La funcionaria entró por concurso de méritos, su contrato vence en diciembre. Apunta al director del parque nacional, a quien denunció ante el Sernap, y asegura que van por la otra mujer del parque nacional.
Fuente: El Deber
«Resolución del contrato por decisión unilateral del contratante, en el marco de las atribuciones del director ejecutivo del Sernap, establecidas en el Decreto Supremo 25158, del 4 de septiembre de 1998. El contratante podrá disolver el contrato sin más trámite que la comunicación expresa de la decisión a la contratante», dice el despido.
La guardaparque aseguró que es en represalia porque cuando estaba en el campamento de Puerto Busch le llegó uno de los integrantes del Comité de Gestión de Otuquis, Luiz Alberto Arteaga, que además es presidente de la Central Campesina, pidiendo prestados el deslizador y el motor fuera de borda para pescar en el río Paraguay.
Barba dice que se negó porque se trataba de bienes del Estado que solo pueden utilizarse para patrullajes y trabajos del parque. Con dos colegas más, ella elaboró un informe sobre el incidente, dirigido a Jorge Banegas, el jefe de protección, explicando que debido al percance fue amenazada por Arteaga con que la haría despedir, junto a los otros dos ‘guardas’, porque él puso al director en Otuquis. «Le pedí una nota firmada por el director, me dijo que no tenía. Le negué la lancha y empezó la represalia«, aseguró.
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La denunciante cree que otra razón para su despido es que se opuso al paso por el parque de las volquetas con mineral de la ESM, sin una autorización escrita. «Como no había, hice nota pidiendo que me presenten la documentación de ingreso de las volquetas hacia Puerto Busch, nunca tuve respuesta y parece que se molestó el director de Otuquis, y el director ejecutivo del Sernap dijo que ahí nomás, que los dejemos ingresar», explicó.
La guardaparque también, con cinco colegas más, envió una carta a Teodoro Mamani, quejándose del director de Otuquis, Juan Luis Adriázola, por una serie de situaciones, entre ellas la mala coordinación, falta de visitas del director al parque, mal uso de bienes del Estado, autorizaciones ilegales a la estancia Cabaña Rica a cambio de ganado, falta de bioseguridad, abandono durante el incendio y varios puntos más.
«A partir de eso empezó toda la persecución, con llamadas de atención sin sentido, reclamaron que llevaba a mi pareja, que nos apoyó en muchas ocasiones en los incendios y con su camión para sacar la madera cuando había procesos, y sin cobrar. Los otros colegas también llevan a sus parejas», cuestionó.
Las otras llamadas de atención, dice, fueron por asistir a una reunión sobre incendios sin ser convocada, y por incumplir con su trabajo, al no presentarse. «Pero en esa oportunidad estaba enferma y el administrador me dijo que me haga atender en la Caja Nacional de Salud, era fin de semana, no pude sacar la baja, y el mismo administrador, que me dio el permiso, me dio la llamada de atención», lamentó.
Barba dice que su contrato está firmado hasta el 31 de diciembre, que la normativa manda que su jefe de protección haga un informe sobre ella para evaluar su trabajo. También dijo que están presionando a la otra mujer ‘guarda’ del parque, a la que también llamaron la atención por participar en una reunión sobre incendios a la que no fue convocada. También mencionó a un colega de 63 años, a quien están presionando para que se jubile.
«No es obligatorio, sin embargo el director de acá le está exigiendo, quería que le firme la invitación enviada desde la unidad central. Hace unos días le hizo un documento escrito exigiéndole que se jubile, mi colega se negó a firmar también ese documento», explicó.
Otras versiones
EL DEBER consultó sobre las denuncias a Richard Méndez, presidente del Comité de Gestión del Parque Otuquis, instancia responsable de fiscalizar el manejo del área protegida con representantes de varias organizaciones de la zona.
Méndez dijo estar informado de la situación, reconoció que desde el ingreso de Adriázola como director hubo problemas internos, conflictos con varios guardaparques. «Son como cinco guardas que nunca estuvieron de acuerdo con la nueva administración, andaban como perros y gatos«, dijo.
Según Méndez, son varios los que se han quejado de las actitudes de los guardaparques, entre ellos los pescadores, y comunarios a los que no dejan pernoctar en Puerto Busch. Además, sobre el transporte de mineral en camiones de la ESM, Méndez aseguró que existe un convenio entre la ESM y el Sernap. «Y donde manda capitán no manda marinero», aseveró. «Además, la ESM colaboró mucho al parque con los incendios», agregó.
Para Méndez, el problema es político, y se repite en todas las áreas protegidas. Dijo que cuando entró Adriázola querían deshacerse de todos los guardaparques, «los masistas iban a sacarlos a todos. Les dijimos alto y conseguimos que los recontraten, ya el tema interno es otro. Teodoro Mamani es un dirigente sindical, si se respetara de verdad quiénes deben comandar el Sernap, deberían ser profesionales con ciertas características, como manda la norma, pero desde arriba está como está», cuestionó.
Sobre Arteaga, miembro del Comité de Gestión que pidió la lancha prestada para pescar, Méndez explicó que no fue mandado por Adriázola, que eso se tergiversó. «Se equivocó al pedir la lancha, pero al final no la usó. Nosotros le llamamos la atención porque cuando se usa algo del parque, debe ser en coordinación, en conjunto con la dirección, para inspección, etc.», informó.
Méndez dijo que no culpa a la guardaparque ni ‘santula’ al director porque, así sea por convocatoria, sabe cómo se manejan estos cargos. «Ha sido puesto por el director nacional del Sernap, y este es un tema político, por los agentes políticos de esta región que avalaron a Adriázola para que sea director», aludió.
El presidente del Comité de Gestión aseguró que no dejarán desamparada a la guardaparque y cuestionó la forma en que se la despidió. «Si el contrato dice hasta diciembre, la norma manda que si la despiden le pagan hasta diciembre, o se queda hasta entonces», finalizó.
EL DEBER llamó desde ayer a Juan Luis Adriázola, director de Otuquis, pero dejó el mensaje en visto.
El 21 de enero de este año, en reunión en la oficina central del Sernap, los guardaparques de todas las áreas protegidas, tras tensos momentos, firmaron un acuerdo con Mamani, con tres puntos: el respeto a la institucionalidad de los funcionarios, el compromiso para gestionar ítems, y el cumplimiento del Reglamento de Áreas Protegidas (REGAP).
Desde la Asociación Boliviana de Agentes de Conservación (Abolac) dijeron que harían una representación para exigir la restitución de la guardaparque Nancy Barba y el cumplimiento de los acuerdos suscritos.