Arce apunta a Camacho, clave para enjuiciar a Áñez en la ALP

El MAS necesita los dos tercios de la Asamblea para abrir un juicio de responsabilidades contra la gestión de Áñez, cantidad que suma con la bancada de Creemos, con diferentes intereses políticos en el aire

Quién sabe si todo el pulso político “golpe – fraude” ha sido simplemente un preámbulo de este nuevo estadio que ha inaugurado el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, al pedir formalmente la apertura de un juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez y su Gobierno – inicialmente de transición –, luego de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) entregara este martes su informe sobre las vulneraciones de derechos humanos durante 2019.

El informe no revela apenas nada que no percibieran ya los bolivianos, salvo los oscuros pasajes de abusos sexuales. El texto identifica vulneraciones antes y después de la caída de Evo Morales, cuestiona la injerencia en los tribunales, la inacción policial, el abuso de poder y cataloga nítidamente como masacres los hechos de Senkata y Sacaba, además de recordar que nunca pretendía juzgar si hubo fraude o golpe (nunca fue esa su misión), e incidir en que hay víctimas de uno y otro lado y todas deben ser consideradas como tales, sin excepciones.

Las reacciones no tardaron en llegar, y con el ambiente tan polarizado, todos los actores trataron de buscar frases concretas que beneficiaran su punto de vista en el conflicto. La mayoría masista extrajo la catalogación de “masacres” a los hechos de Senkata y Sacaba, como preparando el terreno a Arce, mientras que los actores de oposición insistieron en que el informe habla de vulneraciones tanto en el Gobierno de Morales como en el de Áñez, y quien más, como Luis Fernando Camacho, pidió que ese documento sirva como punto final al conflicto sobre el que “iniciar la reconciliación”.

No parece que sea ese el camino elegido por Luis Arce, quien en su comparecencia insistió en que no se pueden dejar impunes los hechos de Senkata y Sacaba y que no pretende promover ninguna Ley del silencio o del punto final, como acostumbraron a cerrarse las dictaduras de los 70 – 80 en el continente. En cualquier caso, para abrir el juicio necesita dos tercios de las cámaras.

La pelota le cae indirectamente al propio Luis Fernando Camacho, cuya bancada de Creemos en la Asamblea es exigua – cuatro senadores y 11 diputados – pero suficiente para sumar los dos tercios pertinentes para abrir el evento en la Asamblea junto a la bancada del MAS – 21 senadores y 75 diputados – más cuando ya han empezado a aparecer algunos asambleístas díscolos de Comunidad Ciudadana – 11 senadores y 39 diputados -, como el tarijeño Edwin Rosas, que puede consolidar cualquier mayoría sin que su partido pueda evitarlo.

Más allá del “golpe” o del “fraude”

Inicialmente, los analistas no contemplan que Luis Fernando Camacho pueda llegar a apoyar la apertura del juicio de responsabilidades, pero tampoco lo descartan. El relato de si hubo “golpe” o “fraude” beneficia específicamente a Evo Morales y Carlos Mesa en su condición de víctima según la posición que se asuma, pero deja a los otros dos protagonistas sin legado. Ni Arce, que logró recuperar el poder en las ánforas; ni a Camacho, que logró derribar en las calles al régimen de Morales.

Jeanine Áñez guarda detención en precario estado de salud por supuestos hechos vinculados a la conspiración para el golpe de Estado, aunque la mayoría de los actores de aquellos días la identifican en todo caso como beneficiaria accidental y no parte del núcleo central que negoció la transición. El ministro de Justicia, Iván Lima, ya explicó en su momento que esa figura, previa a su investidura, les permitía eludir el encausamiento como Juicio de responsabilidades y por ende, acudir a la detención preventiva, una detención que por otro lado está erosionando políticamente al Gobierno.

Arce ha cerrado esa puerta del previo y ha pedido ingresar al meollo principal, que es la gestión que hizo Áñez y su Gobierno de los recursos del Estado además de las decisiones tomadas, pues nadie puede ocultar un decreto que se firmó y se publicó en el que se autorizaba el uso de fuego letal para aplacar protestas civiles eximiendo de responsabilidad a los militares, algo que no es viable por los tratados internacionales.

Camacho no ha sido todavía llamado por la Fiscalía para dar su testimonio de los hechos sucedidos entre la elección del 20 de octubre y la renuncia de Evo Morales, pese a que encabezó todas las movilizaciones e incluso reconoció en un video filtrado que “su papá cerró con los militares”. Sin embargo, en varias ocasiones ha señalado que declararía y que es el principal interesado en que se llegue a la verdad de los hechos. El juicio de responsabilidades puede ser un buen momento para ello.

¿Qué implica un juicio de responsabilidades en la ALP?

Resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes, genocidio y otros, son los delitos por los que la Asamblea Legislativa Plurinacional podría enjuiciar a la expresidenta Jeanine Áñez Chávez y a sus principales ministros de prosperar la petición del presidente Luis Arce Catacora para abrir el proceso de Juicio de Responsabilidades que contempla la Constitución ¿En qué consiste el juicio de responsabilidades? Así lo explica Bolivia Verifica en su célebre sección “El explicador”:

Juicio de responsabilidades, proceso exclusivo contra altos ejecutivos del Estado

Según el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, un juicio de responsabilidades es un proceso jurisdiccional mediante el cual se sanciona a los altos servidores públicos, tanto de una elección popular, como por designación directa e indirecta, por violaciones graves a la Constitución y leyes secundarias.

En Bolivia, el juicio de responsabilidades está normado por la Ley 044 que está vigente desde el año 2010.

“Ley para el juzgamiento de la presidenta o presidente, de altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y Ministerio Público”, es el nombre de la normativa.

Esta ley regula los juicios por delitos cometidos en el “ejercicio de sus funciones” contra las autoridades ejecutivas mencionadas.

Los delitos por los que un mandatario o una autoridad ejecutiva del Estado pueden ser enjuiciados según esta ley son: Traición a la Patria y sometimiento total o parcial de la nación al dominio extranjero, violación de los derechos y de las garantías individuales consagradas en el Título II y Título IV de la Constitución Política del Estado, uso indebido de influencias; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; resoluciones contrarias a la Constitución; anticipación o prolongación de funciones; concusión; exacciones;  genocidio; soborno y cohecho.

Etapas para presentar un juicio de responsabilidades

Cualquier persona puede presentar una “proposición acusatoria” en la Fiscalía General del Estado, según el artículo 13 de la Ley 044.

Con la proposición acusatoria, en un plazo de 30 días hábiles, la Fiscalía debe formular el requerimiento de acusación o el rechazo.

Desde el inicio del proceso debe existir, según la normativa, un control jurisdiccional de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.

En caso de existir materia “justiciable”, la Fiscalía General del Estado requerirá ante el Tribunal Supremo de Justicia el enjuiciamiento.

El ente judicial deberá remitir el proceso a la Asamblea Legislativa Plurinacional, de forma que dé o no su autorización.

La Comisión Mixta de Justicia Plural es la que recibe el requerimiento y la encargada de hacer conocer al pleno.

Para dar aval al proceso, la Asamblea requiere la aprobación de los 2/3 de los miembros presentes. De tener el apoyo esperado, el Legislativo permitirá el juzgamiento, remitiendo todo el material colectado en su investigación al tribunal Supremo de Justicia.

Si en una primera elección no se cuenta con el número suficiente de votos para llegar a los 2/3, se va a una segunda votación “dentro del mismo periodo legislativo”, indica la normativa.

En caso de no llegar en la segunda votación a superar los 2/3, “se rechaza la autorización de juzgamiento y se procederá al archivo de obrados”, es decir, no se realizará el juicio.

De tener la aprobación de la Asamblea, la Fiscalía General del Estado inicia la etapa preparatoria para el juicio.

Otros delitos

En el caso que estas autoridades sean denunciadas por delitos comunes no vinculados al ejercicio de sus funciones, serán juzgadas por la jurisdicción que corresponda, no así en un juicio de responsabilidades.