La Ley N° 1990, de 28 de agosto de 1999, Ley General de Aduanas, define al Contrabando como una actividad ilícita que consiste en introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina o por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero, sin la documentación legal, realizar transbordo de mercancías sin autorización previa de la Administración Tributaria, la tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita, entre otras, siendo ésta una actividad ilegal, quien la práctica está cometiendo un delito, no sólo evadiendo impuestos, si no también generando ganancias ilegales por la comercialización de dichas mercancías en el mercado interno, generando una competencia desleal para la producción nacional y para las importaciones legales.
Es bien sabido que en nuestro país existen localidades fronterizas y grandes grupos de personas que por distintas razones durante décadas se han dedicado a incentivar y apoyar la actividad ilícita del contrabando; haciendo de ésta un modus vivendi, internando al país distintos tipos de mercancías, entre las más comunes ropa usada, vehículos, bebidas, etc., burlando el control y hasta abriendo rutas alternas en los diferentes puntos fronterizos del país para el ingreso de mercancía ilegal que termina dañando a la economía, la industria y la producción nacional.
En los últimos meses se ha venido destacando en prensa los resultados de los operativos exitosos efectuados por la Aduana Nacional y otra entidades en el marco de la lucha contra el contrabando, uno de los más recientes fue el efectuado en la ciudad de El Alto, que requirió de un trabajo coordinado entre distintas instituciones dedicadas a esta tarea, logrando el decomiso de 1.500 fardos de ropa usada que era comercializada en la feria 16 de Julio, mercancía que representa en términos monetarios aproximadamente Bs 1,5 millones, la resistencia y violentas agresiones por parte de los comerciantes afectados para recuperar los fardos, llegó al extremo de intentar el secuestro de dos fiscales, por cumplir su deber “contra personas que cometen un delito”.
A este operativo debe agregarse el comiso y destrucción de 46 toneladas de bebidas alcohólicas, vino y cerveza de contrabando en Tarija, productos que ingresaron de manera ilícita por las fronteras de Yacuiba y Bermejo, entre enero y mayo de la presente gestión, dicha mercadería fue valuada en Bs 108 millones aproximadamente.
Otro operativo realizado en la ruta de Las Pampas de Mochará del municipio de Tupiza en el departamento de Potosí realizado por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), con el apoyo del Ejército, logró decomisar más de 16 toneladas de productos alimenticios sin certificación sanitaria, mismos que pretendían ser ingresados al país de manera ilegal, entre los que se identificaron una gran cantidad de harina de trigo, huevos, bebidas alcohólicas y aceite, entre otros, los cuales serán sometidos a un proceso de destrucción en cumplimiento a normas sanitarias vigentes en nuestro territorio, afectando al contrabando en aproximadamente Bs 132.320; dichos productos no solo generaban afectación por el lado del contrabando si no también representaban un riesgo alto para la salud pública en nuestro país. De la misma forma, en la localidad de Totacoa del municipio de Yotala en el departamento de Chuquisaca, el SENASAG, decomisó 816 kilogramos de carne bovina de procedencia argentina, que fue ingresada al país de manera ilegal; y el reciente comiso de seis vehículos de contrabando valuados en aproximadamente Bs 815.000 como resultado de operativos realizados en el departamento de Oruro, por citar los más relevantes de estas últimas semanas.
En esa misma línea, y con el fin de respaldar la lucha contra dicho ilícito, el gobierno anunció la creación de un Comando Especial de Lucha contra el Contrabando Agropecuario, bajo la dependencia del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando; se ha hablado del poco accionar por parte del Estado para esta lucha y en muchos casos se ha citado la complicidad de algunos funcionarios de las entidades dedicadas al control; sin embargo, es visible la determinación del gobierno de luchar contra este delito, pese a la dificultad que esto implica para las entidades involucradas en esta tarea.
Empero también salen a flote comportamientos bastante reprochables al verse afectados los intereses de un grupo, tales como la agresión al personal que únicamente cumple con su función, un claro ejemplo de ello es lo sucedido en la comunidad Anti Pampa, en el municipio de Patacamaya, donde “chuteros” y comunarios emboscaron a efectivos militares y destrozaron un vehículo oficial, mismo que fue interceptado de manera violenta por quienes se dedican a este ilícito.
A decir verdad, la lucha contra el contrabando involucra no solo el trabajo de las instituciones de control, sino también el trabajo coordinado entre el sector público y privado, la generación de ideas, acciones, acompañadas de un cambio de mentalidad en los bolivianos, que permita abandonar las practicas delictivas e incentivar a la industria boliviana. Es hora de priorizar estas acciones ahora que existen luces de avance para frenar esta dañina actividad, pues su erradicación es tarea de todos.
Lilian Loayza Ojeda es economista