Erika Segales  / La Paz

En  los gobiernos de Evo Morales y Jeanine Añez, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), integrada en su mayoría por el MAS, conformó comisiones especiales de investigación para al menos 10 casos emblemáticos. Dichas entidades    sólo emitieron  informes finales favorables al partido azul. Se conoce que en tres casos el dinero presupuestado, en total, para el funcionamiento de esas  comisiones superó los tres millones de bolivianos.

Las comisiones legislativas investigaron los casos: terrorismo, privatizaciones y capitalización, CAMC, Papeles de Panamá, Lava Jato, masacres de octubre y noviembre, respiradores y otros  (más detalles en la  infografía).

El tema cobró actualidad debido a que desde el MAS el diputado Juanito Angulo planteó la  conformación de una comisión para investigar el envío de pertrechos de Argentina.

El presupuesto del Legislativo para investigar el caso CAMC fue de 1.084.830 bolivianos, de los cuales 258.525 bolivianos se destinaron a la contratación de personal eventual, y 265.608 bolivianos para viáticos y viajes.

Esta comisión concluyó que no existía tráfico de influencias en la adjudicación de obras por parte de la empresa china, en la que trabajaba Gabriela Zapata, expareja de Evo Morales, y se declaró improbado el involucramiento del líder del MAS.

En el caso de la comisión que investigó los papeles de Panamá se presupuestaron 973.903 bolivianos, según informó en junio de 2016 el presidente de la comisión, Manuel Canelas. Entonces se explicó que con el presupuesto se contrataría a expertos nacionales e internacionales que trabajan temas relacionados al área tributaria, de análisis de la economía financiera y de la normativa comercial internacional.

La investigación concluyó en remitir al Ministerio Público el caso de la familia Marinkovic, al Servicio de Impuestos Nacionales el caso de Samuel Doria Medina por la venta de acciones de Soboce a través de la empresa Akapana, y dos años más tarde se apuntó a Luis Fernando Camacho como un supuesto “intermediario” en las transacciones irregulares.

Para la comisión que investigó el caso Lava Jato se destinó aproximadamente un millón de bolivianos, según indicó el 3 de mayo de 2018 Norman Lazarte, integrante de la comisión. Se explicó que el presupuesto se destinaría a la contratación de personal especializado y viajes.

La comisión concluyó en recomendar al Ministerio Público investigar a Carlos Mesa, Carlos Alarcón  y otras dos personas, además de denunciar penalmente a cuatro exfuncionarios.

La exdiputada Lourdes Millares sostuvo que el partido azul -que debido a su peso específico en la ALP tenía siempre la mayoría en las comisiones- buscó en el fondo que los informes se remitieran al Ministerio Público “para de alguna manera habilitar e incubar proposiciones acusatorias contra quienes son opositores al MAS”.

“La comisión que quieren conformar ahora es vital para sustentar la teoría del golpe de Estado. El MAS está buscando elementos para de alguna manera reflotar la imagen de Evo Morales”, indicó Millares.

Por su parte, Amilcar Barral,  exdiputado,   expresó: “Creo que el tema de las comisiones mixtas es sólo para querer aumentar más la persecución”.

El diputado Sandro Ramírez, del MAS,   rechazó las expresiones de los exlegisladores y sostuvo que desde la oposición siempre  tratan de desinformar. Señaló que es importante esclarecer todos los hechos irregulares.

“Siempre tratan de desinformar, de desprestigiar y no es correcto. No tienen por qué hacer aseveraciones de que si han sido favorecidos o no. Para mí este hecho de los armamentos que han llegado de los países vecinos debe transparentarse por el bien de la sociedad boliviana”, expresó el legislador.
Proponen investigar caso pertrechos sin presupuesto
Ven  que la “recesión” afectó a la comisión sobre feminicidios

Al menos  dos legisladoras de oposición, que integran la Comisión Especial Mixta de Investigación sobre Retardación en la Atención y Resolución de Casos de Feminicidio, manifestaron  que la recesión económica afectó a los recursos de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP),  al punto que la comisión en la que se encuentran incluso tuvo que trabajar cinco meses sin presupuesto.

En ese marco señalaron que la conformación de una comisión para investigar el envío de pertrechos de países vecinos implicaría la asignación de los “escasos” recursos en una causa política. Al respecto, el diputado  Juanito Angulo,  del MAS, quien solicitó conformar la comisión para indagar ese caso, lanzó la propuesta de investigar “sin requerir un presupuesto”.

“Conformamos esta comisión en diciembre de  2020 para un período de seis meses, y se demoraron prácticamente cinco meses en aprobar el presupuesto,  pero eso no quiere que no hayamos trabajado, lo hicimos por voluntad propia. Lamentablemente la recesión económica también afectó al Legislativo. Veo lamentable que ante todas necesidades que tenemos en Bolivia se prioricen los recursos del Estado para hacer un show, un montaje político”, manifestó  la diputada  María René Alvárez, de Creemos.

Semanas antes,  la senadora Andrea Barrientos, de Comunidad Ciudadana,    calificó de demagógica  la propuesta del MAS,  y expresó: “Asambleístas del MAS plantean crear una comisión que investigue el ‘envío de material bélico’ de Argentina, 1. Demagogia, la ALP no tiene recursos para sostener comisiones extras. 2. Es un hecho que busca sostener una falsa narrativa. 3. ¿Cuánto más vamos a pagar por este circo? (…) A la Comisión Especial Mixta para casos de Feminicidios tardaron cinco meses en asignar recursos, la respuesta del MAS es no hay plata”.

Al respecto,  el diputado Angulo señaló que es posible una investigación sin presupuesto adicional. “No es necesario la parte económica. Cada legislador tiene su sueldo, la comisión no va a percibir sueldo, lo que hará es indagar y dar seguimiento pertinente a las instituciones en nuestro Estado y recabar la información de las instituciones de Argentina con el apoyo de diferentes instancias como la Cancillería”, expresó.

Entre 2015 y 2019, el MAS rechazó investigar 4  casos

En la última gestión del gobierno de  Evo Morales, entre 2015 y 2019, el MAS  rechazó conformar comisiones especiales para indagar al menos cuatro  casos de presunta corrupción. El argumento en la mayoría fue que la Fiscalía ya había iniciado las investigaciones.

Los casos son: Fondo Indígena, barcazas, desfalco del Banco Unión y Uelicn.

En la sesión plenaria del 4 de marzo de 2015, el MAS por unanimidad rechazó la solicitud de conformar una comisión  para investigar el caso del Fondo Indígena. Entonces, se argumentó que la Fiscalía ya investigaba el caso.

El 12 de febrero de ese año, la Contraloría denunció un presunto daño económico de al menos 71 millones de bolivianos por 153 proyectos del Fondo Indígena.

El 28 de agosto de 2015, el pleno del Senadores, donde el MAS tenía mayoría, rechazó la conformación de una comisión  para investigar el caso barcazas.  El argumento fue que las personas no pueden ser juzgadas dos veces por el mismo delito y que la Fiscalía ya investigaba el caso.

Entonces, la bancada opositora había planteado conformar una comisión para investigar la compra irregular de 16 barcazas y dos empujadores, en 2010, que generó un daño económico de 30 millones de dólares.

El 8 de noviembre de 2017, el entonces diputado Luis Felipe Dorado dijo que el MAS, a través de la Comisión de Planificación, rechazó conformar una comisión para investigar el millonario desfalco al Banco Unión. El 27 de septiembre de ese año, la gerencia de esa entidad financiera reveló un desfalco de 37,6 millones de bolivianos.

El 18 de abril de 2019,  Unidad Demócrata  solicitó  conformar una comisión para fiscalizar a la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn). Un mes antes, la entonces presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, desahució esa posibilidad y señaló que   era una “tarea del Ejecutivo”.

Posteriormente se denunció un presunto favorecimiento en la adjudicación de contratos de la Uelicn a un consorcio de empresas colombianas, y que tres empleados recibieron 71.271 bolivianos en cuentas particulares.