Implican a ministro Quelca y a fiscal Alave en cierre ilegal de caso afiches

Un informe reveló que una funcionaria de la Fiscalía dio directrices para que ambas autoridades instruyan el sobreseimiento de Agustín Tarifa. Existe la copia de un depósito de Bs 14.000.

Carlos Quisbert / La Paz

Un informe de Inteligencia revela que una funcionaria de la Fiscalía Departamental de La Paz dio directrices para que el ministro de Educación, Adrián Quelca, y el fiscal departamental, William Alave, coordinen para que se dicte sobreseimiento en favor del director general de institutos de esa cartera estatal, Agustín Tarifa, procesado por uso indebido de bienes y servicios del Estado.



“Hablé con mi ministro”, se lee en uno de los mensajes de texto que intercambiaron Tarifa y M. T, una familiar suya funcionaria de la Unidad de Resoluciones Jerárquicas de la Fiscalía. Según los datos a los que accedió Página Siete, el 22 de abril el director general de institutos escribió a M.T. señalando que habló con Quelca para cerrar el proceso penal en su contra. La mujer preguntó cuál fue la respuesta.

El ministro de Educación, Adrian Quelca, en una conferencia.
Foto:Carlos Sánchez / Página Siete

“(Quelca) por terceros va a interceder con el fiscal”, respondió Tarifa. La funcionaria le aclaró que la injerencia debía ser directa con el fiscal departamental de La Paz, no así con el que está a cargo de la investigación y escribió el nombre completo para evitar la confusión: “William Alave, para que se caiga el caso”.

A continuación, M. T. cuenta  que en conversación con otro funcionario del ministerio, de nombre “Ozman (Chávez)”, éste le señaló que “el jefe de jurídica” del ministerio, Samuel Coaquira Paredes, es quien pide “mover el caso”, porque de no hacerlo representaría un incumplimiento.

“Le dije (a Ozman) que no puede mover nada, así que necesito que el ministro directamente le ordene al de jurídica que tu caso no puede moverlo, eso ayudará mucho. Dile (al ministro) que jurídica quiere hundirte, porque fueron ellos los que pidieron modificación de tus medidas cautelares y en audiencia pidieron detención preventiva, enfatiza eso”, recomienda la funcionaria a su familiar.

A continuación, Tarifa envía un mensaje de voz: “Justo acabo de hablar con el director de jurídica (Coaquira), ayer hablé con el ministro y anoche se reunieron, me dicen que ‘no podemos retirar la denuncia porque puede generar responsabilidades y lo mejor es evitarlo’. Yo confío mucho en el director de jurídica, lo que vamos hacer, ya con una orden directa (del ministro) es que no movemos nada (…) ‘vamos a trabajar para que estés sobreseído y vamos a apelar (ante la Fiscalía) pero va a ser una apelación débil para que no haya problema’, y el ministro me ha dicho que ‘no voy a hablar yo con el fiscal (Alave) pero lo voy a hacer por medio de terceros’”, dijo el director general de institutos.

Página Siete buscó la contraparte desde el 17 de junio, tanto del ministro Quelca, Tarifa y los responsables jurídicos de esa cartera, pero desde la dirección de comunicación se desestimó las consultas y señalaron que no se daría respuesta alguna.

Este medio llamó a la autoridad, pero no atendió su celular y sólo en una conferencia respondió de forma escueta: “No es nuevo que se establezcan esos criterios. Está en proceso de investigación”, dijo Quelca.

Asimismo, se buscó la versión de M. T., quien luego de ver las imágenes y escuchar los audios que intercambiaron con Tarifa solo escribió un mensaje de texto: “pues desconozco por completo aquello”. También se llamó al fiscal Alave, pero no atendió las consultas y desde la Fiscalía General se pidió tiempo para analizar parte de los indicios publicados en esta nota.

Antecedentes

De acuerdo a registros de la Fiscalía, el 7 de enero de 2020 tres abogados del Ministerio de Educación presentaron una denuncia contra Tarifa y quienes resulten implicados por uso indebido de bienes y servicios del Estado. El caso fue admitido y asumió la investigación el fiscal Fernando Atanacio.

En la gestión del exministro de Educación Roberto Aguilar, Tarifa tenía el ítem como “profesional V, Gestión Docente y Desarrollo Curricular”.

La relación de hechos señala que el 21 de agosto de 2019, Tarifa firmó una orden de trabajo Nº 460 para solicitar a la Editorial del Estado la elaboración de 10.000 trípticos y volantes para la “12° versión: Encuentro Plurinacional de Investigación e Innovación de Institutos Técnicos, Tecnológicos”. Sin embargo, las pruebas señalan que lo que se imprimió fueron afiches con el texto: “Por un Proyecto de Desarrollo para Pando, Evo y pueblo, futuro seguro (…) Paola Terrazas senadora, Edgar Zeballos senador suplente (…)”. Existen recibos firmados por Tarifa.

El costo fue de 19.500 bolivianos, cantidad por la cual Tarifa solicitó el reembolso el 4 noviembre de 2019. El caso fue uno los varios contratos de impresiones que diferentes ministerios hicieron ese año para la campaña del MAS, hechos por los cuales se presentó una querella contra la exgerente de la Editorial del Estado Amanda Dávila.

Sobreseimiento

Tarifa fue desvinculado del cargo en la gestión del exministro Víctor Hugo Cárdenas, pero al ingreso de Quelca en el cargo fue reincorporado en un puesto superior. Al igual que el ministro, pertenece a una facción del Partido Comunista (PC).

En los intercambios de mensajes que tuvo con M.T. se revela que la Fiscalía y los representantes del Ministerio de Educación pretendían llamar a testigos y realizar pericias, todo esto hasta abril de este año, cuando el intercambio de mensajes se hace más fluido y se cita de forma recurrente los nombres de Ozman Chávez y el fiscal Vito Vargas. Se habla del pago de 2.000 dólares y la asignación de un ítem en el Ministerio de Educación para una persona no identificada.

Luego de una serie de exigencias y desacuerdos entre M.T. y Tarifa, el 27 de abril, finalmente éste le envía una foto de un depósito de 14.000 bolivianos a la cuenta Nº 17423231 del Banco Unión y se confirma la presentación de una resolución de sobreseimiento ante la jueza cuarta Anticorrupción, Melina Lima. Según el registro del Ministerio Público, el documento fue firmado por el fiscal Alexis Vilela.

Tanto Vilela como la jueza Lima fueron denunciados en anteriores oportunidades por supuestas extorsiones a litigantes. El exdirector de la Felcc Iván Rojas aseguró en noviembre de 2020 que se le pidió 15.000 dólares para el entonces fiscal departamental Marco Cossío,  Vilela y su colega Sergio Bustillos  para cerrar un proceso en su contra.

Sobre Lima, ese mismo mes familiares de Julio César Rivera, detenido por el supuesto desfalco del Banco Unión en Desaguadero, denunciaron, con dos audios de respaldo, ante el Ministerio de Justicia que el abogado Marwel Flores pidió 19.000 dólares para que el exfiscal Germán Rea y la jueza lo beneficien, primero con una detención domiciliaria y luego con el cierre del caso porque no existen pruebas en su contra, pero que al tratarse de “un caso político” no podían hacerlo de forma rápida.

Por último, en entrevista con Página Siete, Tarifa admitió el intercambio de mensajes con M. T. pero señaló que el caso es político y asumía sus “errores”. El informe también revela que intercambió mensajes con Quelca sobre la audiencia del 20 de abril.

Los afectados afirman que existe protección del ministro Adrián Quelca a un director

Fiscalía rechazó dos denuncias por  corrupción en Educación

Carlos Quisbert  / La Paz

Según los registros oficiales, la Fiscalía Departamental de La Paz rechazó en mayo dos denuncias de supuesta corrupción en el Ministerio de Educación en relación a la venta de exámenes y manipulación de la base de datos de la prueba de admisión para postulantes a las normales. Los demandantes hablan del encubrimiento de estos hechos desde la unidad de transparencia y la protección del ministro Adrián Quelca hacia el director general de normales, Yver Colque.

Postulantes a las normales que protestaron en marzo.
Foto:Qamasa

Por otro lado, se conocen de amparos constitucionales presentados por docentes aspirantes a direcciones de educación en diferentes regiones. Las denuncias, según los afectados, no son atendidas por el director de la unidad de transparencia, Luis Nina.

Los documentos confirman que ambas demandas fueron desestimadas por el fiscal Wilfredo Nina Arispe. Uno de los rechazos fue emitido el 4 de mayo, solo dos días después de haber sido presentada por tres postulantes a las normales. El segundo rechazo fue sobre hechos similares pero fue presentada por otro aspirante.

Vania Mercado, abogada de las víctimas, criticó la determinación, pues la denuncia tenía como respaldo más de 200 documentos y señalaba con precisión a los presuntos responsables. En la resolución 83/2021 el fiscal Nina manifestó que supuestamente los denunciantes no precisaron el lugar y fecha en el que se cometieron los delitos, ni se presentaron documentos que respalden sus acusaciones.

Consultada sobre si consideraba que existía injerencia política para cerrar el caso,  Mercado señaló que “por información preliminar que se tiene, la familiar de uno de los directores generales (Agustín Tarifa) trabaja directamente con el fiscal departamental William Alave, se cree que dicha funcionaria sería el nexo con el equipo jurídico del ministerio”, afirmó.

Exámenes  con tachaduras que fueron aprobados.
Foto:  Página Siete 

En mayo, los postulantes a las normales, en los nueve departamentos, se organizaron y  acumularon indicios para respaldar una denuncia contra el director general de formación de maestros, Iver Colque, quién -afirman- estaría protegido por la unidad de transparencia para evitar una investigación contra la empresa que realizó los exámenes:  Damanet.

Los afectados detallaron que en el test de admisión se plasmaron varias recomendaciones con el anuncio de que el documento sería anulado en caso de que no tenga firma del interesado o éste marque más de una respuesta a la misma pregunta, porque las hojas serían transcritas electrónicamente por un lector óptico dispuesto por la empresa Damanet. Exámenes con estos errores se constituyen serios indicios de la manipulación de notas, pues los denunciantes recolectaron varias hojas con esos errores y contrariamente a las advertencias de anulación, los postulantes fueron aprobados.
 Auditoría e institutos  

  • Transparencia  El jefe de la Unidad de Transparencia, Luis Nina, afirmó en abril que  estaba en marcha una auditoría al proceso de exámenes de postulantes a las normales en los nueve departamentos; sin embargo, a la fecha no se conoce de los resultados. La ejecución de dicha auditoría sería uno de los argumentos por los cuales la Fiscalía de La Paz rechazó abrir un proceso penal por las irregularidades.
  • Técnico superior  Luego de las denuncias por la supuesta venta de exámenes a postulantes a las normales, el 16 de junio Página Siete publicó un audio y un contrato sobre un presunto tráfico de influencias para la emisión de una certificación para un centro de capacitación de inglés. El negociado tenía el fin, según una fuente oficial, que esa entidad privada suba a nivel de técnico superior en ese idioma. El denunciado es Agustín Tarifa, director general de institutos del Ministerio de Educación.
  •  Quelca  Sobre el tema, este medio pidió la versión del ministro Adrián Quelca, pero se negó a dar declaraciones, como lo informó el responsable de comunicación del ministerio.
  • Contrato  La denuncia establece que el 20 de abril Karen M. firmó un contrato como consultora con el director del referido centro de capacitación en ingles, H.T.Y., en calidad de consultora, por un monto de 35.000 bolivianos. Pero esa contratación procedió condicionada por Tarifa, pese a que la norma no prevé que sea necesario un intermediario para este trámite. La consultora, quien es exfuncionaria del ministerio, no atendió las llamadas de este medio para dar su versión.