CIDH. FOTO archivo Internet
La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relatora sobre Memoria, Verdad y Justicia, Antonia Urrejola Noguera, instó al Estado boliviano a difundir a toda la sociedad el informe de la Comisión de la Verdad, como requisito de garantía de no repetición, y que no basta con decir que el documento es de acceso disponible para cualquier persona.
«Cuando hablamos de publicidad (del informe), no nos referimos a que el acceso esté disponible a cualquier persona, sino que toda la sociedad pueda conocer los resultados de la Comisión de la Verdad, que toda la sociedad pueda conocer cuáles fueron estos patrones de violaciones a los derechos humanos, precisamente porque la garantía de no repetición es que la sociedad toda pueda saber, y no le corresponde a la sociedad ir a buscar esa información, sino que le corresponde al Estado brindar esa información a toda la sociedad», enfatizó la comisionada.
Las declaraciones fueron realizadas en la audiencia virtual de la CIDH, solicitada por la Plataforma de luchadores sociales y sobrevivientes de la dictadura, la organización de Víctimas de la dictadura Kilómetro Cero y Mujeres de la Libertad, en la que participaron funcionarios de la Procuraduría General del Estado en representación de Bolivia. El tema a tratar fue «Memoria, verdad y justicia en Bolivia. El trabajo de la Comisión de la Verdad sobre las dictaduras militares 1964 a 1982».
Jhanneth Bustillos Bustillos, directora general de Defensa de Derechos Humanos y Medio Ambiente de la Procuraduría General del Estado, con relación a la publicidad de los documentos de la Comisión de la Verdad, dijo que se encuentran en la biblioteca de la Asamblea Legislativa, «donde uno puede ingresar y solicitar». Recordó que la Procuraduría presentó un proyecto para digitalizar la información y esté para su distribución en un sitio web.
El propósito es «que sea accesible a la población en general, a los investigadores, a gente que trabaja en justicia y abogados; esperemos que este proyecto se nos apruebe y podamos hacerlo de manera muy ágil para mostrar los resultados de la Comisión de la Verdad».
Franco Albarracín, abogado de la sociedad civil, denunció que la difusión del informe de la Comisión de la Verdad fue nula y que la única publicidad que tuvo fue un evento en el que participó el presidente del Estado, Luis Arce Catacora.
«Los 11 tomos están guardados en la Vicepresidencia, hay un resumen de unas 80 páginas accesible solo en formato físico, no hubo publicidad, nadie sabe del informe, no hay una política para difundir el contenido de manera didáctica», lamentó.
La Comisión de la Verdad fue conformada el 21 de agosto de 2017 por el gobierno del expresidente Evo Morales con la finalidad de esclarecer los asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual, fundados en motivos políticos e ideológicos, ocurridos en el periodo de las dictaduras.
En marzo de 2020, la Comisión entregó su Informe de Gestión a la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, consistente en 11 tomos empastados que contienen su investigación sobre los delitos de lesa humanidad acontecidos en Bolivia entre el 4 de noviembre de 1964 y 10 de octubre de 1982.
Un año después, el 22 de marzo de la presente gestión, la Comisión entregó su informe final al presidente Luis Arce Catacora. Desde entonces no se habló ni se supo más del documento.
La comisionada de la CIDH dijo que entiende que el informe está para el acceso de todas las personas, pero insistió en que el Estado debe tomar las medidas para que todas las personas, en cualquier parte del territorio de Bolivia, puedan tener esa información.
Para eso «hay que tomar medidas activas al respecto y es muy importante como garantía de no repetición, que toda la sociedad boliviana sepa todo lo ocurrido, más allá, insisto, de la decisión que se haya tomado respecto de testimonios individuales y su reserva, estamos hablando de los hallazgos y de los patrones que ha determinado la Comisión de la Verdad, y que la sociedad toda y todos los agentes del Estado conozcan y se capaciten porque es muy importante para la garantía de no repetición, y ahí me parece que hay que ser mucho más activos de parte del Estado», enfatizó Urrejola.
Entre otras denuncias presentadas por la Plataforma están la desatención de sus demandas que vienen exigiendo por casi nueve años con una vigilia instalada al frente del Ministerio de Justicia, los tres atentados que sufrieron y con la muerte de su máximo líder, Julio Llanos, sin que el Estado se haya interesado en realizar las investigaciones.
Además, expresaron su desacuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad que consideran parcializado e incompleto, que solo mantiene la impunidad y encubre los crímenes de lesa humanidad en el periodo de dictadura de 1964 a 1982. También cuestionan el fallido proceso de reparación de las víctimas que solo benefició a una minoría.
«El sufrimiento que tenemos es muy grande y muy largo, nueve años de estar en las carpas de El Prado, sobreviviendo, viendo morirá a nuestros compañeros, ya son 50, no podemos continuar esta manera», dijo en su intervención Victoria López, secretaría general de la Plataforma.