El video de la sesión del organismo muestra que de los 16 representantes que intervinieron, 13 no se refirieron a la postura del gobierno boliviano.
Fuente: paginasiete.bo
El embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor Arce, manifestó que la postura del Gobierno Bolivia tuvo el respaldo de una gran cantidad de países del organismo. Sin embargo en una entrevista solo menciona el respaldo de tres naciones y según la autoridad el secretario general, Luis Almagro, recibió el apoyo de dos representantes.
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“Esta noticia no corresponde a la verdad, ya que, cómo se puede ver en la sesión del Consejo Permanente de la OEA del día de hoy; el planteamiento boliviano recibió un amplio apoyo de varios países (sic)”, escribió Arce en su cuenta de Twitter, en referencia a una nota publicada por Página Siete que recogió sus declaraciones a la red Gigavisión.
Tras la sesión del Consejo Permanente de la OEA, la autoridad concedió una entrevista a Gigavisión. En respuesta a la primera pregunta detalló el apoyo de solamente Nicaragua, Argentina y México.
Pregunta: “¿qué sabor nos deja la audiencia en la que Bolivia hizo más que evidente su malestar por el informe presentado por la OEA el pasado 9 de agosto?”
Respuesta de Arce: “Hace minutos ha concluido, yo creo, una histórica reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, en la que se ha posesionado por tercera vez y esta vez con la participación de dos ministros de Estado, el ministro de Justicia, Iván Lima, y el canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, se ha dejado en claro la posición boliviana, de rechazo absoluto a un acto injerencista, que se ha traducido en un informe traducido por la Secretaría de Fortalecimiento a la Democracia de la Secretaría General de la OEA, el día 9 agosto”.
“Este planteamiento, muy sólido, muy coherente, de parte de Estado boliviano, a través de mi persona y dos ministros, ha recibido un fuerte apoyo de naciones, como Argentina, México y Nicaragua, voces muy contundentes y muy claras que han ratificado el tremendo daño que le ha causado el señor Luis Almagro a la democracia boliviana, al haber liderado un golpe de Estado, la desinstitucionalización del país, y las gravísimas violaciones a los derechos humanos que GIEI ha encontrado, recientemente”.
“Lo que profundamente llama la atención es que el señor Almagro ha quedado en una absoluta soledad, nadie lo ha defendido, con excepción de Uruguay y Estados Unidos. Los otros países han hablado sobre la importancia de las misiones electorales. Pero ninguno ha asumido una posición de defensa de un Secretario General, que por sus actos de inconducta, por pretender tomar como rehén a la Organización de Estados Americanos, por querer sojuzgar a estos países, en vez de ponerse al servicio, como establece las constitutivas de la OEA de 1948”.
“Cada vez está más solo, cada vez está, digamos, más deslegitimado para cumplir esa función y obviamente Bolivia ha tenido la oportunidad inédita de dejar en claro una serie de argumentos técnicos y jurídicos, que nosotros vamos a llevar a instancias internacionales”.
En la sesión de la pasada jornada, de los 35 países miembros de la OEA, intervinieron representantes de 16 países. Entre los cuales estaban de las siguientes naciones: Nicaragua, México, Argentina, Ecuador, Brasil, Ecuador, Paraguay, Colombia, Venezuela, Guatemala, República Dominicana, Honduras, Canadá, Estados Unidos, Haití y Uruguay.
Arce y el ministro de Justicia, Iván Lima, y el canciller Rogelio Mayta iniciaron la sesión. En sus discursos volvieron a cuestionar a Almagro, la auditoría del organismo que estableció “manipulación dolosa” en las elecciones del 2019, la labor que desempeñó la misión de observación electoral, entre otros puntos.
Como muestra el video de la interpelación, la postura del Gobierno boliviano solo tuvo el respaldo de los gobiernos de Argentina, México y Nicaragua, que son sus aliados. Los representantes de los otros 13 Estados no se refirieron al tema, respaldaron que se debe respetar la institucionalización de la OEA y enarbolar el papel que realiza el organismo en procesos electorales.