El presunto material antitumulto hallado en depósitos de la Policía. | APG
Por versiones de que los trámites para el ingreso de gendarmes argentinos a Bolivia se habrían iniciado antes de la dimisión del expresidente Evo Morales en 2019, legisladores de la oposición piden investigar a los exministros Carlos Romero y Javier Zavaleta.
En tanto, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, anunció procesos contra exautoridades de las FFAA y la Policía por el delito de “tráfico de armas” y que pesan sobre ellos penas de hasta 30 años de cárcel.
El Gobierno presentó ayer el presunto lote de pertrechos antimotines depositados en ambientes de la Policía y que formarían parte del material enviado desde argentina en noviembre de 2019.
La ministra de Seguridad de Argentina, Sabina Frederic, aseguró que el trámite para el envío de material antidisturbios a Bolivia se tramitó desde el 7 de noviembre de 2019, cuando Evo Morales aún gobernaba el país.
“La Anmac (Agencia Nacional de Materiales Controlados), en la denuncia, en uno de sus párrafos (dice) que hubo una modificación en la regulación del 7 de noviembre, que homologa la situación de pedido de autorización de fuerza de seguridad y un particular”, dijo Frederic a un canal argentino.
Éstos son los fundamentos de asambleístas de oposición que refieren la necesidad de ampliar las investigaciones a los exministros de Gobierno y de Defensa, Carlos Romero y Javier Zavaleta, toda vez que en la mencionada fecha, aún fungían sus cargos.
“Lo que están obviando es que este material habría llegado a pedido de Evo Morales a través de sus ministros, y que fue autorizado su ingreso por autoridades designadas por el exmandatario”, dijo el diputado Marcelo Pedrazas de Comunidad Ciudadana (CC).
Recordó que, en las declaraciones del excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Jorge Gonzalo Terceros Lara, se reveló que el mando militar sostuvo reuniones con Morales entre el 5 y 7 de noviembre en la residencia Presidencial, oportunidad en que el general Kaliman “informó que las FFAA no contaban con munición no letal ni equipos antimotines”.
El diputado Alejandro Reyes (CC) señaló que esta narrativa, la teoría de presunto golpe de Estado que maneja el gobernante MAS, muestra una serie de contradicciones, pero que se tendría que indagar a exautoridades sobre el presunto ingreso de armamento letal al país.
“En este caso, tengo entendido que existen convenios para material de contención entre Policías de diferentes países, pero lo que no se puede es sobre armamento de guerra. Ellos son los que tienen que explicar el porqué del armamento, el momento y cuáles eran los motivos (…). Tras declaraciones del excomandante ha salido la verdad a flote, los autores del requerimiento son el Gobierno de Evo Morales y ellos son los que tienen que explicar”, sostuvo.
Un reporte oficial del 20 de enero de 2020 da cuenta que la “Policía Boliviana presenta dos informes a la embajada argentina en Bolivia (a su solicitud) elaborados (…) los días 12 y 28 de noviembre de 2019”.
En los mencionados informes, la Policía Boliviana autoriza “la internación y porte temporal en el Estado Plurinacional de Bolivia, de armas de fuego, su munición y materiales relacionados, al personal de la Agrupación Fuerzas Especiales “Alacrán” de la Gendarmería Nacional Argentina, para brindar seguridad en las instalaciones de la Embajada argentina y residencias oficiales, de fecha 13 de noviembre al 12 de diciembre de 2019”. En ese informe se afirma que “el mencionado material y su equipamiento será transportado en fechas 12 al 14 de noviembre (…) en un avión Hércules perteneciente a la Fuerza Aérea Argentina.(RE.A.F.U.C._I.I.T.C.U.P./AUTORIZACION N09/2019)”.
Sin embargo, llama la atención a los legisladores que, en principio, el comandante de la Policía, Jhonny Aguilera, niegue aspectos y posteriormente cambie de versión, cuando sale el embajador de Argentina en Bolivia, Ariel Basteiro, e indica que tiene pruebas de lo que habría ingresado a territorio boliviano.
Del Castillo anuncia juicio a exautoridades
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, anunció ayer que se presentará una querella contra el excomandante de la Policía Vladimir Yuri Calderón, el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Jorge Gonzalo Terceros Lara y contra el exembajador argentino en Bolivia Normando Álvarez García, por el delito de tráfico ilícito de armas ocurrido en noviembre de 2019.
El exvicepresidente Álvaro García Linera había adelantado procesos en contra militares y policías por vulnerar la Ley 400. De acuerdo con esta norma, la internación ilícita de armas al país tiene una pena de 30 años de cárcel.
Del Castillo presentó las presuntas municiones enviadas por la Gendarmería de Argentina, durante el gobierno de Mauricio Macri. El material fue hallado en los depósitos de la Policía Boliviana.
“Sólo para la Policía Boliviana ingresó de manera irregular sin cumplir con la normativa legal vigente cerca de 27 mil cartuchos de perdigón de goma, 28 gases aerosol, 19 gases aerosol, 55 granadas CN, 53 granadas de gas H, 19 granadas de gas CS”, dijo.
Mesa dice que el caso armas es una “tramoya”
El expresidente del Estado y actual líder de la alianza de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, afirmó que existe una “tramoya vergonzosa” en los casos de material antidisturbios que habrían llegado desde Argentina y Ecuador en 2019 y que presuntamente habría sido utilizado en las masacres de Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba).
“Esta tramoya vergonzosa, que pretende hacerle creer ahora no solamente a Bolivia, sino a la Argentina y también incluso al Ecuador, que unos gases lacrimógenos y material de defensa de una Embajada, porque el único material realmente bélico que llegó en ese en ese material de apoyo de la Argentina era para funcionarios de la Embajada Argentina, fue la base de la construcción de un, comillas, ‘golpe de Estado’. Por favor…”, descalificó el jefe de CC, según Erbol.
Dificultad
Observó que ahora incluso el Gobierno tiene la dificultad de “hacer cuadrar” las fechas en el caso del material argentino y consideró que la versión de las autoridades “es parte de la tramoya que nadie cree, de un inexistente inventado y falso golpe de Estado”.
Respuesta de Evo Morales
El expresidente Evo Morales a Mesa: “El historiador golpista miente y justifica el ingreso de armamento ilegal de Argentina que fue usado para reprimir al pueblo en el golpe que él mismo promovió. Cada día se desenmascara y demuestra su complicidad con las masacres y corrupción del gobierno de facto”.
Lea también: Gobierno boliviano acusa a cuatro países y a la UE por supuesto «golpe»