La causa interpuesta por el gobierno de Fernández denuncia “el envío ilegal de armamento y municiones” a Bolivia, efectuado el 12 de noviembre de 2019.
Pablo Peralta M. / La Paz
La demanda que la Casa Rosada interpuso contra el expresidente Mauricio Macri y nueve exfuncionarios de su gobierno presume que en 2019 se utilizó el traslado de efectivos a Bolivia para “contrabandear material represivo” con el fin de ponerlo a disposición del régimen de Jeanine Añez.
“Entre el 11 y el 12 de noviembre de 2019, Mauricio Macri y funcionarios de su gobierno de todos los niveles tomaron la decisión de utilizar el traslado de personal de custodia para ni más ni menos contrabandear material represivo, para nutrir y mejorar las capacidades del gobierno de facto que ese día asumía el poder ilegítimamente en Bolivia”, se lee en la demanda que interpuso el gobierno argentino de Alberto Fernández.
Además de Macri, el oficialismo argentino acusó a los exministros Patricia Bullrich (Seguridad), Oscar Aguad (Defensa), Jorge Faurié (Relaciones Exteriores), al exembajador de Argentina en Bolivia Normando Álvarez y a cinco exfuncionarios por la presunta comisión de los delitos de contrabando agravado, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y “delitos que comprometen la paz y la dignidad”.
El memorial precisa que se denuncia “el envío ilegal de armamento y municiones” a Bolivia, que fue perpetrado el 12 de noviembre de 2019.
El ministro de Justicia de Argentina, Martín Soria, sostuvo ayer que el “verdadero destino” del material “no era darle seguridad a la embajada en Bolivia”, como arguyen desde filas del exmandatario Macri, sino el de supuestamente “apoyar un golpe de Estado y generar una masacre”. “Se trata de un gobierno democrático que envía ese tipo de armamento clandestinamente para apoyar un golpe de Estado”, adicionó.
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Ante la crisis
La demanda, interpuesta el lunes, establece que frente a la crisis por la que en 2019 atravesaba Bolivia, el gobierno de Macri decidió enviar a un “grupo especial” de la Gendarmería Nacional “para custodiar” la embajada argentina. “Bajo el supuesto manto de legalidad de esa medida -se agrega en el memorial-, desplegó actividades criminales en apoyo al grupo sedicioso que había derrocado al gobierno democrático días antes”.
Según la denuncia, las FFAA de Bolivia se levantaron “sediciosamente en armas” contra el gobierno de Morales, y que el supuesto “golpe” produjo una “situación de vacancia presidencial”. El documento indica que después de las renuncias de Morales, de Álvaro García Linera y de Adriana Salvatierra, “quedó en funciones” la entonces segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Añez, quien “con el apoyo de las Fuerzas Armadas sediciosas ocupó ilegítimamente el cargo presidencial”.
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El memorial apunta que es en ese marco que se produjo “el envío de armamento y municiones” a Bolivia. “No se trata de cualquier tipo de contrabando, sino de uno que tuvo como fin reforzar la capacidad de acción de Fuerzas Armadas que se habían levantado sediciosamente en armas”, señala la denuncia.
La versión de Patricia Bullrich, exministra de Seguridad, según la carta que dirigió el lunes a Fernández, da cuenta de que los efectivos enviados en noviembre de 2019, integrantes del denominado grupo “Alacrán”, vinieron para resguardar su embajada, y que cuando retornaron informaron que, durante su estadía, entre noviembre de 2019 y junio de 2020, usaron la munición en ejercicios de entrenamiento. En dichas instrucciones, cita textual Bullrich, se emplearon 70.000 cartuchos calibre 12,70 MM A/T (antidisturbios).
Pieza importante
Una pieza clave de la demanda es la supuesta carta atribuida al excomandante de la FAB Jorge Terceros en la que agradece al exembajador argentino Normando Álvarez el envío de “material bélico”.
La demanda del gobierno de Fernández señala que los hechos que hacen al caso salieron a la luz “gracias al descubrimiento” de la nota, que fue difundida por el canciller Rogelio Mayta. Esa denuncia pública originó una serie de investigaciones administrativas en Argentina, a través de las cuales, indica la denuncia penal, “se recolectó información y documentación que corrobora el envío del material -el cual se pretendió encubrir bajo la necesidad de proteger la embajada argentina- y su posterior desvío hacia las Fuerzas Armadas bolivianas”.
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El exembajador Álvarez indicó que estando al frente de la embajada argentina nunca recibió un pedido de ese tipo y que “la nota publicada nunca fue recibida” por él. El abogado de Terceros, Jorge Santistevan, puso en duda la autenticidad de la misiva y anunció que requerirán un peritaje internacional.
El vocero presidencial Jorge Richter indicó la pasada jornada que en Argentina hay cuatro investigaciones llevadas adelante por Inteligencia, Aduana, el ministerio de Justicia, y el Congreso.
“Estas cuatro investigaciones en cuatro instituciones de la Argentina, con información cruzada, no concluyen ni se sobresimplifican en una carta y su validez. Acá lo importante es mirar: ¿llegaron estas municiones y estas armas al país? La respuesta es sí, ¿Tuvieron una transparencia en su actuar en Bolivia? La respuesta ahí es que no, y todo este conjunto de elementos se van a tener que investigar en el marco de lo que es golpe de Estado”, aseguró Richter a Bolivia TV.