OEA: la dura respuesta del embajador de Uruguay luego de que su par de Nicaragua acusara al Gobierno de Lacalle Pou de ser una dictadura

En una reunión de la OEA, Nicaragua acusó a Uruguay de ser una dictadura: la dura respuesta del embajador sudamericano

Fuente: infobae.com

El Gobierno de Nicaragua volvió a quedar en el ojo de la tormenta luego de que su embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Alvarado, calificara al Gobierno de Uruguay de “dictadura”, lo que motivó una dura respuesta de su par uruguayo, Washington Abdala.



En su intervención, Alvarado afirmó: “En cuanto al distinguido embajador del Uruguay, nos preocupa seriamente lo que la dictadura uruguaya está haciendo, con su presidente a la cabeza”.

En su respuesta, Washington Abdala, representante uruguayo ante la OEA, le respondió en duros términos: “Rechazo enfáticamente la descalificación hacia el Uruguay como una dictadura que acaba de proferir el señor Alvarado. Creo que ingresa en un despropósito gigantesco, desconoce absolutamente lo que es la legitimidad de origen y de ejercicio de Gobierno de la República Oriental del Uruguay del doctor Luis Lacalle Pou, quien fuera electo democráticamente, y que, Gobierno y oposición, a pesar de tener matices, siguen conviviendo de manera pacífica y democrática”.

No le permito al embajador de Nicaragua una descalificación de esa naturaleza, no se lo permito en este territorio ni en ningún otro territorio, y sepa que si llega a decir otra infamia más de esa naturaleza, voy a actuar en consecuencia, como corresponde. Es la última vez que le permito que diga un disparate de ese tipo. Es la última vez”, concluyó.

Este miércoles, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, denunció una “intensificación” del estado de excepción de facto en Nicaragua, de cara a los comicios de noviembre próximo.

Así lo manifestó Urrejola en la presentación de un informe de la comisión sobre la situación en Nicaragua durante una sesión virtual del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que tiene su sede en Washington.

Urrejola destacó que en Nicaragua se está produciendo un “cierre de los espacios democráticos bajo la estrategia que busca impedir e inhibir cualquier manifestación contraria al Gobierno” del presidente Daniel Ortega.

“Los hechos ocurridos estas semanas indican una nueva fase de la represión de cara a las próximas elecciones, que pone en duda la voluntad de Estado de Nicaragua de celebrar elecciones libres y transparentes”, indicó.

La responsable de la CIDH apuntó que recientemente se ha recrudecido la persecución penal de líderes de la oposición, defensores de derechos humanos y periodistas en ese país.

Recordó que en los últimos 20 días cinco precandidatos opositores a la Presidencia han sido “detenidos y criminalizados”: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro García y Miguel Mora. En ese mismo lapso, la CIDH ha tenido conocimiento del arresto de al menos 20 dirigentes opositores y empresariales, así como de activistas de derechos humanos y periodistas.

Urrejola detalló que algunas de esas detenciones fueron llevadas a cabo con un “uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional”, y que en la mayoría de los casos se allanaron domicilios sin órdenes judiciales.

Por su parte, el embajador de Nicaragua ante la OEA rechazó en la misma sesión la presentación de este informe, que calificó de “falaz y malintencionado”.

Condenamos la manipulación e instrumentalización de este organismo (la CIDH), que está siendo utilizado como punta de lanza del Gobierno de EEUU en su guerra de agresión contra Nicaragua y su descarada injerencia en elecciones”, subrayó Alvarado.

El embajador señaló que “el doble rasero, el cinismo y la difamación” son los objetivos políticos que EEUU busca a través de la CIDH.

“Nicaragua no es protectorado ni colonia de ninguna potencia regional ni extrarregional -afirmó-. Ni la OEA ni este consejo permanente puede autoatribuirse facultades supranacionales ni pretender dirimir como un tribunal los asuntos soberanos que competen a los nicaragüenses”.

Alvarado cargó contra los Gobiernos de Chile, Costa Rica, Canadá y Uruguay después de que sus representantes criticaran al Ejecutivo de Ortega.