Aclaró que, si el justificativo del armamento era el resguardo de una delegación diplomática, se tenía que haber cumplido con lo determinado en la Convención de Viena en relación al resguardo de embajadas.
Fuente: ABI
El ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne, advirtió que la internación de armamento proveniente de cualquier país a Bolivia debe regularse de acuerdo con la Ley 400 de Control de Armas de Fuego, Munición, Explosivos y otros Materiales Relacionados.
“La internación de armas desde Argentina o cualquier otro país tiene que seguir un procedimiento y debe recibir autorizaciones que no correspondían solo al expresidente (Mauricio) Macri, sino a instancias que deben documentar la salida”, explicó la autoridad, citado en un boletín institucional.
El ingreso de gendarmes, cualquier fuerza militar e insumos o material que se ha traído al país tiene que tener autorización, independientemente de su posterior uso u objetivo, reiteró.
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Dijo que ese ingreso irregular “implica la comisión de delitos” que ya han sido denunciados en Argentina.
Remarcó que para el ingreso al país, bajo la Ley 400, “debe haber autorizaciones escritas y no puede haber una autorización telefónica, por ejemplo”.
Aclaró que, si el justificativo del armamento era el resguardo de una delegación diplomática, se tenía que haber cumplido con lo determinado en la Convención de Viena en relación al resguardo de embajadas.
“Todo lo que tenga que ver con la seguridad de instalaciones diplomáticas de los diferentes países, no se tramita de la manera en que ha sucedido con esa delegación en el país”, acotó.
Dijo que en este caso, se configura también una responsabilidad penal para quienes han omitido ejercer sus funciones o han autorizado este ingreso ilegal de armamento.
Estos antecedentes demuestran claramente de que Bolivia ha sufrido un golpe de Estado con intervención regional, señaló.
El ministro Lima advirtió que, para evitar la impunidad de los autores de la ruptura del orden constitucional que derivó en masacres y corrupción en el gobierno de facto, están en curso investigaciones de grupos de trabajo como el GIEI-Bolivia (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes).
La autoridad expresó la posibilidad de llevar el caso ante la Corte Penal Internacional o ante la Corte Internacional de Justicia.