Hay 45 casos de tortura y abuso a soldados y ninguna sentencia

Las denuncias más recurrentes de los conscriptos son por vulneraciones a la vida, integridad personal, dignidad, salud y garantías del debido proceso.

Hay 45 casos de tortura y abuso a soldados y ninguna sentencia
El marinero Apaza falleció tras un castigo en la Guarnición Militar de Pando. Foto: Erbol.

Fuente: paginasiete.bo



María Mena M.  / Cochabamba

El cumpleaños 25 de Silvia Apaza, el 3 julio, fue una pesadilla. No tenía nada que festejar. Ese día enterraban a su hermano menor Mauricio, de 22 años. El joven alteño  falleció después de recibir un castigo en la Capitanía Menor en Santa Rosa del Abuná, en Pando, donde prestaba su servicio militar.

El  del marinero  Apaza se suma a la lista de 45 casos de vulneraciones a los derechos de conscriptos, que incluyen denuncias de tortura,  trato cruel o denigrante  y de al menos dos  muertes de soldados en diferentes unidades militares del país. Fueron atendidos por la Defensoría del Pueblo desde enero de 2020 hasta el primer semestre de 2021. Los principales acusados, los instructores, no recibieron sentencia de la justicia ordinaria ni de la militar.

“Los casos que hasta el momento hemos atendido no han llegado a una sentencia. Algunas víctimas deciden no proseguir el trámite judicial ante la instancia competente. En otros casos más graves, como el atentado a la vida, las familias batallan mucho con las Fuerzas Armadas para la diligencia de pruebas, pero cuando las logran, el sistema judicial es muy lento”, explica la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, respecto a la situación   de los conscriptos que fueron víctimas de violencia mientras cumplían su servicio militar.

La degradación de las FFAA es la máxima sanción a militares agresores. Foto: Archivo / Página Siete

“Mi hermano fue asesinado”

El certificado de defunción del marinero Mauricio Apaza establece que  falleció el 30 de junio a causa de un shock hipovolémico hemorrágico, laceración de bazo y un trauma abdominal cerrado. Murió después de ser sometido a una serie de ejercicios como castigo luego de que intentara desertar de su guarnición militar.

La audiencia cautelar del principal acusado -el alférez Pedro P. R.- se realizó el 7 de julio en Cobija y el juez  dispuso su detención preventiva por dos meses en la cárcel de Villa Busch, por el delito de homicidio, mientras duren las investigaciones.

Silvia no olvida los detalles tras el deceso de su hermano, desde que recibió la primera llamada telefónica del alférez hasta el día de la audiencia cautelar.  Halló contradicciones e incongruencias que la hacen afirmar que Mauricio fue asesinado.

En entrevista con Página Siete, relata que a las 6:00 del 30 de junio recibió una llamada telefónica del alférez, quien  le informó que a las 4:00 de ese día Mauricio escapó de su guarnición militar.

A las 7:12 recibió otra llamada de la misma persona que le informaba  que Mauricio había sido encontrado. Cinco horas después, a las 11:45, le comunicaron que el conscripto, tras realizar ejercicios militares, tuvo un mareo y cayó, lo que le provocó una herida en el lado derecho de la frente.

“Debo informarte que tu hermano acaba de fallecer, me dijo el alférez”, recuerda Silvia.

Posteriormente, asegura la joven,  el oficial se comunicó con su padre y le indicó que su hijo “se escapó a las 3:00 y mientras realizaba ejercicios falleció por un paro cardíaco”. A las 12:30, el acusado también  informó a la madre de Mauricio que su hijo había muerto por un “derrame cerebral”.

“El alférez dio diferentes versiones y hubo muchos obstáculos por parte del Comando de las Fuerzas Armadas y la Policía Militar en La Paz ”, asegura Silvia.

Después de muchas gestiones, dos miembros de la familia Apaza  viajaron desde la ciudad de El Alto, donde radican,  a Cobija. En la morgue hallaron el cuerpo del marinero tendido en una camilla.

La madre se quedó junto al cuerpo de su hijo mientras Silvia participó en la reconstrucción de los hechos en Santa Rosa. “El lugar donde realizaba ejercicios es plano y los investigadores no encontraron ni una gota de sangre. En el centro de salud nos dijeron que mi hermano llegó sin signos vitales y con las heridas limpiadas, pero con el buzo mojado”.

La mañana del 2 de julio, el informe forense reveló que el joven marinero murió “por derrame interno, shock hipovolémico y laceración de bazo”.

El 3 de julio, luego de  que el cuerpo arribara  a La Paz, se realizó el entierro. “En mi cumpleaños enterramos a mi hermano”,  lamenta la joven.

“Mi familia pide justicia, que se haga una investigación transparente. Lo que pasó con mi hermano  fue  maltrato físico violento. Yo pensé que iba a llegar a casa con su cacha, pero nunca en un  ataúd. Eso fue un asesinato”, dice Silvia entre sollozos.

Mauricio era el segundo de cuatro hermanos. Era el único varón y “el más querido” por su carácter dinámico y espíritu luchador. Para después de  que saliera del cuartel tenía planeado ingresar a la universidad para estudiar derecho. Todos sus planes y sueños quedaron truncados esa madrugada del 30 de junio.

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo,  informó “que se instruyó una investigación rigurosa” del deceso del marinero en la Capitanía de Santa Rosa del Abuná a través de la Dirección de Derechos Humanos de esa cartera.

Novillo admitió que la formación militar es “rígida” pero que tiene límites. “La disciplina no puede ser motivo para vulnerar los derechos humanos”, subrayó.

Defensa investiga 21 denuncias de agresiones a conscriptos en cuarteles este año. Foto: La Voz de Tarija

45 denuncias en 18 meses

De acuerdo con el Sistema de Información al Pueblo (SIP), desde enero de 2020 hasta el primer semestre de 2021 la Defensoría del Pueblo intervino de oficio o a solicitud de las partes en 45 casos de conscriptos por vulneración de sus derechos humanos mientras cumplían su servicio militar.

Los derechos más vulnerados de los soldados, según el SIP, son: integridad personal, vida, dignidad, nivel de vida adecuado, salud, garantías del debido proceso,  y acceso a la justicia y otros.

“Los hechos denunciados recurrentemente son las sanciones que atentan contra la integridad y dignidad a través de conductas tendientes a humillar o dar trato degradante, infligir dolores o sufrimientos físicos graves (por coacción, discriminación o sanción) que en ocasiones derivaron en la muerte por el uso desproporcionado de la fuerza o tortura. También los tratos crueles e inhumanos son parte de las conductas identificadas en el personal militar  contra  los jóvenes que van a cumplir su deber con la patria presentando su servicio militar obligatorio”, dice el documento de la Defensoría del Pueblo.

Tortura en cuarteles

Cruz cuenta que en 2020, tras la cuarentena  por el coronavirus, se presentaron dos casos de tortura a  conscriptos en  cuarteles. En San Borja, municipio de Beni, algunos soldados fueron víctimas de “bolseo”. Introducían las cabezas en bolsas plásticas  con la finalidad de dificultarles la respiración, mientras tanto los instructores los golpeaban; también les ataban  manos y pies como parte de una serie de castigos por incumplir alguna norma o instrucción.

Este año, la Defensoría atendió otro caso en un recinto militar del municipio tarijeño de Yacuiba. “Eran denuncias sobre hechos de tortura que se hubiesen cometido por algunos instructores en contra de un soldado. Logramos que se abra el caso  y éste sigue en investigación”, destaca Cruz.

Mientras cumplía su servicio militar en la Séptima División en Cochabamba, en 1994, Orlando M. asegura que presenció una serie de torturas contra sus camaradas que intentaban desertar.

“A los que intentaban desertar  los agarraban y prácticamente los torturaban. Les ataban las manos y les hacían trotar desnudos, los vestían con ropa de mujer. Parecían prisioneros. Los ponían de rodillas con las manos amarradas y en las plantas de los pies los golpeaban con una vara. Era muy fuerte. Los instructores lo hacían como ejemplo para que nadie más intentara siquiera desertar”, cuenta.

Los militares agresores son expulsados
Degradación, la máxima sanción en justicia militar

La Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa recibió en el primer semestre de este año 21 denuncias de agresiones y otras vulneraciones a los derechos de los  conscriptos en sus unidades militares. Los acusados son procesados en la vía de la justicia militar y de ser hallados culpables, la máxima sanción es la degradación de la institución, informa Carola Zambrana, titular de esa dirección.

El cuerpo del marinero fue traído a La Paz para su entierro. Foto: Perla del Acre.

“En esta gestión hemos recibido 21 denuncias. De la Fuerza Aérea son siete, de la Armada cinco y del Ejército nueve. Todos estos casos están siendo investigados (…). Los instructores que hayan incurrido en la vulneración (a los derechos humanos) son sancionados a través de la LOFA que es la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas  (…). En el caso de que haya una muerte, el Tribunal emite una sentencia degradando al militar,  por lo que debe abandonar las FFAA. Este año no hubo sentencias”, informó Zambrana.

La directora explica que los principales denunciantes son los soldados, sus padres o la Defensoría del Pueblo. Cuando la Dirección de Derechos Humanos tiene conocimiento de la acusación,  solita el sumario informativo a las inspectorías de la fuerza que correspondan para que en el transcurso de cinco días emitan la información requerida.

Las faltas identificadas en los instructores, suboficiales u oficiales que afectan los derechos de  los conscriptos son: aplicar ejercicios físicos excesivos u otro “correctivo brusco” que en ocasiones  pueden “dañar su salud”.

Zambrana menciona dos casos registrados este año, que son  investigados en la vía ordinaria y militar, en los que  soldados perdieron la vida. El más reciente es del marinero Mauricio Apaza,  quien falleció tras ser  castigado con ejercicios físicos luego de que fue sorprendido intentado desertar de su guarnición militar en Pando.

El segundo caso se registró en abril en una unidad militar de Roboré. Un soldado de 17 años habría solicitado a su superior permiso para salir, pero le fue denegado debido a las restricciones que regían por la pandemia del coronavirus. Tras la negativa, el joven  se internó en unos sembradíos y se quitó la vida, según certifica el informe forense.

Fuente: paginasiete.bo