Fuente: lostiempos.com
Su imagen se hizo conocida a nivel nacional al verla en batallas legales como los casos de la niña Patricia Flores, Andrea Aramayo o del bebé Alexander. Ya ha atendido más de cien causas similares, pero, aun así, al recordarlas, suele emocionarse notoriamente. La abogada Paola Barriga Machicao habló con OH! sobre la tragedia de los feminicidios y los infanticidios en Bolivia.
– ¿Qué razones la impulsaron a trabajar en un área tan llena de adversidades?
-La sensibilidad por el sufrimiento de las familias. Para ellas, estas desgracias implican un peregrinar sin límites. Entonces mi especialidad como abogada penalista ha generado que pueda servir en este espacio. En el caso de la niña Patricia Flores, que ha sido uno de los más emblemáticos y con el que inicié mi carrera, pude advertir todo lo que conllevaba este drama.
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Era un caso que había quedado en la impunidad, prácticamente ya estaba cerrado. Tuve que reabrirlo y reencausarlo. Así hoy tenemos una sentencia condenatoria contra Odón Mendoza, el regente de la escuela, y contra la directora, quien hoy se encuentra prófuga. Sumamos más de 20 años de proceso.
– ¿Cuántos casos de esta clase ya ha atendido?
– Entre infanticidios y feminicidios ya contamos más de un centenar de casos.
– ¿Cuáles le conmovieron más?
– Todos tienen un dolor impresionante. Lo que más me llama hoy la atención es la falta de sensibilidad no sólo de las autoridades, sino también de la sociedad. Recordemos como cuando sucedió el caso de la niña Patricia Flores, cuando se realizó la misa de cuerpo presente, la plaza Murillo se llenó. Estaba repleta, parecía que toda la población se había acercado hasta ese lugar en demanda de justicia.
Ahora seguimos lamentando casos parecidos, pero ya no existe la sensibilidad de la sociedad ni de las autoridades. Las cifras aumentan todos los días. Podemos advertir la muerte de muchas mujeres que enluta a nuestra sociedad, pero la sensibilidad pareciera perdida. Eso no deberíamos tolerar.
– ¿Cuáles han sido sus más importantes victorias y cuáles los que le dejaron sabor a frustración?
– En todos los casos llegamos a sentencias condenatorias, pero uno me marcó porque no pudimos lograr lo que correspondía. Es la muerte de cuatro jovencitas que eran estudiantes de la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés. Todas las muertes estaban vinculadas a los mismos actores. Pero lamentablemente, cuando entramos a juicio, los abogados buscaron demostrar que se trataba de suicidios. En el único caso que logramos un juicio acusatorio, el tribunal estableció tres años de condena, por homicidio culposo, y no por feminicidio, como correspondía.
Este caso de Lizeth Mamani me consternó y, además, el caso de las otras tres jovencitas que no logramos sentencia. Hubo fiscales que se prestaron a ese juego y autoridades judiciales que permitieron el cierre de esos casos. También recuerdo el caso de los niños con cáncer donde demandamos a la médico principal por negligencia médica terrible, acá en el hospital del Niño. Eran 14 niños que se iban muriendo todos los días viendo lo que les pasaba. Pero la justicia no esclareció lo sucedido y esa médica sigue en funciones.
También recuerdo a Jessica Burgoa, de Oruro. No se hizo justicia y fue un feminicidio, pero en ese momento no existía la tipificación del delito de feminicidio. Entonces, simplemente se sentenció al acusado por asesinato.
– ¿Hay una estructura organizada de abogados, operadores de justicia y políticos proclive a amparar a delincuentes? ¿O rige esa ley de que “todos tienen su precio”?
– Hay escenarios distintos. Pero lo que sí podemos evidenciar es que cuando las familias carecen de recursos la justicia no avanza de manera idónea. En muchos casos el Ministerio Púbico debería obrar de oficio, pero no lo hace. Si las familias de las víctimas no peregrinan todos los días detrás de sus procesos, no avanzan. Entendemos entonces que hay ciudadanos de primera y segunda en el país cuando se trata de justicia.
Por ejemplo, logramos desmontar una red criminal inmensa involucrada en el caso Katanas. Marco Cámara tenía el monopolio de traer a las jovencitas desde Paraguay, Chile y Brasil para prostituirlas en sus lenocinios. No había sólo el de La Paz, sino que también tenían estos negocios en Santa Cruz y Tarija. Para desmoronar esto fue necesario hacerlo público, así se pudo poner en la cárcel a ese sujeto. Estos prostíbulos funcionaban en pleno centro de La Paz, de Santa Cruz y de Tarija, sin que ninguna autoridad diga algo.
Todos los días se generaban delitos dentro de aquellos ambientes. Destruyeron la vida de tantas mujeres. Demostramos que hasta intercambiaban a jovencitas que habían secuestrado en La Paz con otras que traían de diversos países. Es decir, redes de trata y tráfico no eran combatidas. ¿Dónde estaban las autoridades? ¿Dónde estaba algún fiscal que ingrese a verificar lo que sucedía en esos inmuebles e identificar, además, la minoría de edad de esas jovencitas que son llevadas a la fuerza a esos lugares? Imagínese el extremo de que fue la hija del propietario de este lugar quien tuvo que hacer la denuncia, ya que ninguna autoridad lo hacía.
– ¿Con qué fuerzas o instituciones cuentan quienes sufren estas tragedias para que sus demandas puedan tener avanzar y eviten ese infructuoso calvario?
– Hoy estamos en la peor situación a nivel jurídico. Hemos perdido el principal apoyo que era la Defensoría del Pueblo. Solía ser parte de esa lucha, de esa restitución de los derechos, pero hoy tenemos a una Defensoría que sólo defiende a un partido político y no a la población. Nunca nos vimos respaldadas por la Defensora actual. Por ejemplo, cuando atendí el caso Patricia Flores, el defensor Rolando Villena me acompañaba inclusive a las audiencias, se sentaba a mi lado. Era parte de una demanda de justicia de la ciudadanía, hoy no hay nada de eso.
El Ministerio de Justicia generó distintas direcciones para coadyuvar, pero no son una respuesta. Tenemos una instancia que otorga abogados gratuitamente a las víctimas, pero luego dejan a medias ese trabajo y no hacen una verdadera defensa. Estamos organizadas ya como familias de las víctimas de feminicidios. Dentro de esas familias se ha ido gestando una organización que presido. Tratamos de que ellas, desde su experiencia, puedan ayudar a otras familias y así darnos una mano como ciudadanos de a pie para poder luchar contra este flagelo.
– ¿Ha sufrido amenazas o agresiones? ¿Qué costo tuvo en ese sentido su labor?
– Recibo constantemente demandas penales para que me aleje de los procesos. Apenas saben que soy parte de la defensa me inician un proceso por cualquier escenario. Lamentablemente, el Ministerio Público admite las demandas. También las amenazas han sido constantes. Cuando trabajé el caso de la trata y tráfico tuve que dejar a mi hija en resguardo de mis familiares porque ella estaba amenazada de ser secuestrada. Es una lucha constante de amenazas y peligros porque estamos frente a asesinos, violadores y una lacra de seres humanos que se prestan a ese juego.
Lamentablemente, los abogados que los apoyan no son idóneos porque se puede hacer un defensa, pero sin perjudicar la vida de quien está al frente. Por ejemplo, en el caso de Johnatan Quispe, un estudiante de la Universidad Pública de El Alto que fue asesinado. Por defenderlo y decir que no eran canicas, sino una munición la que acabó con su vida, fui procesada por el ministro Carlos Romero. Él quería detenerme a toda costa, querían allanar mi departamento.
Era una abogada contra toda una cartera de Estado. Además, era una defensa legítima que correspondía a esa víctima porque Johnatan fue objeto de un hecho cruel. Recurrí a un amparo constitucional que fue atendido y aceptado. Recién el anterior lunes fue confirmado por un alto tribunal.
– Muchos indicios dan a entender que tanto la comisión de estos delitos como los favores de operadores de justicia inescrupulosos aumentan cada día. ¿Cuáles considera que son las razones?
– Es indignante lo que está pasando. Tenemos la Ley 348 que en un momento nos demostró que las mujeres podíamos denunciar y se escuchadas. Pero se ha promulgado la Ley 1173, que en realidad beneficia a narcotraficantes. Pero además han entendido que, al liberar a ese grupo de personas, también podían liberar a asesinos y violadores. Y hoy tenemos un desequilibrio total. En la aplicación de un delito contra una mujer se debe entender que se tiene que aplicar la perspectiva de género, el hecho de la muerte de una mujer. Se debe aplicar el test de proporcionalidad, que no se aplica.
Entonces hoy tenemos esa Ley 1173 que le permite al asesino, al feminicida y al violador estar en su casa de vacaciones. Un caso emblemático: Andrea Aramayo y William Kushner. Kushner fue sentenciado a 30 años sin derecho a indulto porque se demostró científicamente que pasó con su automóvil sobre el cuerpo de Andrea viéndola. Sabía que ella cayó. Entonces, al probarse este delito y con sentencia, ¿cómo es que él pueda estar en su casa mientras se ejecutoria esa sentencia? Una persona con sentencia no podría salir de la cárcel. Y si no se ejecutoria la sentencia, entonces que recién se lo libere, pero no antes.
Eso está pasando en todos los casos. Por ejemplo, en El Alto, un jovencito, que había sido violado por su papá durante tres años, tuvo la valentía de denunciarlo. Su progenitor fue condenado con la máxima condena. Pero una semana después, una juez corrupta, sin notificarnos, hace una audiencia en la que le otorgan detención domiciliaria. A la semana se dio a la fuga. Y esa juez no le va a dar la seguridad a ese jovencito de que su papá vaya y lo mate. Ya se le ha aparecido varias veces, el muchacho hasta quiere quitarse la vida. Es terrible.
– ¿Qué se debería hacer?
– Esto se está desbordando. Al no existir justicia, no sería raro que la sociedad reaccione de otra forma y busque hacer justicia por mano propia. Dios no lo permita. La impunidad genera la repetición del delito. Ante esa impunidad, ante la falta de sensibilidad, ante la falta de conocimiento de las autoridades, esto se está desbordando. Estamos apenas iniciando mayo y ya tenemos más de 50 feminicidios y sin contar a los suicidios–feminicidios.
Necesitamos políticas de Estado que generen políticas públicas de prevención. El Ministerio de Comunicación debería emitir mensajes para pacificar a la sociedad. No puede ser que pasemos los días contando muertas, de mujeres que sostienen hogares. Finalmente, ¿de qué sirve un hombre en la cárcel o que se haya suicidado, si se ha destruido una familia? Para colmo, el Estado hasta ahora no ha contemplado a los huérfanos de feminicidios. No le interesa, en todo el país no hay una institución que vea en qué quedaron esos huérfanos de feminicidio.