Andrónico estima que una reforma a la Justicia en Bolivia demandará al menos cinco años

Una reforma en la administración de justicia tienen que estar involucrados no solamente líderes políticos, sino también las universidades y otras instituciones involucradas en el área.

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, en rueda de prensa. Foto: ERBOL

Fuente: erbol.com.bo

Una eventual reforma a la administración de la Justicia en el país demandará al menos cinco años, perfiló el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, con relación a una propuesta que hizo el líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, horas antes.



El exmandatario Mesa propuso un denominado Acuerdo de Paz y Reconciliación, mediante el cual en 90 días se proceda al cambio de autoridades del Ministerio Público y la reforma en la modalidad de selección de precandidatos a magistrados de cara a los próximos comicios judiciales 2023.

“Esto requiere mucho tiempo, 90 días es imposible. Esta justicia que heredamos se viene desde la creación de la república, necesitamos trabajar de manera muy seria, por lo menos en un plazo de cuatro a cinco años pero de manera muy responsable y seria trabajar”, afirmó Rodríguez respecto a la propuesta de Mesa.

Rodríguez destacó la iniciativa de Mesa por la pacificación y reconciliación del país aunque recordó que toda propuesta debe estar en el marco de la justicia social y no se puede dejar «desapercibido» todo lo que pasó en noviembre de 2019.

Una reforma en la administración de justicia tienen que estar involucrados no solamente líderes políticos, sino también las universidades y otras instituciones involucradas en el área.

En su informe final sobre crisis de 2019, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) consideró que es «fundamental» avanzar en las investigaciones y procesos que se siguen en el país por las violaciones a los derechos humanos como en las masacres de Senkata y Sacaba.

Advirtió además sobre «serias deficiencias» del Estado boliviano para garantizar la «independencia y autonomía» del Órgano Judicial y el Ministerio Público.