El Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal de El Alto rechazó un recurso de libertad que planteó la expresidenta Jeanine Áñez, poco antes de cumplirse el cuarto mes de su detención preventiva, que es el plazo inicial que otorgó la justicia para la investigación a cargo de la Fiscalía. La defensa insistirá con otro pedido de libertad.

El juez Antonio Amaru dijo que la detención de los cuatro meses fue a través de la resolución 106/2021, pero señaló que una segunda resolución, la 168/2021, amplió el encarcelamiento a seis meses. Ese documento —según dijo— no fue presentado por los abogados de Áñez. Jorge Valda, el abogado que patrocina a la expresidenta, aclaró que esa documentación no fue remitida por la autoridad jurisdiccional y lamentó que este tema haya frenado el tratamiento de fondo de este recurso, puesto que la ampliación de la detención no tendría mayores fundamentos.

“Fue un fallo contradictorio, pues como fue una audiencia virtual no se pudo corroborar la existencia de la documentación. Nos extraña la presencia del Ministerio de Justicia que, en esta audiencia de acción de libertad no tenía nada que hacer. Este tipo de acciones nos demuestra que pudo haber algún tipo de intimidación o presión sobre las autoridades jurisdiccionales”, señaló el jurista en un contacto con EL DEBER.

Valda anticipó que en el curso de las próximas horas presentará un recurso de libertad para que sea otra autoridad jurisdiccional analice el fondo del recurso.

Poco antes de la audiencia y a través de su cuenta en Twitter, la expresidenta señaló que la justicia ordinaria no tiene la competencia para juzgarla, pero el juez optó por negar la tutela de la acción legal y mantener la medida cautelar de la detención preventiva.

Al momento, Áñez se encuentra cercada por seis procesos judiciales. La primera denuncia contra la expresidenta fue planteada por la exdiputada Lidia Patty (MAS), que a finales de 2020 se había querellado contra los jefes militares que acompañaron al gobierno transitorio. Esa acusación fue por sedición, terrorismo y conspiración y derivó en una acción directa de la Policía en Trinidad que terminó con la captura de la exmandataria, a medianoche del 12 de marzo. El 15 de marzo, Áñez fue ingresada en el penal de Obrajes, pero luego enviada la cárcel de Miraflores, en La Paz.

Frente a este escenario, el Ministerio de Gobierno, la Procuraduría y el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez (MAS), se han sumado a la acusación de un segundo caso que fue bautizado como “golpe de Estado”. Eso sí, con una querella que pidió investigar a Jeanine Áñez por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley que supuestamente cometió cuando asumió la presidencia del país, sin cumplir los procedimientos legales, según la acusación.

Luis Adolfo Guillén, otro de los abogados de la expresidenta, aseguró que en este tema “no se ha cumplido ninguna audiencia hasta el momento”, pues “la señora Jeanine Áñez guarda detención por sedición, terrorismo y conspiración”. “El Ministerio Público debe responder por la estrategia. En este caso, ‘golpe de Estado’, el Ministerio de Justicia no es parte. Sí es el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría”, puntualizó hace algunos días el ministro Iván Lima.

La Fiscalía admitió una denuncia del Servicio Plurinacional de Atención a las Víctimas (Septavi) contra Áñez. La entidad, que es parte del Ministerio de Justicia, pidió una investigación por “genocidio”, un delito penado con la pena máxima de 30 años de prisión, por las 37 personas que murieron tras la intervención militar y policial de noviembre de 2019 en las protestas de Sacaba y Senkata.

El Ministerio Público, a través de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, ya ha planteado la propuesta de acusación formal para que la Asamblea Legislativa autorice el inicio de tres juicios de responsabilidades contra Jeanine Áñez. El primer caso tiene que ver con la contratación de un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) por $us 327 millones sin el aval del Legislativo, un caso que es respaldado por el Ministerio de Economía que se encargó de devolver esos recursos al ente internacional. Por este caso fue detenido el exviceministro del Tesoro Carlos Schlink. A esto le sigue una denuncia por la adjudicación, supuestamente irregular de la administración del registro de empresas (Fundempresa)

Finalmente, se ha planteado una querella por el delito de discriminación promovido por un grupo de ciudadanos bolivianos que fueron impedidos de retornar al país durante la primera cuarentena rígida de 2020, cuando se cerraron fronteras por la pandemia.