La institucionalidad y la independencia de los órganos Judicial y Electoral, como del Ministerio Público, es una quimera en Bolivia, actualmente son parte de la corporación maquiavélica del régimen del Movimiento Al Socialismo (MAS). No solo hay injerencia e intromisión, sino un sometimiento descarado al poder político.
Las confesiones de Evo Morales que: “En una semana hemos cambiado a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. (…) Tumbamos eso, desde Argentina” y “los miembros del Tribunal Supremo Electoral me decían ‘Evo tenemos presiones internas y externas para eliminar al MAS’, (yo) tenía que hablar desde Argentina con el Tribunal Constitucional y ganamos esa batalla”, desnudan la confianza y las intimidades corporativas del MAS. “A confesión de parte, relevo de pruebas”.
Recordemos que la mayoría del MAS, en la Asamblea Legislativa, “preseleccionó” y designó a dedo a subordinados operadores de la justicia y al Fiscal General del Estado, eficientes para judicializar la política y perseguir solamente a los adversarios políticos.
Las elecciones judiciales del 2011 y 2017 demostraron el rechazo de la ciudadanía a la corporación política-judicial que implementó el MAS, mediante la nueva Constitución, porque el oficialismo “preseleccionó” a los más dóciles y serviles al poder político, pero eludió a los profesionales meritorios.
Ilegítimos y serviles, el MAS mediante el enmascaramiento del “voto popular” intentó legitimar a sus operadores, pero los votos nulos y blancos sumaron al 60% en las elecciones judiciales y del Tribunal Constitucional del 2011, el 2017 aumentó el repudió al 65%, quienes posteriormente violando el artículo 168 de la Constitución y burlándose de la voluntad popular del 21F del 2016, abrieron la puerta de la perpetuación autoritaria de Evo Morales.
La norma suprema en su artículo 12 establece que “la organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos”, no manda a “negociar” vía teléfono a ningún magistrado del Órgano Judicial y vocal del TSE con un fraudulento y enfermizo de poder la sigla de un partido político, la sucesión presidencial y menos las elecciones generales, por encima de las leyes y la Constitución Política del Estado.
En consecuencia, es un deber de todos los bolivianos recuperar nuestras instituciones por la salud del estado de derecho, las libertades constitucionales y la democracia del país, además sancionar con rigor jurídico a quienes agraviaron la Carta Magna. Nosotros creemos en una Bolivia digna y democrática; no cejaremos en el trabajo del restablecimiento de la institucionalidad de los órganos del Estado, ese es nuestro compromiso, contamos contigo.
Dr. Henry Omar Montero Mendoza, Senador por Santa Cruz