron los pasos establecidos para aplicar la modalidad de “contrato por excepción”. Además sostuvo que los exfuncionarios del gobierno de Evo Morales aprovecharon la información que tenían sobre el caso para lucrar, lo cual es un delito por tratarse de intereses del país.
En marzo se realizó la convocatoria para contratar un bufete en la página web de la ESM, s que debía ser publicada en el portal del Sistema de Contrataciones Especiales (Sicoes) al tratarse de un monto superior a los $us 20.000. El proceso de contratación tomó un mes, lo que significa que no se emitieron dos compulsas públicas como establece la norma, para optar por otra modalidad por excepción.
Valda detalló que la ficha del Sicoes da cuenta de que Alliance Abogados y Asociados fue la única proponente.
“El 19 de marzo inició el proceso, un mes más tarde, el 20 de abril se firmó el contrato, un proceso extremadamente rápido. El 21 de marzo recién se publican los documentos en la página del Sicoes. Entonces, cómo se le puede llamar a este proceso de contratación, secreto?”, inquirió.
Otro aspecto observado es que hubiera contratado a una firma que no tiene ni un año de creación. A ello se suma que no son los únicos especialistas en litigios internacionales en Bolivia, lo que sería otra irregularidad, puesto que hay firmas que tienen más de 10 años de experiencia en el área, argumentó.