Las movilizaciones sociales en noviembre de 2019, en Cochabamba. | José Rocha
Las diferentes instancias de la justicia boliviana, además de entidades del Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, llevan adelante acciones para “lavar la cara” de Evo Morales y con miras a su postulación en los comicios 2025 e incluso si se interrumpe el mandato de Luis Arce. Pero también busca el partido azul imponer la teoría de un presunto golpe de Estado.
Ésa es la visión que tienen varios políticos y analistas, con base a los actuados de la jurisdicción ordinaria de liberar de culpa al exmandatario en diversos casos, la tergiversación de la Procuraduría General del Estado (PGE) sobre los hechos acontecidos en octubre y noviembre de 2019, la aprobación de leyes y designación de embajadores,
“Es vital para ellos en vista a 2025 o a un acortamiento de mandato, ellos saben que la única opción del MAS, después de Luis Arce, es que pueda postularse Evo Morales, entonces están haciendo una respuesta desesperada para lavar la cara de Morales y pueda generarse una nueva postulación toda vez que hay contradicciones internas”, señaló Manuel Morales, del Conade.
El exmandatario fue denunciado por tres casos de estupro y trata y tráfico de personas, acciones retardadas en la justicia, pero luego de ganar el MAS en las nacionales, estas acciones fueron rechazadas.
La jueza Claudia Castro resolvió suspender y archivar la investigación por el caso fraude electoral contra el expresidente Morales, el exvicepresidente Álvaro García Linera y los exministros Héctor Arce, Carlos Romero y Juan Ramón Quintana.
Para el abogado Eusebio Vera, el MAS busca imponer su teoría de golpe y desconocer las irregularidades cometidas en las elecciones de octubre de 2019, para favorecer a Morales.
También recordó que el MAS siempre desconoció la voluntad popular. Muestra de ello es el referendo de 2016 y su habilitación por el TCP, entre otros.
Para la politóloga Patricia Velasco, la teoría que maneja el MAS tiene como fin el lanzamiento de la nueva candidatura de Morales.
“Muestra de ello es la última actuación de la PGE, que falsea la verdad en un informe remitido a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que dice que García Linera fue forzado a renunciar, hecho contrario a lo que ocurrió”, dijo.
“Hoy (10 de noviembre de 2019), estoy renunciando a mi cargo de Vicepresidente, el golpe de Estado se ha consumado (…) quiero que sepa el pueblo boliviano que hemos renunciado para que no busque la violencia por parte de las fuerzas agresivas”, dijo García Linera en esa oportunidad.
En enero 2020, la Asamblea Legislativa controlada por el MAS aceptó las renuncias de Morales y García Linera.
En esta misma línea, los analistas recordaron que desde el Legislativo se aprobó una ley de indulto en que se argumenta que hubo golpe de Estado para liberar a todos los que cometieron acciones contrarias a las normas entre 2019 y 2020.
Asimismo, señalan que se promovió la designación de Héctor Arce ante la OEA para intentar desvirtuar el informe de irregularidades cometidas en los comicios nacionales de 2019.
Caso Neurona, archivado
De acuerdo con reportes, el expresidente Evo Morales fue beneficiado con el archivo o rechazo de procesos en su contra por sedición y terrorismo, estupro, fraude electoral y el caso Neurona, entre otros.
El pasado 15 de abril, la fiscal Rocío Feraudi presentó al juez quinto de Instrucción Anticorrupción del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz la resolución de sobreseimiento del caso Neurona con el argumento de que “los elementos de pruebas son insuficientes para fundar la acusación”.
Así, quedan en la nebulosa los contratos irregulares por 12,4 millones de bolivianos adjudicados a la consultora mexicana Neurona entre 2017 y 2018.
Iglesia y analistas objetan informe de la Procuraduría
La Iglesia católica, legisladores de la oposición y analistas políticos criticaron y rechazaron el informe de la Procuraduría General del Estado, enviado a las Naciones Unidas, sobre el “desarrollo de las protestas y otras situaciones de tensión, tras las elecciones generales del 20 de octubre de 2019”, por tergiversar estos hechos para sustentar la narrativa de “golpe de Estado”.
El obispo emérito de Sucre Jesús Juárez justificó el rol que la Iglesia católica desempeñó en el proceso de transición entre los años 2019 y 2020 y pidió a la población “pensar en el reencuentro”.
El religioso manifestó la necesidad de “condenar la mentira y defender la verdad”, ante el argumento reincidente de involucrar a la Iglesia católica en un supuesto golpe de Estado.
Juárez convocó a los bolivianos a “dejar los enfrentamientos”, rechazar toda violencia y “vivir en paz”.
El abogado constitucionalista William Bascopé y el analista político Roger Cortez, en entrevista con radio Panamericana,coincidieron ayer en sus críticas al contenido de dicho informe y al papel de la Procuraduría en este caso, totalmente contrario a lo que establecen las leyes.
Bascopé señaló que con todas las mentiras que contiene ese informe, para demostrar que hubo una supuesta ruptura constitucional en 2019, se está faltando el respeto a la memoria de los bolivianos y tratando de tapar la verdad del fraude electoral que se cometió en las elecciones de 2019.