Conflicto entre cooperativistas y lecos activa la justicia indígena

Fuente: paginasiete.bo

Leny Chuquimia /   La Paz

Ante los conflictos entre la comunidad leco Charopampa y  la Cooperativa Aurífera  15 de Mayo en Mapiri, los pueblos indígenas   del norte de La Paz decidieron activar la justicia comunitaria para expulsar  a la empresa extrativista. Desde la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap) se   afirma que este caso es solo la punta de un conflicto que se extiende  por todo el norte del departamento y que se agrava por  un vacío en la ley minera.

Desde hace dos meses  esa zona se encuentra en medio  de un conflicto entre cooperativistas, vecinos, campesinos  e indígenas, debido  a disputas por las áreas de extracción de oro. El último   enfrentamiento se produjo el 11 de julio y fue intervenido por un  contingente policial. El saldo fue de  14 policías y comunarios heridos, además de vehículos quemados y motos desaparecidas.

  “El conflicto es de mucho tiempo atrás. Hay una violación constante de los derechos de los hermanos lecos. Ante la falta de acción de las autoridades,   se aplicó la justicia indígena y se determinó la expulsión de esta cooperativa, en respeto y resguardo al área jurisdiccional ancestral de la comunidad. Esto  ocasionó la intervención policial”, dijo el presidente de la Cpilap, Gonzalo Oliver.

Si bien los derechos mineros son legales y deben ser  respetados, el territorio  indígena también es legal y constitucionalmente debe ser protegido por sobre otros  intereses, recalca.

El conflicto y los vacíos legales 

De acuerdo a documentación  del caso, el conflicto de Charopampa con la Cooperativa 15 de Mayo data de 2012, cuando la empresa empezó a explotar oro sin una consulta previa al pueblo indígena. Las operaciones comenzaron con un acuerdo entre los representantes legales de la extractora y un  dirigente de la comunidad que aceptó las condiciones sin consultar a toda la población.

En el acuerdo, la empresa se comprometía a no realizar los trabajos mineros dentro de la comunidad ni en las  riberas del río,  en respeto y resguardo del territorio que   esta saneado y  titulado como propiedad  indígena.

Al conocer el documento, a los pobladores no les quedó más  que hacer cumplir lo estipulado. Sin embargo, con  un  permiso de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) como respaldo, la cooperativa empezó los trabajos sobre las tierras de los lecos y desvío el río causando la pérdida de 300 hectáreas de cultivos, criaderos de animales, áreas de viviendas y parte de la plataforma  de la vía Mapiri-Apolo. Esto sin contar con el impacto ambiental en toda la región.

“El problema es por  un vacío en la ley minera, que hace que   para dar  autorizaciones de extracción no se reconozca los derechos y la propiedad  indígena. A raíz de esto se generan una serie de atropellos  por parte de las cooperativas. Eso pasa en  Charopampa, la Cooperativa    15 de Mayo no quiere consultar ningún trabajo con la comunidad”, manifestó  Oliver.

Sostuvo que  este es un tema que debe ser  planteado al Gobierno, para modificar la norma  y se reconozca  los derechos y  tipos de vivencias  de las comunidades.

La expulsión y la JIOC 

La Cpilap aglutina  al Consejo Indígena  Tacana, la Organización  Mosetén, al Pueblo  Leco y  las Comunidades Originarias de Larecaja, a la Central  Leco de Apolo,  al Consejo T-Simane Mosetén de Pilón Lajas,  a los  Uchupiamonas, a los  Esse Ejja de Eyiyuquibo,  a la Comunidad Agroecológica  de Palos Blancos,  las Comunidades Tacanas del Río Madre de Dios y a la  Capitanía  Araona.

    El 10 de julio, en una asamblea, estos 10 pueblos emitieron su resolución 01/2021. En ella condenaron los hechos de violencia en contra del pueblo leco  y determinaron la expulsión de la Cooperativa Minera 15 de Julio en el marco de la Justicia Indígena Originaria Campesina   (JIOC).

 Esta medida se asumió luego de cuatro años de una pelea judicial sin resultados. Esto  pese a todas las pruebas de los daños ambientales y territoriales que se reunieron  en  inspecciones  técnicas hechas por  autoridades locales, departamentales y nacionales.

  “Nos manifestamos en una resolución departamental en la que   repudiamos la violencia ejercida y el amedrentamiento  por parte de los cooperativistas  que están amenazado con procesos, marchas  y enfrentamientos. No  vamos a tolerar, la autoridades deben poner una solución”, dijo Oliver.

  Indicó que se analizan  las medidas a tomar, pero que estas se darán en el marco de la JIOC. Pero por el momento, se esta presentando un recurso ante el Tribunal Agroambiental  para que se pronuncie sobre este caso.

“Como pueblos indígenas no vamos a permitir que nuestros territorios titulados estén a merced de avasalladores. El Estado debe hacer velar nuestro derecho propietario”, finalizó.

Asedio deja a Michiplaya sin luz  ni salud

Desde la localidad de  Michiplaya, en Guanay, los comunarios denuncian un conflicto con una comunidad que apareció reclamando una porción de su tierra, argumentando que le pertenece al municipio de Mapiri.

Sin embargo, esta comunidad cuenta con una TCO saneada y titulada, que no se rige por las divisiones territoriales municipales. Después del conflicto también se esconden intereses mineros.

Una comisión que logró llegar hasta la sede de Gobierno confirmó que por el bloqueo se ha dejado  a la comunidad sin luz, sin acceso de los  profesores y los médicos. En este caso también se activó la JIOC y se anunció el desalojo de los nuevos asentamientos.

   “El problema se está extendiendo  a varios territorios. Vemos con preocupación que han aumentado las solicitudes de explotación de oro en los TCO Mosetén, Chiman, Tacana, Uchupiamona”, manifestó el líder de Cpilap.

Amenazas  mineras 

• Cooperativistas  Los cooperativistas auríferos  de Mapiri solicitaron una reunión al Gobierno para encontrar una solución al problema en Charopampa. De no ser escuchados tomarán medidas de presión.
• Marcha El presidente de las Central de Cooperativas Mapiri, Rosendo Flores, dijo que las tres federaciones han defendido que entre el  lunes o martes saldrán  a una marcha pacífica que  llegará hasta la  San Francisco. “Será con toma de instituciones como el  Ministerio de Minería, la AJAM, el Comando  de Policía”, indicó.
• Amenaza  Al dirigente dijo que serán unos 400 cooperativistas y que el conflicto se convertirá en una batalla campal. “ Los mineros somos expertos para manejar explosivos, la mayoría somos reservistas”.