El Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, advirtió que ejercerá presión social contra el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) sin no asiste a la Comisión Agraria Departamental (CAD) para coordinar la dotación de tierra en la región. Además, sostuvo que activará procesos penales para que el funcionario asista a este evento.

Desde hace varios meses, comunidades indígenas, cívicos y autoridades de regiones como la Chiquitania denunciaron el asentamiento ilegal de predios en reservas naturales por parte de sectores afines al partido de Gobierno.  Incluso se registraron fricciones entre indígenas e interculturales, que disputan la tenencia de la tierra en Santa Cruz.

Ante este problema la Gobernación convocó a la CAD que, de acuerdo a las normas, es una instancia desde donde se coordina la dotación de tierra. El primer encuentro se realizó el pasado 8 de julio, pero al no asistir el representante del INRA se declaró un cuarto intermedio hasta el 2 de agosto.

“El INRA nunca va a querer ir asistir a las reuniones que estamos convocando, porque ellos quieren algo claro en su lógica: perjudicar nuestra región, a nuestra tierra, al territorio de nuestros pueblos indígenas y a nuestra diversidad. Tenemos un mandato del pueblo que es defender Santa Cruz”, dijo Camacho.

El gobernador cruceño aseguró que pese a la inasistencia del INRA al CAD, el pasado 8 de julio, se conformó dos comisiones, entre ellas la que auditará el saneamiento y “concesión” de tierras.

Aseguró que activará todos los mecanismos legales para que el director del INRA asista a la CAD. Incluso dijo que si es necesario se activará la protesta social para que la entidad cumpla con lo establecido en las normas nacionales.

“El lunes tenemos una nueva reunión y de no asistir, que de seguro no lo hacer, vamos a seguir las acciones legales y si tenemos que llegar a la presión social, lo vamos hacer”, afirmó.

En reiteradas ocasiones el director nacional del INRA, Elogio Núñez, señaló que no asistirá a la CAD porque no tiene representación de todos los actores, por lo que “carece de legitimidad” y no cumple con los procedimientos formales y legales para su funcionamiento.

Incluso  acusó a la Gobernación de Santa Cruz de pretender montar una narrativa de supuestas ocupaciones ilegales de predios e incendios forestales en Santa Cruz para desprestigiar la gestión del Gobierno y de la entidad pública encargada de administrar los procedimientos en materia agraria.