Ernesto Estremadoiro Flores
La Policía detuvo la noche del sábado al exviceministro del Tesoro y Crédito Público, Carlos Schlink. El economista fue arrestado en el aeropuerto de Viru Viru cuando abordaba un vuelo al exterior del país. Luego fue derivado a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Warnes.
Sobre la exautoridad pesaba una orden de arraigo, la cual nunca fue notificada. Después de más de ocho horas de arresto fue notificado para declarar en la tarde de este lunes en la ciudad de La Paz.
La Schlink confirmó a EL DEBER que fue citado en calidad de testigo por el caso FMI que inició el Ministerio Público.
En 2020 el Gobierno de transición logró un crédito de $us 327 millones, proveniente del Fondo Monetario Internacional (FMI), para cubrir los gastos sanitarios ocasionados por el brote de coronavirus; pandemia que golpeó el sistema sanitario del país y del mundo.
Pero la Asamblea Legislativa, controlada por el Movimiento Al Socialismo (MAS) y actual partido de Gobierno, denunció que la operación era ilegal y condicionaba al país a seguir medidas de corte neoliberal.
Entre estas condiciones, denunciadas por el antiguo congreso, el país se comprometía a devaluar la moneda y achicar el gasto público. Esto fue negado, por el anterior Gobierno e incluso por el propio FMI, que en más de una ocasión dijo que la operación no traía ningún tipo de condicionante.
Tras el retorno del MAS al Gobierno, el préstamo fue devuelto y se anunciaron procesos contra las exautoridades que lo tramitaron porque la operación habría provocado un daño económico al Estado.
La exautoridad, lamentó no haber sido notificado con anterioridad porque había planificado un viaje de luna de miel con su esposa.
“Yo ya no era viceministro cuando devolvieron el crédito. No tenía idea del arraigo, sino iba a viajar de Luna de miel que programe hace 4 meses”, dijo.
Durante su gestión la exautoridad denunció que el gobierno de Evo Morales dejó un sobregiró de 18.039 millones de bolivianos en el Tesoro General de la Nación (TGN). Este hueco fue generado entre 2006 y 2019, y fueron sacados de las empresas públicas y el Órgano Ejecutivo, sin que explique el destino de estos recursos.
