Los involucrados son el ex Director Departamental de la AJAM en La Paz, el ex Jefe de Otorgación de Derechos Mineros y el ex analista legal departamental.
Fuente: paginasiete.bo
La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam) denunció este lunes un nuevo caso de corrupción en la institución, por el desarchivo del contrato minero San Miguel de Huachi en un área forestal en 2020. Producto de esta investigación fue aprehendido el ex analista legal departamental, Diego B., hijo de un diputado de Comunidad Ciudadana.
En conferencia de prensa, la directora de la Ajam, Brenda Lafuente, explicó que se desarchivó un expediente, suspendido entre 2012 y 2014. “Se ha desarchivado una solicitud de contrato administrativo minero de un área forestal sin existir la normativa específica, están implicadas tres personas”.
En un comunicado, la autoridad minera dio cuenta de que los involucrados son: el ex director departamental de la Ajam La Paz, Marcelo L.; el ex jefe de Otorgación de Derechos Mineros de la Departamental La Paz, Vladimir P. y el ex analista legal departamental, Diego B., hijo del diputado de Comunidad Ciudadana, José Guillermo Benavides.
Este lunes fue aprehendido el ex analista legal departamental, producto de las irregularidades presentadas en este caso, explicó la autoridad sectorial. Esta institución destacó que “continuará luchando contra los casos de corrupción y denuncias que afecten al Estado”.
El caso se remonta al 2012, cuando la Cooperativa Minera Aurífera San Miguel del Carmen presentó ante la Corporación Minera de Bolivia la solicitud de contrato de arrendamiento “San Miguel de Huachi”, en los municipios Alto Beni, La Asunta, Palos Blancos, del departamento de La Paz.
Sin embargo el Servicio Geológico Minero estableció que esta solicitud se encuentra dentro de un área forestal, por lo que entre el 2012 y 2014 se suspende la tramitación “por la vigencia de las normas transitorias”. Entre 2015 y 2020 el proceso continúa suspendido por la ausencia de reglamentación y “se remite el expediente a custodia de archivo”.
Esta sería la segunda denuncia de la Ajam, la primera la formuló en abril, cuando la institución alertó que en 2020 una empresa privada se benefició con 25 cuadrículas mineras.